El Órgano de Fiscalización (Orfis) de Veracruz detectó un presunto daño patrimonial por 4 mil 500 millones de pesos en el último año de gobierno del panista Miguel Ángel Yunes Linares.
En su explicación a diputados locales, expuso que en el último año de gobierno de Yunes también hubo inconsistencias en volúmenes pagados en exceso, expedientes de obras no completos, expedientes sin su proyecto original y obras asignadas sin cumplir con lo que marca la ley.
Tras advertir que tiene más de mil observaciones, tanto administrativas como de presunto daño patrimonial, abundó: ’Hay observaciones que van entrar en la etapa de investigación, hay fideicomisos, municipios, organismos autónomos, auditorías de desempeño o legalidad’.
De acuerdo con Portilla, se detectó un presunto daño patrimonial por 330 millones de pesos en 125 ayuntamientos, así como en 46 entes estatales.
El funcionario estatal detalló que se realizaron revisiones a las cuentas públicas de 328 entes fiscalizables, públicos y autónomos, así como a municipios y organismos paramunicipales, y al sistema estatal anticorrupción.
La SSP en el gobierno del panista Miguel Ángel Yunes gastó mil 116 millones de pesos para la compra, instalación y operación de seis mil cámaras de seguridad en seis regiones del estado. Sin embargo, una auditoría técnica y financiera realizada al cien por ciento por el Órgano de Fiscalización de Veracruz reveló que las cámaras no cumplen con los estándares de calidad exigidos, por lo que el bienio de Yunes incurrió en daño patrimonial por más de mil 100 millones de pesos.
El auditor general mencionó que el 7 de diciembre de 2017 la SSP firmó un contrato con la empresa Comtelsat S.A. de C.V., para realizar en dos etapas la instalación de seis mil cámaras de videovigilancia en las regiones de Pánuco, Poza Rica, Xalapa, Córdoba, Orizaba y Veracruz. La instalación de las mismas se haría durante 2017 y 2018.
En un trabajo de campo de seis meses, los auditores del Orfis concluyeron que ni una sola cámara cumple con los requerimientos establecidos en el contrato que el gobierno de Yunes y Comtelsat rubricaron.
’Fue un trabajo de seis meses. Se concluyó que el Sistema Estatal de Videovigilancia no cumple con los objetivos para los que fue creado, ni con lo señalado en el anexo técnico del contrato, pues las irregularidades son que las cámaras no realizan lecturas de placas de vehículos, las cámaras no operan con los estándares de video que venían estipulados en el contrato, se pixelean las imagines (sic), los radio enlaces no están enlazados, entre otras especificaciones’.
En lo que respecta al Informe de Resultados de la Cuenta Pública de 2018, Lorenzo Portilla dio a conocer que se realizó un informe complementario de ingresos en la Secretaría de Educación de Veracruz sobre la deuda pública y sobre la situación que guardan los Institutos Municipales de las Mujeres.
