De acuerdo con el mecanismo de seguimiento a planes, programas y presupuestos durante este periodo de contingencia sanitaria, Transparencia Mexicana reveló que el Poder Judicial de Hidalgo destaca como uno de las cinco peores del país, por el nulo acceso a la justicia que tiene la población durante la pandemia ocasionada por COVID.
El organismo que cuenta con el aval de Transparencia Internacional hizo una evaluación a través de 6 métricas que permitieron conocer el acceso a la justicia durante el periodo en que se han tomado medidas para evitar la propagación acelerada de la enfermedad: de todas ellas, el Poder Judicial de Hidalgo así como de otras 4 entidades del país no cumplieron con alguna.
Además de Hidalgo, las instituciones que no estaban preparadas para llevar proceso alguno de forma digital y que, aún con la pandemia no tuvieron la capacidad de diseñar un esquema que garantizara el derecho fundamental a los ciudadanos fueron: Hidalgo, Campeche, Chiapas, Morelos y Tlaxcala.
Los magistrados que no saben interpretar las leyes
Apenas el día de ayer los magistrados del pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Hidalgo aplazaron hasta el 30 de junio el regreso a sus actividades.
El decreto DOF 31/03/2020 por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 en su Artículo 1ro, Fracción II, inciso b, señala como actividades fundamentales: “Las involucradas en la seguridad pública y la protección ciudadana; en la defensa de la integridad y la soberanía nacionales; la procuración e impartición de justicia; así como la actividad legislativa en los niveles federal y estatal…”.
De tal suerte que los magistrados del Tribunal Superior de Justicia se tomaron vacaciones pagadas, de al menos 3 meses, pese a que su actividad era fundamental; ni siquiera se preocuparon para adecuar sus funciones para ser realizadas de manera remota.
Blanca Sánchez, el perfil “bajo” que terminó en el ojo del huracán
Desde que se dio su designación al frente del Tribunal Superior de Justicia (TSJEH), Blanca Sánchez Martínez fue cuestionada en los círculos políticos dados lo pocos cargos a nivel directivo que había tenido y su formación académica apenas suficiente para desempeñar sus funciones, complementada por algunos cursos y diplomados de los que los funcionarios están obligados a tomar.
Le tomó al menos 20 años pasar de ser actuaria a secretaria y posteriormente juez, en un ascenso discreto. Hace 15 años fue nombrada magistrada, con no otra labor destacable que acumular años en el Poder Judicial.
Más allá de indicadores como el de Injusticia Abierta, el Ranking que ubica al Poder Judicial de Hidalgo como sumamente opaco al alcanzar apenas 30 puntos sobre 100 evaluables, su legado se reduce a autorizar un convivio al interior del Centro de Justicia para Mujeres para festejar el cumpleaños de su amiga y titular Margarita Cabrera, contagiándose 5 personas de COVID para luego darse la muerte de una de sus funcionarias más cercanas a causa de este virus.
Incluso su propia hija Paola Sánchez, pese al perfil gris de su progenitora y que es una funcionaria que habría culminado sus funciones sin mayor trascendencia fue denunciada por agredir a golpes en plena vía pública y amenazar con meter a la cárcel a una fémina porque “su mamá es muy poderosa”.
La funcionaria también se dijo satisfecha y orgullosa en que más del 90 por ciento de las quejas y procedimientos contra jueces, secretarios y actuarios, no se reciben sanción ante las quejas, esto debido a que son decisiones judiciales, las cuales no proceden para atribuir responsabilidades; es decir, que le da orgullo la impunidad. También pese a las denuncias, ha negado que los magistrados del Poder Judicial tuvieran algún proceso en contra, ni siquiera quejas, según ella.
