El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Jorge Arganis, informó que la toma de casetas no solamente las ocupan como acto de protesta, también por organizaciones delincuenciales quienes se benefician para obtener recursos.
’En realidad, la toma de casetas se nos presentó que ya no solamente es un acto de protesta social, como se presenta en Chilpancingo, sino que ya son organizaciones de delincuentes que se aprovechan de eso para tener recursos. Por lo tanto se está aplicando, con la Guardia Nacional y la Fiscalía (Genera de la República), sanciones’, dijo.
Durante su comparecencia ante la comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Senadores, que preside Lucía Meza Guzmán (Morena), para analizar el tercer informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el funcionario comentó que en 2020 las pérdidas por la comisión del delito referido fueron millonarias, ascendiendo a 4 mil 121 millones de pesos.
El Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), que opera Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe), perdió 1,526 millones de pesos; la concesionaria Ideal, 2,371; la concesionaria RCO, 62.6; la Red Propia de Capufe, 154.98 millones de pesos y el paquete Michoacán, en el municipio Aguililla, 5.9 millones de pesos.
El funcionario afirmó que en estados como Sinaloa la delincuencia se ha apoderado de las casetas.
A finales del año pasado medios de comunicación dieron a conocer que en el municipio de Panindícuaro, civiles tomaron la caseta de cobro local, exigiendo 100 pesos para dejar pasar a los conductores. A ellos se les identifica como miembros del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, quienes desde octubre se han apoderado de esa caseta, junto con estudiantes normalistas.
El gobierno federal combate el delito relacionado con la toma de plazas de peaje, aseguró Arganis Díaz Leal, con base en la ley vigente, recién reformada.
La Ley de Vías Generales de Comunicación, promulgada el pasado 19 de febrero, explicó, establece en el artículo 533 que quien dañe, perjudique, o destruya las vías generales de comunicación en los medios de transporte e interrumpa la construcción de dichas vías total o parcialmente e interrumpa o deteriore los servicios que operen las vías generales de comunicación de los medios de transporte, será sancionado con una pena de 2 a 9 años de cárcel y una multa equivalente a 200,000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
Con respecto al telepeaje, informó: ’se sacó a la empresa concesionaria, que trabajaba y que estaba contratada desde el gobierno anterior’ porque ’lamentablemente, no estaba dando un servicio adecuado y también había corrupción. No nos estaban entregando las bases. Y se trajo, con la capacidad propia de las condiciones de Capufe, para que el telepeaje ya fuera realizado por el propio organismo.Yared De La Rosa | FORBES
