Tuzobús, el fraude millonario orquestado por la maquinaria gubernamental


Usuarios, transportistas y el mismo gobierno resultaron estafados por un Sistema de Transporte que enriqueció a unos pocos a costa de perjudicar a las mayorías; todo ello orquestado por el exgobernador Francisco Olvera Ruíz y sus allegados

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Julio 24, 2019 05:06 hrs.
Transporte Nacional › México Hidalgo
Emmanuel Ameth › Emmanuel Ameth Noticias

A 4 años de distancia de la inauguración del Sistema de Transporte Masivo tipo BRT denominado Tuzobús, el fracaso del modelo no sólo ha perjudicado a los usuarios, sino que los mismos transportistas y ahora el Gobierno del Estado padecen los estragos de haber sido defraudados por sus promotores que dieron cifras alegres pese a su inviabilidad.

Incluso, la misma Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) lo usa de ejemplo sobre lo que no se debe hacer.

Si bien los concesionarios llevaban cerca de dos años advirtiendo que financieramente no era viable, es hasta este momento que se alcanza a apreciar que su principal activo, los vehículos que se ocupan para el traslado de pasajeros, ya han rebasado su vida útil en poco tiempo, condición por la que se contabilizan a precio de remate mientras que el crédito para liquidar las unidades apenas ha saldado poco más de la mitad de capital que adeudan, además de multas millonarias.

Foto: Subrayado

Fallas de origen

El Tuzobús estuvo mal desde un principio. Corporación Rehovot, Logit Brasil, ITS Technology y demás empresas consultoras dieron luz verde bajo cifras alegres que, cuatro años después de haber iniciado el proyecto, se sabe que fueron exageradas y por tanto, representaron un daño patrimonial a las arcas públicas.

Las cifras fueron escandalosas: mientras otros estudios en el país, completos y elaborados por profesionales rondaron los 6.5 millones de pesos, en el caso el Tuzobús solamente los estudios de Impacto Ambiental sumaron más de 136 millones de pesos.

También pagaron a otras organizaciones para dar difusión al BRT y así justificar los desvíos que más tarde se darían a conocer.

Para su construcción, los principales beneficiarios fueron las empresas allegadas al exgobernador Francisco Olvera Ruíz, hoy delegado del PRI en la Ciudad de México y cuyo operador financiero en campañas y principal beneficiario de la obra pública fue el Grupo Del Blanco, ocupando a Operadora Mersi en el caso del Tuzobús, a quien le entregó en contratos más de 100 millones de pesos entre muchas otras obras.

Pero la mano de Francisco Olvera en su proyecto insignia estaría lejos de quitarse.

Para la operadora del Sistema se ocupó a un grupo de 501 concesionarios de transporte quienes formaron la empresa Corredor Felipe Ángeles. Sin embargo, Olvera se habría asociado con dichos zares del transporte para tener dividendos luego de dejar la gubernatura, pues de las 200 concesiones que loa transportistas han dicho se concentran en sólo dos familias, la mitad de ellas habrían sido entregadas durante su mandato.

Encima de que los números nunca acabaron por cuadrar para obtener beneficios, el Consejo Administración de la empresa fue señalada de hacer mal manejo de las finanzas, al grado que en abril pasado la concesión les fue retirada por no tener capital para dar el servicio mínimo requerido por Gobierno del Estado.

Cuando intervino la Secretaría de Movilidad y Transporte sin embargo, apenas se sabrían las verdaderas condiciones en las que milagrosamente operaba.

El Tuzobús estaba quebrado desde hace por lo menos un año

Como “apoyo” para su funcionamiento, el Gobierno de Hidalgo subsidiaba a la empresa más de 26 millones de pesos anuales, un monto millonario que era insuficiente para cubrir sus carencias de origen, pues se estimó un mínimo de 150 mil pasajeros diarios.

En 2015 la cifra de pasajeros promedió los 75 mil misma que para 2016 apenas ascendió a 78 mil, cuando era en dicho ejercicio cuando efectivamente se regularizaría.

En 2017 la cifra apenas subió a 83 mil y para 2018 la misma bajó a 80 mil, misma que se mantendría para el presente 2019, contemplando únicamente los pasajeros que pagan su cuota (el total es apenas 3% superior).

La demanda del servicio es de apenas el 53% de la estimada, lo que echó por la borda todas las corridas financieras que justificaron su inversión, sin mencionar que los usuarios incrementaron en promedio un 70% su tiempo de traslado.

El “error de cálculo provocó que los accionistas de la empresa apenas percibieran ingresos y que no se les diera mantenimiento adecuado a las unidades, precisando además, que también se contó con unidades insuficientes.

Así, de tener ingresos mensuales entre los 18 y los 20 mil pesos como transportistas -sin trabajar sus unidades-, los “accionistas” apenas disfrutaron de 5 mil pesos y no todos los meses.

Las acciones que no valen nada

Incluso si el Tuzobús continuara en manos de la empresa que la operaba de principio, esta se encontraba técnicamente en quiebra desde su inicio gracias a la rapacidad de sus promotores, quienes en su ignorancia o perversión, dependiendo de si sabían que cometían un fraude, impulsaron y defendieron el proyecto.

Las 134 unidades con las que cuentan, mismas que compraron en 221 millones 749 mil 819.64 pesos, tienen un valor actual de 44 millones 349 mil 964.08 pesos, esto es, sólo el 20% de su valor factura: se encuentran contabilizadas como bienes de remate.

A lo anterior hay que agregar que son por lo menos 20 unidades con averías graves de motor, 6 más que requieren reparaciones mayores y tres con reparaciones menores. Atendiendo que las reparaciones de motor superan el valor actual de las unidades, en realidad sus activos en equipo de transporte suman apenas 36.8 millones de pesos.

Lo anterior, junto con el subsidio mensual de 2.2 millones de pesos (de donde sale el pago a su participación de forma mensual) es insuficiente sólo para pagar los 90 millones que aún deben por el crédito de haber adquirido las unidades, los 16 millones comprometidos para las unidades que atenderían la nueva estación así como los 290 millones de pesos que deben en multas.

Así, cada uno de los accionistas “debe” 717 mil pesos a cambio de haber recibido 206 mil pesos, diferidos en 4 años y donde cada día se acumulaban más obligaciones.

Ciertamente eran pocos los “accionistas” que anteriormente trabajaban su propio transporte -las concesiones no se dan a quienes las trabajan sino a los cercanos a los políticos- pero de esa minoría se quedó sin sustento para ellos y sus familias.

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