Muy rápido terminó el sueño para los diputados chapulines Susana Ángeles, Armando Quintanar y Jorge Mayorga, toda vez que renunciaron a los cargos y a la responsabilidad que les fue conferida por los votantes para aspirar a ser alcaldes; el destino sin embargo, les puso una muralla infranqueable: serán removidos e inhabilitados para desempeñar cualquier cargo en el ejercicio público derivado del juicio político que enfrentarán.
La Comisión Instructora de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Hidalgo, que preside Doralicia Martínez Bautista, acordó informar sobre la solicitud de juicio político en contra de las y los diputados integrantes de la Primera Comisión Permanente de Transparencia y Anticorrupción del Poder Legislativo estatal.
Lo anterior derivado de la denuncia presentada por Hugo Armando Vázquez Reséndiz, a consecuencia de la destitución de las y los comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Hidalgo (ITAIH), esto último conforme al acuerdo emitido por el Pleno de la legislatura estatal en cumplimiento a la orden del Juez Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo.
Además de los tres diputados chapulines, el juicio también removería a María Luisa Pérez, actual presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso además de Jajaira Aceves, integrante de la misma.
De conformidad con el artículo 8 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Hidalgo, las sanciones que pudieran imponerse son la destitución del cargo e inhabilitación de cualquier naturaleza en el servicio público de 1 a 20 años.
La causa central de la denuncia estriba en que los ahora denunciados violaron la Constitución Federal y Local, así como la Ley de Amparo al someter a consideración del Pleno del Congreso el dictamen para designar a los propietarios y suplentes que habrían de integrar el organismo autónomo garante de la información; ello en contravención a la suspensión concedida dentro del Juicio de Amparo 1439/2019, lo que derivó en que a un mes y medio de haber sido designados fueran removidos de manera inmediata, quedando acéfalo el ITAIH.
Por ello, el denunciante argumenta que ante la designación ilegal se afectó no sólo al Poder Legislativo, que se vio obligado a reponer un procedimiento, sino que a la fecha el Instituto de Transparencia no cuenta con las consejeras y consejeros propietarios y suplentes lesionando el normal desarrollo de dicho organismo público sino también los derechos humanos de todo aquel ciudadano que pretenda ejercer su derecho a la información ante tal institución.