La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) aprobó, con tres votos a favor y dos en contra, que el INE continúe con la elección del Poder Judicial. Mientras que en la misma semana el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) puso fin al paro de labores de jueces y magistrados, aplicando descuentos salariales por inasistencia al trabajo.
Los magistrados Janine Otálora y Reyes Rodríguez votaron en contra. Los magistrados Felipe de la Mata, Mónica Soto y Felipe Fuentes aclararon que su decisión no afecta las suspensiones de jueces que buscan frenar el proceso, sino que únicamente garantiza al INE la viabilidad constitucional de continuar con las elecciones, programadas para junio de 2025.
Otálora y Rodríguez argumentaron que la Suprema Corte de Justicia debería pronunciarse sobre las suspensiones, al considerar que no es competencia del Tribunal Electoral.
’Este asunto debe aplazarse en tanto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva diversos asuntos de su competencia vinculados justamente con el tema de la reforma judicial y toda la serie de suspensiones que han sido ordenadas por diversos Juzgados de Distrito’, consideró Otálora.
El Magistrado Felipe Fuentes, quien votó a favor del proyecto, rechazó invasión de atribuciones a juzgadores o tribunales colegiados o de distrito.
’No está en entredicho ni se estudia la validez de las resoluciones de jueces de distrito o tribunales de circuito, sino el deber constitucional de la autoridad electoral’.
En esto coincidió la Magistrada presidenta Mónica Soto, quien argumentó que la resolución de la Sala Superior sólo se limita a resolver una incertidumbre del INE ante dos órdenes contrarias.
’Existe un pronunciamiento del Tribunal Electoral respecto de la validez de las suspensiones, de jueces de distrito por lo que no hay un conflicto competencial. No está en entredicho ni se estudia la validez de las resoluciones de jueces de distrito o tribunales de circuito, sino el deber constitucional de la autoridad electoral’, justificó.
El Magistrado Felipe de la Mata Pizaña planteó que es constitucionalmente inviable suspender la realización de los procedimientos electorales a cargo del INE.
El proyecto surge como respuesta a las 140 órdenes de jueces que recibió el INE para detener los comicios. Ante este contexto, el árbitro electoral planteó una consulta al TEPJF para determinar si debía o no detener la organización, preparación y desarrollo de la elección judicial.
El Magistrado De la Mata Pizaña argumentó también que la elección de ministros, magistrados y jueces es un mandato expreso en la Constitución, tras la reforma judicial, por lo que el INE se encuentra impedido para detener la elección.
Con esta decisión, los consejeros del INE pueden retomar todas las acciones sobre la organización de la elección de jueces, magistrados y ministros, ya que la Corte decidió que las suspensiones de amparo no aplican en materia electoral.
Por su parte, el INE señaló que acatará lo resuelto por el Tribunal Electoral. ’El INE reitera su respeto al marco constitucional y legal vigente, así como su compromiso con la organización de elecciones libres, auténticas y transparentes, por lo que seguirá trabajando —como lo ha hecho en las últimas décadas— para garantizar el ejercicio del voto a toda la ciudadanía mexicana’, señaló en un comunicado.
Además, el órgano electoral afirmó que la resolución trae claridad y certeza para que pueda cumplir su función estatal de organizar elecciones y garantizar los derechos políticos electorales de las y los mexicanos.
’Asimismo, la resolución señala que no es materia de pronunciamiento ni de litis la validez, legalidad o eficacia de las actuaciones o resoluciones de suspensión emitidas por diversos jueces de amparo, por lo que esas determinaciones quedan intocadas en la sentencia’, añadió.
Por otra parte el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) acordó finalizar el paro de labores a jueces de Distrito y tribunales de Circuito, así como imponer descuentos salariales para aquellas personas que no se presenten a trabajar a partir de mañana, 24 de octubre.
El acuerdo fue dictaminado este miércoles con cuatro votos a favor y tres en contra. Las y los consejeros que se posicionaron por la afirmativa de reanudar las labores de los trabajadores del Poder Judicial fueron Bernardo Bátiz Vázquez, Eva Verónica de Gýves Zárate, Celia Maya García y Sergio Javier Molina.
Por su parte, Norma Piña Hernández, Ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, la Consejera Lilia Mónica López Benítez y el Consejero José Alfonso Montalvo Martínez votaron en contra del acuerdo.
’Los tribunales están obligados a dar cumplimiento a las disposiciones en materia administrativa, entre otras, el control de asistencia a fin de garantizar el óptimo funcionamiento de impartición de justicia, por lo que las áreas administrativas deberán aplicar la normativa vigente al personal que no asista a laborar, esto a partir del día 24 de octubre’, señala la Circular 23/2024 del Consejo de la Judicatura.
En ese mismo sentido, se ha instruido al Coordinador de Seguridad para que apoye a jueces y magistrados que les soliciten el acceso a los inmuebles.
Por otro lado, el Consejero Molina Martínez emitió un voto concurrente, es decir que se vota a favor del sentido de la sentencia pero se difiere de la argumentación que sustentó la misma, hasta que se tenga información sobre la situación en la que se encuentran los inmuebles del Poder Judicial, esto con el fin de ’procurar el interés social y la adecuada impartición de justicia’.
De acuerdo con la Ministra Lenia Batres Guadarrama, el paro-todo-pagado de los juzgadorx suma ya 64 días y ha ocasionado, hasta este miércoles 23 de octubre, un daño económico de 12 mil 084 millones 122 mil 496 pesos al erario.
Esta cifra deriva del presupuesto de tribunales de circuito y juzgados de distrito que, sin trabajar y dar el servicio a la ciudadanía que la Ley les mandata, han seguido cobrando sus sueldos sin presentarse a laborar.
Lenia Batres indicó en entrevista con SinEmbargo que a pesar de que desde un inicio se estableció que solo se atenderían los asuntos urgentes durante el paro, la realidad es que los juzgados de distrito y los colegiados de circuito han seguido funcionando para otorgar suspensiones en materia de reforma judicial.
’No sabemos cuáles son los casos urgentes de los que ellos hablan porque hay una calificación muy arbitraria de eso. En realidad, los casos urgentes de acuerdos con la ley de amparo son los contenidos en el artículo 22 de nuestra constitución, sin embargo, el los juzgados de distrito, los colegiados de circuito han estado funcionando para otorgar suspensiones en materia de reforma judicial, no tienen nada que ver con estos temas’.
Y ahondó: ’Lo que sí vemos que están atendiendo son unos que no dice la ley de amparo que sean urgentes, que no son urgentes para afecto de daño a la sociedad, pero a algunas personas del Poder Judicial son los que le preocupan, entonces hay una enrome discrecionalidad, incluso arbitraria en calificar este tipo de casos urgentes’.
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) expresó el jueves pasado su rechazo a la determinación del CJF por haber resuelto participar en la implementación de la Reforma Judicial, y culpó a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de generar una ’crisis constitucional’.
La Jufed ’expresa su enérgico rechazo a la determinación tomada por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), por mayoría de cuatro votos, de participar en la ejecución de la reforma judicial en desacato a las determinaciones judiciales emitidas por el Poder Judicial de la Federación, sin establecer un diálogo con las personas juzgadoras directamente involucradas, lo cual vulnera gravemente el marco institucional y legal que rige nuestro país’, señaló la asociación en un comunicado.
Asimismo, señalaron el incumplimiento de las suspensiones otorgadas por personas juzgadoras federales para frenar dicha reforma del Presidente Andrés Manuel López Obrador, pues afirmaron que constituye una clara ruptura del Estado de derecho y una violación directa a la división de poderes.
Un día antes, el CJF, el máximo órgano encargado de la administración, vigilancia y disciplina de todo el Poder Judicial, decidió, por mayoría de votos, desacatar las suspensiones que pretenden frenar la Reforma Judicial, por lo que acordó entregar al Senado de la República los listados de jueces, ministros y magistrados para preparar su elección en 2025.