La propuesta de reforma al Poder Judicial en la cual pretenden elegir a juzgadores mediante el voto popular, ha sido rechazada por varios ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y ahora se han unido un grupo de trabajadores de esta institución para manifestarse en contra, realizando un paro de 24 horas y cerró desde esta mañana los Tribunales Laborales Federales, localizados en la carretera Picacho-Ajusco, en la alcaldía Tlalpan.
17 tribunales laborales federales, encargados de resolver conflictos individuales y colectivos, así como asuntos de gran importancia para empresas nacionales y extranjeras (como emplazamientos a huelga, recuentos y titularidades de contratos colectivos de trabajo), se encuentran en paro y para este viernes los tribunales operarán con normalidad.
Juan Alberto Prado, secretario general del Sindicato Nacional de Renovación del Poder Judicial (SNRPJ), ha expresado su preocupación por la posible reforma del Poder Judicial de la Federación (PJF). Prado advierte que la reforma podría convertir las plazas sindicalizadas en "de confianza", lo que implicaría recortes presupuestales que afectarían los salarios de los trabajadores y sus derechos adquiridos.
El sindicato exige el respeto al derecho laboral, la elección de jueces y magistrados por carrera judicial (no por voto popular), y la preservación de la autonomía e independencia del PJF.
Ante el paro, Rafael Carlos Quesada García, Juez de distrito y coordinador de los tribunales laborales federales de asuntos individuales del primer circuito, ha emitido la circular 01/2024 declarando este miércoles como inhábil para los plazos procesales. Sin embargo, los tribunales seguirán trabajando a distancia, y cada uno emitirá ligas de acceso a las audiencias que se puedan llevar a cabo.
"Por certeza jurídica (evitar perjuicios y confusiones), acordamos declarar día inhábil (no corren plazos procesales), pero laborable (brindaremos servicio a distancia) el miércoles 26 de junio del presente año, refrendando el compromiso social y constitucional de los órganos jurisdiccionales laborales del PJF con el pueblo de México", indica el documento.
Prado insistió en que la iniciativa de reforma judicial busca ’someter’ al PJF, ’acabar con su independencia y hacer ineficaz la carrera judicial’.
Agregó que con la elección de jueces mediante el voto popular ’nuestros empleos estarán en grave riesgo’, ya que –indicó- es previsible que quienes lleguen por esa vía ’tendrán compromisos de muchos tipos que deberán cumplirse mediante puestos de trabajo’.
El dirigente sindical agregó que ante la reducción presupuestal, la posibilidad de perder el empleo ’será muy alta’ y los casos de despidos serán llevados por las personas que ingresen al Poder Judicial. Por tanto, opinó, los eventuales amparos que se tramiten ’serán ilusorios’.
La iniciativa busca modernizar y hacer menos oneroso al Poder Judicial, así como garantizar el acceso a una justicia expedita.
Impulsa la elección por voto popular de sus integrantes y regula las percepciones y haberes de retiro. También modifica la integración del Consejo de la Judicatura y establece la extinción de fideicomisos.
Además, propone que ministros, magistrados y jueces sean elegidos mediante voto ciudadano directo y secreto durante los comicios ordinarios que se realizan cada tres años en el país, además de forma extraordinaria se renovarán todos los cargos en 2025 y después de forma escalonada.
La Presidencia postulará 10 candidaturas a ministros, el Poder Legislativo hasta cinco por cada Cámara electas mediante votación calificada, mientras que el Poder Judicial 10 aprobadas en sesión de pleno con mayoría de seis votos.
Los aspirantes no podrán realizar precampañas, contratar tiempos en medios de comunicación, ni actos de proselitismo impulsados por partidos políticos y plantea campañas de 60 días.
Para este proceso será el Senado quien emita la convocatoria, el Instituto Nacional Electoral lo organizará y el Tribunal Electoral resolverá las impugnaciones y declarará los resultados.
En cuanto a la integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la iniciativa propone reducir de 11 a 9 los ministros que la integran por un periodo de 12 años en el cargo improrrogables. Elimina las dos Salas de la SCJN, para que sea el pleno quien conozca y delibere todos los asuntos en sesiones públicas.
Los magistrados del Tribunal de Disciplina y electorales permanecerán en el cargo 6 años sin posibilidad de reelección. Mientras que los magistrados de distrito y jueces, 9 años, y podrán optar por la reelección consecutiva. Ninguno de estos funcionarios ganará más que el presidente de la República. Se suprime la pensión vitalicia o ’haber de retiro’ para actuales y futuros ministros.
Las reformas al Consejo de la Judicatura Federal contemplan la creación de un Órgano de Administración Judicial, integrado por cinco magistrados con un periodo de seis años, propuestos por los 3 Poderes de la Unión. Se ocuparán de la administración, carrera judicial y control interno de este Poder del Estado, así como de la elaboración del presupuesto.
Por otra parte, la reforma establece un Tribunal de Disciplina Judicial, integrado por cinco ministros, que recibirá denuncias, investigará conductas presuntamente ilegales o ilícitas y sancionará a quienes incumplan con la ley. Podrá imponer sanciones como amonestación, suspensión, multa, destitución e inhabilitación, así como presentar denuncias ante el Ministerio Público y solicitudes de juicio político ante la Cámara de Diputados.
Y se especifica que no podrán crearse ni mantenerse en operación fondos, fideicomisos, mandatos o contratos análogos que no estén en la ley.Con información de LA JORNADA