Ante la o las inevitables órdenes de aprehensión que amenazan la libertade Martiniano Vega Orozco, exoficial mayor de Omar Fayad Meneses, su estrategia jurídica se ha centrado en promover suspensiones a los procesos en su contra (amparos); sin embargo, la reciente captura de uno de sus más cercanos colaboradores hacen que ésta penda de un hilo, pues las autoridades estarían buscando que el detenido complemente la información sobre el modus operandi que le habría llevado a presuntamente desviar cientos de millones de pesos.
Aunque no ha fluido información sobre la cooperación o negativa del imputado identificado por las siglas V. E. P. O., ahora tras las rejas, se presume que estaría en el ánimo de colaborar luego del ’abandono’ de su mentor que lo dejó a su suerte, condición que provocó que lo procesaran por un desfalco de alrededor de 18 millones de pesos.
Las transas de Martiniano Vega
Este medio ha documentado una serie de irregularidades en los contratos asignados por el exfuncionario de Omar Fayad cuyo monto conjunto asciende a 430 millones de pesos, los cuales serían también parte de las pesquisas que se desarrollan en su contra, además de otras que la autoridad ha hallado por su parte.
Por ejemplo, en la titulada Lucraron con la tragedia: Lavamanos fueron un negocio millonario en Hidalgo se documentó que durante su estancia en el gobierno de Hidalgo se gastó casi 2 mil pesos diarios en cada uno de los 219 lavamanos públicos instalados como una estrategia frente al avance del COVID.
Además de los costos inflados para la operación de los mismos, los lavamanos “operativos” permanecieron abandonados, sucios, sin agua, jabón, toallas, e incluso sin llaves y sin dispensarios; una gran cantidad de ellos fueron removidos y pese a ello el recurso no se recortó, es decir, que se pagaba por darle servicio a sanitizantes fantasma mediante empresas fachada.
En la investigación Empresa señalada de corrupción se llevará 66 millones por ’estudio’ gracias a Martiniano Vega se demostró que a pocos días de terminar la administración de Omar Fayad su Oficial Mayor, Martiniano Vega, permitió que el Instituto Catastral otorgara un contrato por 66 millones de pesos a una empresa señalada de corrupción durante los gobiernos de Miguel Ángel Mancera y de José Ramón Amieva en la Ciudad de México.
Vega Orozco no estaba facultado para llevar a cabo el proceso y aún así lo entregó en Fast Track a la empresa con la intermediación de una institución cuyas funciones son muy distintas a las requeridas.
No menos irregular fue el entramado evidenciado en Lavanderías de contratos en Hidalgo: 228 millones para estudio ’patito’ hecho por panistas de Jalisco, investigación que detalló el pago de más de 228 millones de pesos a una empresa ’patito’ para la realización de un supuesto estudio sobre la Salud Social de estudiantes de secundaria, preparatoria y licenciatura.
El contrato se formalizó con el Instituto Hispanoamericano de Estudios Superiores, mismo que se comprometió a realizar el “Diagnóstico de la Salud Social de los planteles de Educación Secundaria y de los planteles de los organismos descentralizados de Educación Media Superior y Educación Superior de Hidalgo”, teniendo un costo 228 millones, 632 mil 641.80 pesos.
El estudio fue exprés y asimismo fueron agilizados los pagos que se hicieron en 3 exhibiciones, todas ellas en el periodo en que se conoció la derrota de la candidata por el PRI Carolina Viggiano, y la llegada del nuevo gabinete encabezado por Julio Menchaca Salazar.
Tras investigar domicilios fantasma en unos casos y empresas fachada en otros, una serie de pistas llevaron al nombre de Miguel Ángel Martínez Espinosa, quien desde su posición de poder en diversas instituciones celebró contratos con características similares y que fue candidato a la gubernatura de Jalisco por parte de Acción Nacional (PAN).
Como cereza en el pastel la investigación Hiede a corrupción Oficial Mayor de Hidalgo: se apresura a entregar terrenos de forma irregular documentó la participación del exfuncionario para repartir terrenos a diestra y siniestra mediante operaciones irregulares que además fueron apresuradas a concretarse antes de su salida.
Uno de los casos refiere que como cuento de hadas, una familia “descubrió” documentos sobre su propiedad décadas después de haberse edificado una escuela, por lo que a cambio de cederlo recibió otro terreno pero este último fue uno residencial.
También se evidenció la forma en que apresuraron trámites para comercializar un terreno justo atrás de la fundación Delia Blancas, mismo que anteriormente había sido donado por el gobierno estatal para la exsecretaria de finanzas Delia Jessica Blancas. La donación fue revertida por la actual administración luego de que no se usara para el propósito específico del decreto y se impidió también la comercialización del otro polígono.
No conforme con lo anterior remató un terreno al menos 5 veces por debajo de su valor comercial con una institución de salud -privada. Más grave fue su asociación con el acalde de Omitlán para que mediante una operación irregular, el gobierno de Hidalgo donara un terreno privilegiado para el esparcimiento de la población y tras haberlo recepcionado, la asamblea municipal lo privatizara para que finalmente una empresa vendiera cabañas residenciales, estimándose los beneficios en varias decenas de millones de pesos.
