El "jefe" Diego, Ricardo Anaya, Osorio Chong, Peña Nieto, Manuel Bartlett y un larguísimo etcétera que se cuenta en cientos o tal vez miles de personas, tienen razones para estar preocupados. De caminar la propuesta que Regeneración Nacional (Morena) plantea, no habría más riqueza ilícita por parte de unos cuantos, pues pretende revisar el patrimonio inmobiliario y financiero de las personas aparentemente con el objeto de tener una medición adecuada de la desigualdad.
El método sin embargo, dejaría abiertas las puertas para que todos aquellos políticos y personas en general con dinero mal habido sean sujetas de investigación por parte de la UIF o de la propia FGR, por lo que se espera una férrea oposición de los beneficiarios del viejo régimen alegando violación a sus libertades.
El presidente de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar, realizó una serie de propuestas como parte de las transformaciones estructurales del país, entre las que se encuentran revisar el patrimonio inmobiliario y financiero de toda la población, así como verificar si los recursos que recibe cada estado contribuye a reducir la desigualdad en municipios.
El documento dado a conocer por el Comité Ejecutivo Nacional de Morena se conforma de cinco puntos, de los cuales menciona el primer punto que el ’Estado de Bienestar’, debe quedar plasmado en la constitución, integrando los programas ’que aseguran los derechos’ para todos los mexicanos.
El siguiente punto que plantea es medir la concentración de riqueza a través del INEGI, revisando el patrimonio inmobiliario y financiero de todas las personas sin excepción alguna; realizando una medición similar a la de pobreza y reportando resultados cada dos años.
En el tercer punto, Ramírez Cuellar apunta que la progresividad fiscal sería aplicada a la propiedad, la riqueza, el ingreso, las emisiones de dióxido de carbono y los daños a la salud; en el cual los ciudadanos contribuirían al financiamiento del Estado de Bienestar.
También propone integrar un Consejo Fiscal que mida y evalúe la calidad de ingresos y los gastos del Estado Mexicano, además de informar si éstos contribuyen a reducir la desigualdad entre regiones.
Por último se plantea dotar de mayor fortaleza a la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) para vigilar la concentración y el poder que tienen las empresas en una gran cantidad de mercados que producen y distribuyen los bienes y servicios básicos.
Por ello la COFECE deberá exigir reparación de daños contra los consumidores, para medir la afectación a mexicanos y las regiones por la forma en que las empresas operan en cada mercado. FORBES
