Este martes el pleno del Senado aprobó reformas legales para combatir las empresas fantasma y facturas falsas, al imponer por esos delitos fiscales la prisión preventiva oficiosa y catalogarlos como delincuencia organizada y contra la seguridad nacional.

Las penas serán de 5 a 8 años de prisión a la persona que expida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.

Las mismas sanciones serán aplicadas a quien permita o publique a través de cualquier medio, anuncios para la adquisición o enajenación de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.

Además, cuando el delito sea cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones, éste será destituido del empleo e inhabilitado de 1 a 10 años para desempeñar cargo o comisión públicos.

Al presentarlo, la senadora Marybel Villegas Canché –integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público– señaló que de 2014 a junio de 2019 se identificaron casi 9 mil empresas que facturan operaciones simuladas por 1.6 billones de pesos, lo que implica una evasión de 354 mil millones de pesos. Esto equivale a 1.4 por ciento del PIB.