La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) informó que fueron detectados alrededor de 200 departamentos ligados al llamado Cártel inmobiliario, el caso de corrupción registrado en la Alcaldía Benito Juárez.
Desde hace por lo menos 12 años, en la entonces delegación Benito Juárez de la Ciudad de México comenzó a tejerse una red de corrupción entre servidores públicos y empresas que se dedican a la construcción de inmuebles, lo que desató un boom inmobiliario en esa demarcación y con ello, una crisis de servicios a causa del éxodo de personas que llegaron a esta parte de la capital, conocida por su alta calidad de vida.
La operación abarcó las administraciones de tres delegados, todos ellos miembros del Partido Acción Nacional (PAN): Mario Palacios (2009-2012), Jorge Romero (2012-2015) y Christian Von Roehrich (2015-2018). Jorge Romero es el actual coordinador de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados, mientras que Von Roehrich es el coordinador de los panistas en el Congreso de la Ciudad de México.
En entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez el vocero de la FGJ-CdMx, Ulises Lara indicó que gracias a las investigaciones de la Fiscalía y denuncias ciudadanas han podido saber la ubicación de cada uno de los edificios inmuebles.
’Hemos logrado detectar, tanto por denuncia ciudadana como por otros trabajamos de investigación que hemos realizado, que estamos hablando de cerca de 200 departamentos al menos, estamos hablando de un número importante de edificios inmuebles y estamos nosotros acreditando cada uno de ellos lo que se nos ha denunciado’.
Ulises Lara detalló que las pesquisas han permitido que la Fiscalía capitalina identifique las distintas formas en las que operaba este grupo, pues indicó que además de la venta de bienes inmuebles también continúan generando ganancias a través del arrendamiento de departamentos.
’Encontramos que algunos eran arrendados, no solo se generó el dinero en la venta, sino una vez adquirido se fue rentando. Pudimos detectar en algunos casos rentas de algunos inmuebles que eran cobradas en efectivo y que en muchos de los casos sí rebasaban los 25, 30, 40 mil pesos porque están ubicados en zonas de alta plusvalía, muy bien ubicadas y que han representado ingresos regulares durante largos periodos […] Si pudiéramos hacer las cuentas de todos seguramente sería mucho más grande’.
De acuerdo con la investigación en curso de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx), el modus operandi de esta presunta organización delictiva implicaba que servidores públicos de la Benito Juárez establecieron un sistema de intercambio de favores por medio de colusiones ilegales con constructoras y desarrollos inmobiliarios. Los acusados autorizaban manifestaciones de construcción o inclusive permitían que hubiera un piso de más en edificios, aunque fuera ilegal. Todo ello a cambio de departamentos.
El Gobierno capitalino, a través de la Seduvi y la Consejería Jurídica y de Servicios Legales (CEJUR), estima que la corrupción inmobiliaria en la Alcaldía Benito Juárez representa una defraudación de más de 7 mil 142 millones de pesos.
Christian Von Roehrich actualmente se encuentra prófugo luego de que en diciembre de 2022 se liberara una orden de aprehensión en su contra por posible asociación delictuosa y uso ilegal de atribuciones y facultades, esto en relación al caso del Cártel Inmobiliario.
En diciembre del año pasado, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México solicitó a la Dirección General de Asuntos Policiales Internacionales (Interpol) en México una ficha roja en contra del ahora exdiputado panista.
La dependencia también solicitó al Instituto Nacional de Migración (INM) que emitiera una alerta migratoria en contra del legislador, acusado de asociación delictuosa y uso ilegal de atribuciones y facultades cuando fue Alcalde de Benito Juárez.
El día de ayer, Ulises Lara López dio a conocer el hallazgo de otros dos inmuebles involucrados en el caso de corrupción inmobiliaria en la Alcaldía Benito Juárez en la administración de Christian Von Roehrich de la Isla, prófugo de la justicia.
Los inmuebles, en condiciones de construcción posiblemente irregular, están ubicados en la calle de Amores, en la colonia Acacias, y el otro en la calle Holbein, en la colonia Ciudad de los Deportes.
En el edifico de la calle Amores, dicho predio se encuentra apegado al Certificado Único de Zonificación de Uso de Suelo que es habitacional de tres niveles máximos de construcción y 30 por ciento mínimo de área libre, sin embargo, el inmueble cuenta con seis niveles construidos.
En cuanto al inmueble ubicado en Holbein, tampoco se encuentra apegado al Certificado de Zonificación, que también es habitacional y de tres niveles, y en este caso el inmueble también cuenta con seis niveles construidos.
Al respecto, el funcionario detalló que las investigaciones han avanzado gracias a las denuncias ciudadanas y al trabajo conjunto de la Secretaría de Desarrollo y Vivienda, el Instituto para la Seguridad de las Construcciones, la dirección general de Registro público de la propiedad y comercio y la Unidad de Inteligencia Financiera.
Ante la posibilidad de demoler los inmuebles que violan las especificaciones originales de construcción, Ulises Lara indicó que esta situación sí podría ser posible, pero dijo, las autoridades capitalinas no buscan afectar a las personas que adquirieron su patrimonio de buena fe.
’Una posibilidad sería sin duda la demolición y esto afectaría el patrimonio de quienes compraron de buena fe, ellos no tendrían que estar enterados si estaba o no cubierto, entonces tenemos aquí un problema serio […] Estas personas van a tener que acercarse, la idea de la Fiscalía, en general del gobierno de la Ciudad de México no es poner en riego ese patrimonio porque son personas que actuaron de buena fe, no necesariamente estaban enteradas’.
Pese a que no se busca afectar a los propietarios, Ulises Lara recalcó que tampoco no puede existir una sanción, pues se caería en la impunidad, por ende, dijo, se debe llevar a juicio a los funcionarios señalados para que estos hagan una reparación del daño.
’No podríamos empezar por decir ‘se les tiene que demoler’, pero no puede existir la no sanción porque estaríamos entrando en la impunidad, a quién se le va a sancionar, qué se tiene que hacer, este es el punto donde estamos pidiendo que los servidores públicos que han sido señalados, que demostramos que cometieron este tipo de delitos tienen que ser sancionados conforme a la ley y se les tiene que llevar a juicio para que hagan una reparación del daño que puede incluir ni más ni menos que pagar todo lo correspondiente a este daño que se generó a la ciudadanía y a la ciudad’. Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez | SIN EMBARGO
