Luego de la paliza recibida en urnas el pasado 6 de junio los otrora partidos hegemónicos PRI y PAN -así como otras de sus rémoras-, al fin pudieron celebrar una victoria, nacional, contundente, sobre el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), toda vez que basarán su discurso en la narrativa del fracaso en convocatoria que tuvo la consulta popular.
Poco importará que el 94% de las boletas, que en números redondos son 19 por cada 20 personas, hayan clamado porque haya castigo para los actores políticos que saquearon al país a manos llenas, pues pese a ser parte de un grupo de 7 millones de personas que asistió a las mesas de consulta con sed de justicia, el discurso de la derecha reducirá la participación a un fracaso en el que apenas se rasguñó una quinta parte de los votos necesarios para hacer la consulta vinculatoria.
Para la derecha, perfecto fue el slogan “La Ley no debe consultarse, sino aplicarse”. Gustosos estuvieron de realizar esa campaña que encontró un eco especial sobre los que ignoran que la cifra negra abarca el 93% de los ilícitos, que entre las carpetas se reduce aún más si tomamos en cuenta que sólo un 10% de las denuncias encuentran reparación de daño y/o castigo hacia los responsables; y que si nos ponemos quisquillosos, veremos reducir todavía más esa cifra si tomamos en cuenta aquellas condenas que fueron justas. Una consulta vinculatoria, habría obligado a crear los canales conducentes que le den a nuestro sistema de justicia una nueva oportunidad para reivindicarse y hacernos olvidar que más del 99% de los delitos quedan impunes.
Se hará poco énfasis en el papel del INE que luchó por desempatar la consulta con las elecciones federales; es más, víctimas de la infodemia y de sus propias limitaciones, habrá quienes lejos de reclamar a la autoridad electoral por el gasto innecesario de proponer otra fecha, mostrando su parcialidad para proteger los intereses del PRI y PAN, culpen incluso a los promotores del ejercicio democrático. Es más, no faltarán quienes crean que el ejercicio costó 500 millones de pesos cuando la autoridad que ordenó el cumplimiento de la consulta, precisó al INE que debía hacer las adecuaciones para llevarla a cabo con su presupuesto ordinario ya aprobado (es decir, que se tomó de su gasto corriente).
Porque habrá a quienes el discurso de la derecha que hoy se envalentona -de forma justificada-, convenza que la ambigüedad de la pregunta modificada por la SCJN es consecuencia de un mal planteamiento y no de la complicidad de un Poder cuyos integrantes se deben precisamente a la ausencia de democracia -y méritos- en sus designaciones, los verdaderos grandes beneficiarios del régimen de la corrupción.
Ya nadie hablará que de 163 mil casillas instaladas 2 meses antes, las mesas de consulta pasaron a ser 57 mil. Que a inicios de junio, la primer gran pandemia del siglo gozaba de una tendencia de contagios que iba a la baja y que para el inicio de agosto llevaba ya un par de semanas con un crecimiento preocupante. Olvidarán que el INE se pronunció contra Morena y La Jornada por promover la participación en la consulta -que no el sentido del voto- y que por otro lado hicieron oídos sordos para los actores del PRI y PAN que llamaron a la abstención.
En fin, que el PRI y PAN no hablarán sobre el primer ejercicio de consulta ciudadana cuyo resultado quedará enmarcado en la historia como la piedra sobre la que habrá de cimentarse la democracia participativa en México, tema al que están acostumbradas las naciones primermundistas a las que aspiramos y que a la hoy oposición alegra haber evitado. No, para ellos todo se reduce a un fracaso que pueden trasladar al presidente y que les brinda una bocanada de aire ante la asfixia del repudio ciudadano; siguen anteponiendo el interés personal al bienestar de la mayoría, por eso son miserables.
