El Sistema Nacional Anticorrupción nació no como un intento de combatir el delito sino de encubrirlo, al menos ese fue el mensaje de su impulsor Enrique Peña Nieto, cuyo mandato estuvo plagado precisamente de estos hechos presuntamente constitutivos de delito; Hidalgo siguió la misma tendencia.
Porque los integrantes del Comité de Participación Ciudadana (CPC) tuvieron o tienen vínculos con el gobierno estatal y su partido el Revolucionario Institucional (PRI), teniendo perfiles viciados; hubo corrupción desde el Comité de Selección al darle la batuta a Coparmex, los consejeros fueron opacos en su 3 de 3, presentan conflictos de interés y porque constituye un gasto millonario que carece de resultados.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2017 elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Hidalgo fue la sexta entidad donde más se incrementó la variación relativa (el porcentaje) de corrupción en todo el país. De acuerdo con el informe, hasta el 82% de la población observa conductas de corrupción en los servidores públicos.
Según el Coeficiente TAI 2017 presentado por Transparencia Mexicana; la entidad ocupa el octavo lugar de las 10 entidades peor evaluadas con 68 por ciento.
Corrupción desde el Comité de Selección
De acuerdo con Pablo Vargas González, miembro de la Alianza Ciudadana Anticorrupción, desde el Comité de Selección ya existen actos presuntamente constitutivos de corrupción, un contrasentido para los fines que busca o dice buscar el organismo.
Lo anterior derivado de que un sindicato patronal, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Hidalgo, es quien lleva la batuta para seleccionar a los perfiles, pues su representación cuenta con dos integrantes del referido comité, obedeciendo así a intereses de grupo y no de la misma sociedad.
El activista también expuso su notoria falta de conocimiento sobre sus funciones, que siguió mostrándose meses después, además que no presentaron un plan de trabajo acorde con su titánica tarea.
Perfiles viciados
Entre los perfiles del CPC, todos los que lo integran tuvieron una relación de subordinación con el servicio público, destacando conflictos de interés; incluso, algunos de sus integrantes siguen ocupando cargos como funcionarios.
Así pues, los cinco consejeros cuentan con un pasado servil a los intereses del gobierno estatal -y al PRI- e incluso dos de los mismos siguen teniendo subordinación a estos. Dos consejeros más manejan despachos de auditorías pero lo hacen con el mismo gobierno estatal en tanto solamente un personaje no laboraba actualmente aunque su relación con el Sistema se extendió durante al menos dos décadas.
Respecto del listado ampliado de los consejeros resalta que todos son relacionados con el Revolucionario Institucional derivado de las actividades que ejercieron e incluso para los contralores que se tomaron de municipios, o provienen de ayuntamientos gobernados por el PRI o bien, por partidos que destacan por sus alianzas con el tricolor. Solamente el auditor superior del Estado parecía venir de una postura independiente aunque terminó por alinearse y recibir la venia del partido en el poder para ejercer sus funciones.
Tan están ligados al PRI que las contraloras de Tizayuca así como de Alfajayucan -supuestamente bajo mando del PVEM- siguen afiliadas al partido tricolor.
La primera presidenta que tuvo el CPC también guarda vínculos con Alejandro Habib Nicolás al haber laborado en su notaría; el político priista actualmente funge como ombudsman de la entidad. La presidenta actual laboró por más de dos década en gobierno estatal.
Opacidad y conflictos de interés
Cuando los consejeros resultaron electos, fueron obligados a presentar sus respectivas declaraciones patrimoniales, del ejercicio de impuestos federales así como de intereses. En por lo menos dos de estas resaltaron por la opacidad con la que se condujeron -o en el mejor de los casos por su incapacidad-.
En la declaración de bienes no fueron específicos además que la misma no guardó concordancia precisamente con su declaración de intereses, misma en la que omitieron dar detalle sobre sus actividades actuales y muchas se fueron en blanco, esto es, que incluso, según el cuestionario, no ejercían actividad profesional alguna estando incluso en la nómina gubernamental.
Los conflictos de interés del CPC derivan precisamente en una simulación que se puede apreciar en cada segmento analizado con detalle.
Gasto innecesario
Prueba de que se conducen mediante corrupción son los sueldos que ostentan, mismos a los que no han renunciado pese a llevar a cabo otras actividades profesionales que les generan beneficios ya sea en la actividad pública o bien, en la actividad privada que presta servicios a las instituciones públicas.
De acuerdo con la solicitud de transparencia foliada con el número 00778718 y con respuesta al recurso de revisión numerado como 327/2018, “Los honorarios mensuales de los miembros del CPC del SEA del estado de Hidalgo ascienden a $31,379.31 más IVA”, misma que fue ingresada por Transparencia Hidalguense.
Así, mientras en 2018 les fueron asignados 10 millones de pesos y en 2019 la suma se redujo a 5 millones 774 mil 851 pesos, solamente en el sueldo de los cinco consejeros ciudadanos la suma erogada ascendería a 4 millones 368 mil pesos para los dos ejercicios señalados, es decir, el 27.7% del total de los recursos.
El resto, aparentemente iría a parar a los gastos del Comité de Selección y a la Secretaría Técnica, misma que a la fecha no cuenta con página web, no cuenta con Titular del Órgano Interno del Control de la Secretaría Técnica ni con Plan de Trabajo alguno, como revela la solicitud de información foliada con el número 00173619, ingresada también por Transparencia Hidalguense.
Falta de resultados
La actual presidenta del CPC Ana María Tavares, confesó que son cerca de 400 los expedientes recibidos que deben revisar a profundidad para deslindar las responsabilidades que la Ley marca. Los señalados datan de 2018 y lo que va de 2019.
Pese a la gran carga de trabajo, solamente se había iniciado una acción vinculante y una denuncia por hechos presuntamente constitutivos de delito, misma que “les llevó mucho tiempo” derivado de que el expediente consta de 96 fojas.
En números redondos, de todos los casos que han recibido desde 2018, solamente el 0.5% del total recibió algún tipo de seguimiento mientras el resto, aún espera por encontrar justicia, lo que quiere decir que la vinculación -porque no se ha resuelto nada- de cada uno de los casos a los que dio seguimiento el SEAH y tuvieron algún resultado, cuestan un aproximado de 7 millones 887 mil 425.5 pesos, un monto considerablemente mayor a desperdiciar en burocracia, al de las afectaciones económicas de las denuncias originales.
