Ante la iniciativa presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para la Reforma Judicial, los trabajadores de dicho poder anunciaron un paro de labores que comenzó el 20 de agosto y que terminará hasta el próximo lunes 23 de septiembre, siendo 33 días los que ilegalmente no se presentaron a laborar, pero en los cuales recibieron puntual su pago y no tuvieron afectación alguna.
Y es que en México se tiene derecho a huelga, pero para que la misma sea legal, debe haber un pliego petitorio, escrito, mismo que debe ingresarse a Conciliación y Arbitraje, quien determina en un máximo de 3 días su legalidad. Posterior a ello viene un emplazamiento y, finalmente, si no acuerdan las partes, la huelga estalla.
No cumplir con los requisitos anteriores provoca que cualquier trabajador sea removido por abandono de trabajo.
Sin embargo, para los trabajadores del Poder Judicial, quienes se supone deberían conocer la Ley y que además deben verificar su cabal cumplimiento, usaron a las instituciones para que de manera ilegal no tuvieran repercusión alguna.
¿Cómo llegaron al Poder Judicial quienes desconocen las leyes?
Según los mismos estudios realizados al interior del organismo, 7 de cada 10 juzgadores ingresaron a un familiar a la nómina.
Respecto a los trabajadores, la mitad de ellos también ingresó a un familiar en un claro nepotismo.
Ya en el “Poder Familiar de la Federación”, la carrera judicial fue el principal escalafón, pero como se reveló en su último gran escándalo de 2018, los exámenes eran vendidos desde 180 mil pesos, es decir, que compraban su puesto vendiéndose a intereses oscuros para cubrir la cuota.
Pese a que cobraron 33 días de salario, completito, sin haberse presentado a trabajar, la reforma al Poder Judicial se aprobó y la totalidad de jueces, magistrados y ministros serán electos mediante el voto popular.
