La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó por unanimidad la elección de diputaciones y senadurías por el principio de representación proporcional. Este sistema asigna a los partidos políticos las curules y escaños que les corresponden, completando la distribución en el Congreso de la Unión. Esto permite a Morena llevar a cabo el Plan C.
Estos proyectos aún deben ser aprobados el próximo viernes por el Consejo General del instituto. En la sesión, se resolvió que el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, no obtendrá un escaño plurinominal debido a cuestiones de paridad. En su lugar, se asignó a Amalia García, ya que su partido tenía la menor representación de mujeres en el Senado.
La oposición ha expresado su desaprobación, argumentando que el reparto de diputados y senadores plurinominales implica fraude a la ley, transferencia de votos y sobrerrepresentación de Morena y sus aliados. Sin embargo, el consejero electoral Uuc Kib Espadas, presidente de la comisión, defiende la legalidad del proceso.
Explicó que la asignación debe ser por partido político y, aunque no está a favor de la sobrerrepresentación, "estoy obligado a respetar el orden republicano y la prevalencia del orden constitucional. Estamos obligados a respetar la literalidad del texto constitucional".
En el inicio de la sesión, la secretaria técnica de la comisión, Yessica Alarcón Góngora, resumió los mecanismos utilizados para la elaboración de los anteproyectos sobre la asignación de pluris.
Señaló que del 31 de mayo al 20 de agosto, se recibieron 20 escritos de ciudadanos expresando sus inconformidades sobre la asignación de las pluris y la posible sobrerrepresentación.
Sin embargo, Alarcón Góngora mencionó que la dirección presenta una respuesta sólida a estas inconformidades, basada en argumentos jurídicos establecidos en la Constitución y en las leyes electorales.
Esta respuesta se basa en dos tesis, seis jurisprudencias y cuatro criterios del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), los cuales guiaron la asignación que se votó en la comisión. La decisión final se discutirá el próximo viernes en el Consejo General
Con base en estos criterios y normas, los anteproyectos circulados esta noche, establecen que en diputaciones Morena ganó 161 de los 300 distritos electorales más 75 plurinominales, lo que arroja una bancada de 236; el Partido Verde tendría un total de 77 (57 de mayoría y 20 de representación proporcional) y 51 del Partido del Trabajo (38 y 13, respectivamente), para hacer un bloque de 364 integrantes.
En tanto, Movimiento Ciudadano quedaría con un grupo de 27 diputados (uno ganado en las urnas y 26 de representación proporcional).
El PAN tendría 72 (32 de mayoría relativa y 40 plurinominales); el PRI, 35 (nueve de mayoría relativa y 26 pluris), mientras que el PRD solo tendría uno, por el distrito que ganó en las urnas. Al partido del sol azteca no le toca reparto pluri porque perderá el registro, al no haber alcanzado el 3 por ciento de la votación nacional. La bancada de la oposición PRI-PAN-PRD sería de 108 curules. Adicionalmente ingresará un diputado independiente.
El anteproyecto sobre la asignación de senadurías establece 60 escaños a Morena; 22 al PAN; 16 para el PRI, 14 para el PVEM, nueve para el PT, cinco para MC y dos para el PRD. Es así como el bloque Morena y aliados sumaría 83.
De última hora, previo a la sesión de esta comisión, Yessica Alarcón detalló que recibieron una solicitud de Morena para que un diputado de mayoría relativa que ganó y en la práctica es dirigente del PT en Sonora, se los anotaron como candidato de Morena, lo cual no se discutió en esta sesión, porque no estaba en el orden del día, pero se anexará como engrose en la sesión del viernes.
El representante del PAN, Álvaro Marvaez, insistió en sus intervenciones que la asignación como viene en el proyecto sería una violación y fraude a la ley, respecto de lo que la gente votó el 2 de junio, bajo el argumento de que se les asignó más pluris a los aliados de Morena.
En respuesta a los señalamientos de la oposición, Sergio Gutiérrez, representante de Morena en el INE, aseveró que su argumentación “es ficticia y fantasiosa”, porque el 2 de junio el pueblo les dio la confianza para tener la mayoría calificada para proceder con el Plan C. “Entiendan y acepten el resultado”.
Contando con mayoría calificada podrán llevar cabo el Plan C donde plantean aprobar las siguientes reformas a la Constitución propuestas por López Obrador:
’1. Reconocer a los pueblos y comunidades indígenas y a los pueblos afromexicanos como sujetos de derecho público, atendiéndolos de manera preferente por ser los habitantes más antiguos y, sin embargo, los más olvidados de México. Consultarlos cuando se realicen obras que puedan afectar su vida o entorno y dotarlos de legitimidad jurídica para recibir recursos del presupuesto y promover acciones de inconstitucionalidad de leyes que les afecten.
’2. Reafirmar el derecho a la pensión de adultos mayores a partir de los 65 años y aumentar el monto año con año. Garantizar el mismo derecho a las personas con discapacidad, quienes recibirán una pensión de carácter universal.
’3. Otorgar becas a estudiantes de familias pobres en todos los niveles de escolaridad.
’4. Garantizar atención médica integral de manera gratuita a todos los mexicanos.
’5. Que los trabajadores y sus familias puedan ser dueños de sus viviendas.
’6. Prohibir el maltrato a los animales.
’7. Proscribir en el territorio nacional el maíz transgénico y la extracción de hidrocarburos mediante el fracking. No otorgar concesiones para la actividad minera a cielo abierto.
’8. Hacer respetar las zonas con escasez de agua y sólo autorizar en ellas concesiones para uso doméstico.
’9. Prohibir el comercio de vapeadores y de drogas químicas como el fentanilo. Penalizar con severidad el delito de extorsión que lleva a cabo la delincuencia organizada y hacer lo mismo con el delito fiscal ejercido por la delincuencia de cuello blanco mediante el uso de las llamadas factureras.
’10. No permitir, bajo ninguna circunstancia, que el aumento al salario mínimo sea menor a la inflación anual.
’11. El salario mínimo para maestras y maestros de educación básica de tiempo completo, así como el de policías, guardias nacionales, soldados, marinos, médicos y enfermeras, no podrá ser menor a lo que perciben en promedio los trabajadores inscritos al seguro social.
’12. Se propone revertir las reformas de pensiones, tanto la aprobada durante el gobierno de Ernesto Zedillo en 1997 como la impuesta en el 2007 por Felipe Calderón porque afectan injustamente a trabajadores inscritos en el Seguro Social y del ISSSTE; les impiden jubilarse con el ciento por ciento de su salario. Para reparar este daño a los trabajadores en general, desde el 1 de mayo de este año [2024], será creado un fondo semilla de 64 mil 619 millones de pesos que irá en aumento; se utilizará lo necesario para compensar a los trabajadores afectados por las reformas antilaborales del periodo neoliberal.
’13. Garantizar a los mexicanos el derecho a la educación y al trabajo. En el caso de los jóvenes, cuando no estén estudiando ni tengan oportunidad de conseguir un empleo, el Estado debe contratarlos y pagarles el equivalente a un salario mínimo durante un año, mientras se forman o capacitan en tiendas, talleres, empresas o cualquier actividad productiva del campo o la ciudad, tal como opera actualmente el programa Jóvenes Construyendo el Futuro.
’14. Todos los campesinos que quieran cultivar sus tierras sembrando árboles frutales y maderables contarán con un jornal seguro, justo y permanente, como sucede con el programa Sembrando Vida. Los campesinos y pescadores seguirán recibiendo el apoyo directo del programa Producción para el Bienestar; se mantendrán precios de garantía para la compra-venta de alimentos básicos y continuará la entrega de fertilizante gratuito a todos los pequeños productores del país para cumplir con un acto básico de justicia: ‘que coman los que nos dan de comer’.
’15. Se utilizarán para trenes de pasajeros los 18 mil kilómetros de vías férreas, concesionados durante el gobierno de Ernesto Zedillo y actualmente destinados únicamente al transporte de carga. Asimismo, el Estado estará obligado a garantizar el derecho del pueblo a los servicios de internet, ya sea con una empresa pública o a través de concesiones a compañías particulares. En la reforma constitucional propuesta, se le devolverá a la Comisión Federal de Electricidad su carácter de empresa pública estratégica en beneficio de los consumidores domésticos y del interés nacional, criterio que le quitaron durante el periodo neoliberal con el propósito de favorecer la privatización de la industria eléctrica.
’16. La nueva iniciativa de reforma electoral contempla la reducción de los gastos destinados a campañas y a partidos políticos, la disminución del número de regidores en gobiernos municipales, evitar las excesivas estructuras burocráticas electorales y eliminar las candidaturas plurinominales; el Congreso de la Unión se integrará por 300 diputados y no por 500 y el Senado se conformará con 64 y no con 128 legisladores como ocurre ahora. Asimismo, tanto los consejeros como los magistrados de los organismos electorales, serán electos con el voto libre, directo y secreto de todos los ciudadanos. Se fortalecerá la democracia participativa con la reducción del 40 al 30 por ciento de participantes en consultas populares para hacerlas válidas, efectivas y vinculatorias. Esto mismo aplicará en el caso de la Revocación del Mandato.
’17. De igual forma, jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial, en vez de ser propuestos por el Poder Ejecutivo y nombrados por diputados y senadores en los Congresos, serán electos de manera directa por el pueblo.
’18. Para evitar que la Guardia Nacional se corrompa, como sucedió con la antigua Policía Federal, por la falta de doctrina, profesionalismo y lealtad al pueblo, se propone que esta institución, creada para cumplir tareas de seguridad pública, forme parte de la Secretaría de la Defensa Nacional con estricto respeto a los derechos humanos.
’19. Convertir en política de Estado la austeridad republicana; se redactará con mayor claridad y contundencia en el artículo 127 de la Constitución el principio de que ningún servidor público de los tres poderes pueda ganar más que lo que perciba legalmente el Presidente de la República. De igual modo, no se permitirán privilegios ni extravagancias en ninguno de los poderes del gobierno federal.
’20. Eliminar todas las dependencias y organismos onerosos y elitistas, supuestamente autónomos, creados durante el periodo neoliberal para proteger negocios particulares en contra del interés público.
