La Auditoría Superior de la Federación (ASF) supervisará en ’tiempo real’ el gasto ejercido y presupuestado de las dos magnas obras el nuevo aeropuerto de Santa Lucía que llevará por nombre ’General Felipe Ángeles’ y la Refinería de Dos Bocas, en Tabasco con el fin de evitar desvíos de recursos públicos e incumplimientos como sucedía en gobiernos de los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional, asegura David Colmenares, Auditor Superior de la Federación.
Los auditores, utilizan hasta drones para inspeccionar y vigilar los trabajos, y de encontrar alguna anomalía o irregularidad, se pueda corregir a tiempo y evitar daños al erario, además de lograr ahorros en el gasto público.
El titula de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, ordenó una profunda investigación a la empresa privada RCU Sistemas, SA de CV, contratada por esa dependencia cuando su titular era el priísta Miguel Ángel Osorio Chong, para dar servicio y asistencia técnica al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Al interior de esa Secretaría que dirige la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero, se comenta que es inminente la cancelación del contrato con esa empresa privada y la presentación de alguna denuncia penal por malos manejos de recursos públicos destinados a la supuesta defensa de periodistas y defensores de derechos humanos.
Pero lo más delicado es la presunción de que RCU Sistemas habría sido recomendada por el expolicía y espía Genaro García Luna, actualmente preso en Estados Unidos por supuestos vínculos con el crimen organizado y el delito de lavado de dinero. Es más, la Secretaría de la Función Pública, por órdenes de su titular Irma Eréndira Sandoval, investiga si García Luna es el verdadero propietario de RCU Sistemas a través de prestanombres.
Entre los contratos millonarios plurianuales asignados de manera directa (sin licitación por ser un supuesto asunto de ’seguridad nacional’) a RCU durante el gobierno de Enrique Peña Nieto por quien fuera oficial mayor en Gobernación, Jorge Márquez, destacan cuatro: SG/CPS/12-1/2016-2017; SG/CPS/18/2018-2019; SG/CPS/89/2017-2018, y SG/CPS/07/2017.
El objetivo de estos contratos era ’proporcionar de manera confidencial, óptima, segura y expedita las medidas de protección que requiere la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos, para garantizar la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas’; sin embargo, de acuerdo con los primeros dictámenes de la investigación, se precisa que los tres contratos ’no fueron debidamente justificados por haberse adjudicado de manera directa, toda vez que la confidencialidad de la información para brindar protección no es en sí un supuesto que pudiera equipararse a seguridad nacional’. Miguel Badillo | CONTRALÍNEA
