Rompe Veras Godoy caja chica de 133 millones de pesos por actas de nacimiento en Hidalgo


La nueva Ley impide que las personas sean obligadas a tramitar una nueva acta de nacimiento para la realización de trámites ante Gobierno del Estado; la entidad reportaba ingresos hasta por 17 millones pero los mismos fueron superiores a los 150 mdp en realidad

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Enero 10, 2019 01:33 hrs.
Educación Estados › México Ciudad de México
Emmanuel Ameth › Emmanuel Ameth Noticias

El día de ayer el diputado morenista Humberto Augusto Veras Godoy dio a conocer que a partir de este año y como consecuencia de una iniciativa presentada en noviembre, las actas de nacimiento ya no tendrán ’caducidad’ a partir de este año, lo que rompería la caja chica del gobierno estatal donde presuntamente se desviaban hasta 133 millones de pesos.

Lo anterior derivado de que todas las instituciones gubernamentales requerían el documento con un máximo de 3 meses de vigencia, por motivos de una supuesta ’caducidad’ en las actas de nacimiento.

Solamente de Educación Básica, los datos oficiales revelan la cifra de 972 mil alumnos, obteniendo así una recaudación por 102 millones 600 mil pesos, mas al menos otro monto entre 38 y 48 millones por aquellos que cursan la educación media superior y superior en instituciones hidalguenses, quienes realizaban dicho trámite dos veces al año además de los beneficiarios de programas sociales. Todo lo anterior, arroja un monto que alcanzaría los 150 millones de pesos.

De acuerdo con la solicitud de Transparencia foliada con el número 00756418 y dirigida a la Secretaría de Finanzas para dar a conocer los ingresos del Registro Civil que encabeza Mariana Lara Morán con motivo de los derechos de impresión de las actas de nacimiento, hasta septiembre del presente año la institución solamente reportó la recaudación 13 millones 382 mil 887 pesos, lo que al final del año se proyectaría en 17 millones 843.8 mil pesos, es decir, por lo menos 133 millones menos de lo que efectivamente recaudarían.

Cabe señalar que este medio tuvo que recurrir a diversos recursos de inconformidad derivado de que tanto Finanzas como el Registro Civil "se negaron" a dar la información de principio; posterior al análisis del Comité de Transparencia, se vieron obligados a difundir la información aunque la misma “no cuadra” con los ingresos reales proyectados por los usuarios que efectivamente la pagaron. Ni siquiera con las instituciones educativas que así les obligaron para poder realizar inscripciones y/o reinscripciones.

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