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Roban factureros 500 mil millones al año; medida preocupa al PRIAN y a Coparmex


Propondrán Ley que permitirá equiparar el fraude fiscal con la delincuencia organizada para evitar una pérdida de dinero equivalente al 1.6 por ciento del Producto Interno Bruto anual

Roban factureros 500 mil millones al año; medida preocupa al PRIAN y a Coparmex

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Septiembre 06, 2019 04:16 hrs.
Política Nacional › México Ciudad de México
Daniela Barragán / SIN EMBARGO › Emmanuel Ameth Noticias

La Procuraduría Fiscal de la Federación tiene ubicados a actores que cometieron delitos a través de facturación falsa y por lo tanto el costo de este delito: 500 mil millones de pesos por año, el equivalente a cuatro trenes maya o a todos los programas sociales implementados por el nuevo Gobierno federal.

De acuerdo con el titular de esa oficina, Carlos Romero Aranda, por la magnitud de los fraudes y el costo que representa año con año, resulta evidente que es una práctica que se dejó crecer y que no se atacó por falta de voluntad política.

En entrevista con SinEmbargo, previo a la discusión de la Ley en la Cámara de Diputados que le ampliará a la Procuraduría Fiscal sus facultades para investigar y encausar estas prácticas, como el uso de personas infiltradas o la intervención telefónica, equiparó este tipo de defraudación fiscal con un ’efecto cucaracha’, que se hizo más fuerte a medida que escalaba más ámbitos, con esquemas que ’en ciertos rubros convenían mucho al gobierno’.

El pasado 2 de agosto, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se castigará con cárcel la evasión de impuestos y aseguró que las administraciones anteriores ’se daban gusto evadiendo el pago de impuestos con facturas falsas’, y prometió castigo de cárcel para los evasores.

La Ley que se discutirá y votará, le da un nuevo tratamiento a este tipo de fraudes, ya que equipara a los factureros, que son a aquellas tres o más personas que en forma constante y permanente tienen como actividad defraudar al fisco federal, con redes de delincuencia organizada.

Sobre las acusaciones de que se trata de una especie de ’terrorismo fiscal’, explicó que se buscará investigar a quienes son los que ofrecen las facturas y a las empresas que hayan incurrido en estos actos se les invitará a regularizarse. Pero para Romero Aranda, el punto más importante de esta reforma es quien resulte culpable tendrá ya encima un orden de prisión preventiva oficiosa.

Y aclaró: ’La instrucción del Presidente es perseguir los delitos sea quien sea. Aquí se acabó la corrupción, tenemos que acabar con los delitos sea quien sea. Si encontramos irregularidades, sea quien sea’.

–Nos intriga que hasta hace pocos meses los mexicanos no sabíamos mucho sobre qué hacía la Procuraduría Fiscal y estaba como muy subordinada a Hacienda y al SAT. Estamos viendo un cambio a raíz de las denuncias que se están haciendo. Pero queremos saber desde el principio cómo encontró estas oficinas.

–La Procuraduría Fiscal de la Federación es el abogado de la Secretaría de Hacienda, pero se llama Procuraduría porque se encarga de perseguir o investigar los delitos fiscales y financieros; es el garante del sistema financiero y es el persecutor de los delitos fiscales.

¿Cómo la encontré? Esta es una institución muy sana, muy limpia. La encontré caminando, funcionando.

Si ha tenido una actividad más relevante es por la situación en la que nos encontramos. Hicimos un análisis de la situación actual que tenemos de defraudación vía factureros y por eso la Procuraduría empezó a atacar a este rubro específico de defraudadores fiscales. Por esa razón empezó a tener relevancia.

El Presidente de la República presentó vía un Senador en la etapa de transición como Presidente electo ante el Senado de la República una solicitud para reformar diversos artículos de diversas leyes (el 2 de la Ley Federal de Delincuencia Organizada, el 11 Bis del Código Penal Federal, el 113 Bis del Código Fiscal de la Federación, los artículos 167, 187, 192, 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales y el 5 de la Ley de Seguridad Nacional) con lo cual se le da un nuevo tratamiento a este tipo de actividades y se pretende equiparar con delincuencia organizada a los factureros, que son a aquellas tres o más personas que en forma constante y permanente tienen como actividad defraudar al fisco federal.

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