Mediante un entramado en el que socios de las empresas TKSC, Typhoon Sports y Grabasa demandan a la constructora y desarrolladora de vivienda SARE -que comparte socios con las anteriores-, embargan a la misma para que los activos no queden a la orden de las financieras a las que deben, defraudando también a los accionistas minoritarios. El principal operador, Edgar Murillo Karam, hermano del exgobernador de Hidalgo.
SARE, empresa de construcción de vivienda que hace una década fue una de las grandes bajo la tutela de Dionisio Sánchez Carbajal, comenzó su declive hace cinco años no sólo por la situación inmobiliaria en México. La deuda que ostentó en ese momento dio paso a que entraran nuevos dueños.
Las estrategias bajo la firma Tavistock no alcanzaron rápidamente sus objetivos.
Nos aseguran que las cosas no terminaban por despuntar y la empresa, de origen inglés, comenzó a hacer movimientos desde hace un par de años, con el propósito de recuperar el capital invertido.
El proceso ha sido poco transparente, al tratarse de una firma que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores, bajo la dirección de José Oriol Bosch. Por ahora no se puede asegurar que las decisiones han estado fuera de la ley, aunque ello se definirá en su totalidad de frente a las autoridades, dado que los inversionistas minoritarios comenzaron a agruparse en pro de demandar, argumentando procesos ilícitos que los llevaron a perder sus recursos.
Vamos por pasos. Nos aseguran que la empresa Tavistock no estaba alcanzando sus objetivos y no se frenaba la caída. De ahí que comenzaron los movimientos internos por pagar deuda. Claro, empezando por el capital invertido por los socios mayoritarios.
No tendría nada de malo, lo que pasa es que el proceso se inició con autoprocesos legales, exigiéndose los pagos de las deudas correspondientes, sin gran detalle de lo que pasaba a sus inversionistas minoristas.
La mano de Edgar Daniel Murillo Karam
En 2019 les anuncian que dos empresas, TKSC y Typhoon Sports, demandan a SARE; sin problema aceptan la demanda y acuerdan cederles propiedades de gran valor a esas dos.
En 2020 repentinamente renuncian todos los directivos del Consejo de SARE. Aquí el pero: de acuerdo con documentos en mi poder, en 2016 Typhoon se fusiona con Grabasa, que a su vez es socia mayoritaria de TKSC, el inversionista mayoritario de la empresa que fue demandada por su propio socio mayoritario.
A la vez, Grabasa es propiedad mayoritaria de Edgar Murillo Karam, quien también por la fusión de 2016 termina siendo partícipe como socio de Typhoon, la otra compañía que embarga a SARE.
Con este proceso se abren muchas interrogantes. ¿Autodemanda y autoembargo? ¿Por qué varios socios de SARE eran socios directos o indirectos de las empresas que embargan a SARE?
¿Por qué el Consejo de SARE y miembros del comité de denominación y compensación aparecen firmando como representantes en los documentos de acuerdo de fusión entre la empresa que embarga y las empresas de Grabasa y Logixtig?
Por ahora los inversionistas minoritarios se agrupan, a fin de realizar algo de manera legal. Dado que el artículo 38 de la Ley Mexicana de Valores dice que sólo se puede proceder vía civil si al menos 5% de los accionistas demandan. Y adivinen qué, en 2017 llegaron muchos accionistas a SARE.
Estos procesos y la quiebra de SARE no tienen nada de malo, pero la realidad es que muchas cosas no son transparentes. Y quienes salen perdiendo son los accionistas minoritarios. Aquí no termina el tema, aún hay más y seguiré desmenuzando los procesos poco claros que envuelven la quiebra de SARE y su desliste, en breve, de la BMV. Marielena Vega | EL ECONOMISTA
