Respira Penchyna: continúa amparo de Infonavit a ser auditados


Infonavit se amparó para ser auditados tras ser vinculados en actos de corrupción

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Marzo 14, 2020 15:49 hrs.
Política Nacional › México Ciudad de México
Arturo Rodríguez García | PROCESO › Emmanuel Ameth Noticias

La presunción de corrupción con los fondos de los trabajadores por parte del Infonavit durante la gestión de David Penchyna tiene al instituto en un litigio que ya llegó a la Suprema Corte, por lo cual se ampararon para ser auditados.

La Auditoría Superior de la Federación promueve una revisión del manejo de las cuotas por parte del instituto en los dos últimos años del sexenio de Enrique Peña Nieto, pero resulta que ninguna entidad externa está autorizada a hacerla.

La resistencia del Instituto Nacional del Fondo para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit) a ser auditado detonó un litigio en la actual administración que ya llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Pese a los múltiples señalamientos que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha hecho el último año sobre corrupción en ese organismo, dedicado a financiar la vivienda de los trabajadores, en los hechos es imposible que una entidad externa al Infonavit revise su operación de los últimos dos años del sexenio de Enrique Peña Nieto.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) no ha podido revisar ningún aspecto sobre el manejo financiero y de cumplimiento de la normatividad que rige al Infonavit, debido a que dos amparos y el consecuente proceso de apelaciones ha dejado en suspenso la facultad auditora respecto a su operación y administración de los recursos para vivienda, que forma parte del sistema de seguridad social.

En las últimas semanas el Infonavit cobró relevancia por señalamientos de corrupción que estaría relacionada con un cheque por 2 mil millones de pesos que el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, entregó a López Obrador por cobros indebidos realizados por una empresa.

El origen de esos recursos no es claro, pero fue en columnas políticas donde se difundió que correspondían al Infonavit.

Sin embargo, la FGR rechazó –a consulta expresa de Proceso– tener una investigación abierta sobre el Infonavit o sobre su exdirector, el priista hidalguense David Penchyna Grub.

La búsqueda de información en la plataforma de la ASF tampoco arrojó resultados de auditoría con el organismo, una acción explicable en la suspensión de que goza como parte de los procesos que sigue para evitar que se le audite.

El peregrinar jurídico del asunto desembocó en la SCJN que está pendiente de asignarle ponencia a fin de que un análisis constitucional determine si el organismo está obligado a someterse a las acciones revisoras de la ASF o se debe mantener exenta de esa supervisión.

Con el argumento de que los recursos que administra son de los trabajadores, originados en las aportaciones de los patrones, el Infonavit, por conducto de su representante jurídico, Juvenal Lobato Díaz, sostiene que el dinero del fondo no es público, por lo que no tiene por qué auditarse.

El caso fue presentado el 10 de diciembre de 2018 en contra del interés de la ASF por revisar al Infonavit en relación a la cuenta pública de 2017, así como contra la Cámara de Diputados, que aprobó el Programa Anual de Auditoría en el que se sustentó la orden de la Auditoría Superior. Se añadiría después otro recurso para el Programa Anual de 2018.

Es decir, en la administración encabezada por López Obrador y cuatro días antes de que asumiera la dirección del organismo Carlos Martínez Velázquez, se inició la resistencia sobre la revisión al penúltimo año de gestión encabezada por Penchyna el sexenio pasado, a quien el actual presidente se ha referido en diversas ocasiones por sus excesos al frente del instituto.

Originario de Tlaxcala, Martínez Velázquez es politólogo por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y su carrera en la función pública transcurrió en la Oficina de la Presidencia de la República durante el sexenio de Felipe Calderón, cuando también trabajó en la Procuraduría Federal del Consumidor.

Además, fue consejero de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) el sexenio pasado. En su gestión, el litigio contra la ASF ha sido intenso en dar continuidad a la negativa iniciada en la pasada administración.

Todo se inició cuando la ASF emitió un oficio, el 20 de noviembre de 2018, notificando al Infonavit –todavía bajo la dirección de Penchyna– que practicaría la auditoría 1717-DS como parte del Programa Anual aprobado por la Cámara de Diputados.

Aunque estaba a unos días de terminar su gestión, el equipo de Penchyna actuó de inmediato y en los siguientes días interpuso la demanda de amparo.

Un mes después, el 20 de diciembre, ya con Martínez Velázquez al frente del Infonavit, el Juzgado Cuarto en Materia Administrativa con sede en la Ciudad de México concedió la suspensión definitiva que, a través de los diferentes recursos, se ha sostenido con la decisión de jueces y magistrados.

Eso obligó a la ASF a llevar el asunto a la SCJN.

El Infonavit presentó su petición de atracción a la SCJN el pasado 13 de febrero, mientras que la ASF lo hizo 12 días después, el 25, y versa sobre resolver acerca de la procedencia del artículo 74 constitucional fracción VI, 47 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, así como por el artículo 123, apartado A, fracción XII de la Constitución.

Mientras la SCJN asigna ponencia y desahoga el asunto, el Infonavit permanecerá sin ser auditado por un órgano autónomo que determine si en su operación hay o no corrupción. Arturo Rodríguez García | PROCESO

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