La comunidad indígena de San Dionisio del Mar, Oaxaca presentan un escenario poco favorable frente al COVID-19 gracias a las refresqueras que les quitaron el agua, la gran cantidad de aultos mayores y la falta de acceso a servicios de salud.
En este pueblo de las lagunas del Pacífico, donde la mayoría de sus habitantes se adscribe a la etnia huave, la diabetes pasó de ser una enfermedad de la gente rica de las ciudades a convertirse en la primera causa de muerte en las últimas cuatro décadas.
Casi una tercera parte de los hogares en San Dionisio tiene algún miembro de la familia con diabetes, de acuerdo con una encuesta realizada en 2014 aplicada en 68 hogares en el centro y la periferia del pueblo por Laura Montesi, una antropóloga social que ha investigado la epidemia de obesidad-diabetes en esta región sureña del país. Esto sin contar otros padecimientos asociados como obesidad, hipertensión, síndrome metabólico, enfermedades renales o cardiovasculares.
Al igual que sucede en otras partes del México rural, distintas investigaciones han documentado una estrecha correlación entre el advenimiento de alimentos ultraprocesados y el aumento de enfermedades crónico-degenerativas. Se trata del legado de políticas alimentarias que priorizaron el suministro de comida chatarra en lugar de fortalecer la soberanía alimentaria de estos pueblos con culturas alimentarias propias, aseguró la antropóloga social Laura Montesi.
’Por supuesto, la comida que popularmente se le llama chatarra ha penetrado las comunidades, incluso las más alejadas. De hecho se le llama ‘cocacolización’, pero además de refrescos hay un universo muy amplio de estos alimentos’, afirmó.
En su investigación en San Dionisio, Montesi ha detectado cómo las grandes empresas (refresqueras, cerveceras, panificadoras o de frituras) aprovechan la ’trampa de pobreza’ en la que caen comunidades indígenas, donde la falta de actividades económicas vuelve atractivo el negocio de las tiendas de abarrotes, que son cooptadas por la industria y se vuelven puntos de distribución de sus productos. En contraste, el suministro de agua potable tarda a veces hasta 15 días en llegar, lo que representa una violación a su derecho humano al agua y facilita la penetración de bebidas azucaradas o alcohólicas.
El avance de alimentos ultraprocesados y la sustitución de dietas tradicionales no solo han sido permitidos por el Estado (mediante trato privilegiado a los industriales de la comida, falta de regulación o priorización de la inversión privada), sino que ha sido activamente exacerbado por distintas políticas públicas, de acuerdo con Poder del Consumidor.
Alejandro Calvillo, uno de los activistas más prominentes del país contra la comida chatarra, recordó como ejemplo la Cruzada Nacional Contra el Hambre, que fue la política social insignia del sexenio de Enrique Peña Nieto. Con ella, el Gobierno federal contribuyó a destruir algunas de las redes locales de autosuficiencia, al llevar café en polvo Nestlé a zonas productoras de café o harinas de Maseca a lugares productores de maíz.
’La Cruzada fue irles a meter [a las comunidades] alimentos ultraprocesados’, señaló Calvillo. ’Esta epidemia [de enfermedades crónicas] tiene que ver con la imposición de la chatarra y la desvalorización de nuestros alimentos, donde el Estado le entregó todo a estas grandes corporaciones para que hicieran lo que quisieran y nunca protegió la alimentación de calidad’.
A la vulnerabilidad de las poblaciones indígenas causada por las enfermedades crónicas y la imposición de chatarra por el Gobierno se une la falta de servicios de salud. A muchos de los pacientes diabéticos de San Dionisio del Mar ni siquiera los servicios privados disponibles en Juchitán les parecen suficientes para sanar.
Este conjunto de factores amenaza con traducirse en situaciones críticas, como la de Samuel, un indígena de la etnia zoque que se suicidó el lunes 13 de abril tras recibir un diagnóstico positivo por COVID-19 en el municipio de Ocosingo, Chiapas.
La situación de riesgo en las comunidades indígenas ha sido advertida desde organizaciones indígenas locales hasta la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Vaticano.
En un comunicado en su sitio web sobre el COVID-19, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió que los pueblos indígenas del mundo ’corren un riesgo desproporcionado’ ante la pandemia por factores como la falta de acceso a sistemas de vigilancia, servicios sanitarios y médicos, así como por la inseguridad alimentaria derivada de su pérdida de tierras y estilos de vida tradicionales, que los obliga a ocuparse en economías de subsistencia.
Conscientes del riesgo que representa esta pandemia, en San Dionisio del Mar, al igual que en otros pueblos de Oaxaca y el sur de México, las autoridades han tomado la decisión de cerrar las entradas incluso a los propios paisanos que trabajan en Cancún o Estados Unidos, quienes en su mayoría han perdido el empleo y prefieren volver a sus hogares para no pagar el alquiler en sus localidades de trabajo. uan Mayorga | SIN EMBARGO
