Debido a la detección de múltiples irregularidades con respecto a las obligaciones asumidas en la operación del servicio público de transporte de pasajeros mejor conocido como Tuzobús, el gobierno de Hidalgo retomó el control del Sistema, mismo que se encontraba en posesión de la familia Monzalvo.
Las inconsistencias fueron detectadas en el Contrato Temporal celebrado en marzo 2022 con la empresa Líneas Urbanas y Suburbanas de Pachuca, la cual es propiedad de los hermanos Oscar, Julio César y Guillermo Ángel, todos de apellidos Monzalvo Destunis, además de Guillermo Monzalvo Chavarría.
Desde hace una década, versiones periodísticas han evidenciado que la familia contaba con más de 160 concesiones entre transporte individual (taxis) y colectivo (camionetas).
La intervención fue decidida con base en el compromiso que el gobierno de Julio Menchaca tiene con el combate a la corrupción y a las malas prácticas de aquellas empresas que vulneren en forma alguna a la ciudadanía hidalguense.
Al respecto la titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SEMOT) Lyzbeth Robles Gutiérrez, sostuvo que "Hoy se da un paso más en el combate a la corrupción y un primer gran paso en la transformación del transporte público en el estado de Hidalgo".
Las anomalías detectadas que atentaban contra el bienestar de las y los hidalguenses consisten en cobros excesivos, injustificados e ilegales; flota vehicular incompleta e insuficiencia de conductores, además de falta absoluta de capacitación a los operadores, lo que resultó en 154 accidentes durante este año, 40% más que el año anterior.
El Gobierno de Hidalgo reconoció que sólo existen 75 mil personas usuarias del Tuzobús, es decir, que a 8 años de haberse iniciado su operación, las estimaciones de CTS Embarq e ITDP en México no se han cumplido para trasladar a 150 mil usuarios diarios, quienes junto con Corporación Rehovot y Logit Brasil cobraron 136 millones de pesos en estudios.