En los últimos días, luego de que fuera aprobada la reforma electoral conocida como el ’Plan B’ propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la oposición ha buscado desinformar sobre las modificaciones así como ha organizado manifestaciones alegando que es un riesgo para la democracia del país.
El pasado domingo en varias ciudades del país se manifestaron en contra de la reforma electoral con el fin de reclamar que la Suprema Corte que la invalide el Plan B con el fin de defender a los consejeros del INE.
Sin embargo, lejos de ello, el Plan B que fue aprobado el pasado miércoles en el Senado, busca eliminar los excesos en los que ha caído el Instituto Nacional Electoral (INE), consideró este viernes la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
En un principio, con la reforma buscaban modificar 18 artículos de la Constitución y suponía la transformación más trascendental de las elecciones en México en más de 30 años. Uno de los puntos más polémicos era la creación del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) a partir del Instituto Nacional Electoral (INE). Sin embargo al llegar al Congreso en diciembre pasado, el primer plan fracasó tras no alcanzar los dos tercios requeridos para una reforma constitucional. Sin embargo la segunda propuesta del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) fue aprobada por mayoría simple porque reforma seis leyes secundarias.
Durante rueda de prensa el diputado Mier Velasco presentó un documento denominado ’Dichos vs hechos del Plan B de la reforma electoral’, a fin de aclarar las especulaciones que giran alrededor de estas modificaciones legales.
Aclaró que el objeto de la reforma es acabar con la ’burocracia dorada’ y los dispendios electorales, y este documento tiene como finalidad ser la base para una discusión pública informada, ’a fin de que las y los ciudadanos sepan lo que sí es la reforma electoral frente a la mentira y el discurso de odio que el INE ha estado generando’.
’Algunas y algunos consejeros electorales sostienen que la estructura del INE está en riesgo si se desaparecen las juntas locales y distritales, esto es una falacia. En principio porque la propia reforma, en su artículo 61, establece textualmente que el instituto tendrá órganos locales y distritales", indicó.
’El artículo 33 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) estipula, de forma precisa, que el instituto contará con los mismos 32 órganos locales, mismos que tiene hoy en día y que, asimismo, contará con hasta 300 consejos órganos distritales que serán determinados por el propio instituto’.
Tampoco se pone en riesgo a los módulos de atención ciudadana del INE al dirigirlos a oficinas públicas de los órdenes de gobierno, ni mucho menos la información de las y los ciudadanos.
’La reforma estableció una previsión para que, si el INE desea crear más módulos, estos se instalen preferentemente, en inmuebles del dominio público, que sólo serán operados por el INE, reduciéndose costos asociados por rentas de inmuebles’.
De igual forma, abundó, se especula que desaparece el Programa de Resultados Electorales preliminares, ’es una de las mentiras que más se ha difundido. No desaparece, pues como se hace visible en la reforma, el artículo 219 de la LGIPE no es reformado en ninguna de sus partes. En tal tenor, con la reforma electoral el referido Programa de Resultados Electorales Preliminares se mantiene en los mismos términos en que lo sigue haciendo hasta este momento’.
Por su parte, el diputado Mario Llergo reiteró que las afirmaciones de que desaparecen las juntas locales ’son 100 por ciento falsas; de ninguna manera desaparecen las 32 juntas del INE en cada una de las entidades federativas de nuestro país y de ninguna manera desaparecen, como lo han venido señalando las 300 juntas distritales’.
’Lo único que hace esta reforma electoral ya aprobada por el Poder Legislativo, es reducir esa burocracia dorada, es decir, de las cinco vocalías en cada una de las juntas a sólo tres vocalías, y en cada una de las 300 vocalías de las juntas distritales, pues pasarían de cinco vocalías a sólo una vocalía’.
Por otro lado, la diputada Graciela Sánchez afirmó que la intención de la reforma es el adelgazamiento de la burocracia dorada ’de los Ciritos y Lorencitos’ de las 32 entidades federativas, así como hacer eficientes los procesos electorales.
Entre las modificaciones aprobadas del Plan B están las siguientes:
Los Consejeros del INE así como los magistrados deberán de recibir un salario inferior al del presidente de la República.
Quedó fuera la llamada cláusula de vida eterna, que permitía a los partidos pequeños que participen en coaliciones mantener sus registros y no desaparecer aunque no obtengan 3 por ciento de la votación en comicios presidenciales e intermedios.
Otro de los puntos clave de la iniciativa es la eliminación de los fideicomisos que el Gobierno federal ha calificado como ’ilegales’. Se trata del Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y el Fondo para Atender el Pasivo Laboral, que desde inicio de este año las secretarías de Hacienda y de la Función Pública propusieron eliminar de cara a la Consulta de Revocación de Mandato —para la cual el INE alegó no tener los recursos suficientes para su organización— para ahorrar dos mil 972 millones de pesos.
La iniciativa señala que el Fondo para el Cumplimiento reportó 235 millones y el Fondo para Atender el Pasivo Laboral en 2022 tuvo un saldo de 40 millones de pesos. Una muestra de cómo son empleados estos fideicomisos se dio con la salida de los consejeros Marco Antonio Baños y Benito Nacif.
La nueva iniciativa no modifica las facultades del INE para integrar el padrón y la lista nominal de electores; aunque sí plantea cambios a los procesos de organización electoral y cambiar las fechas de inicio del proceso electoral federal por lo que, de entrar en vigor para 2024, la elección comenzaría la tercera semana de noviembre de 2023.
Se establecen límites para que el INE y el Tribunal Electoral no atenten contra la libertad de expresión de las y los mexicanos.
Las y los mexicanos que vivan fuera del país podrán participar en las elecciones a través del voto electrónico.
Las personas que se encuentren en prisión preventiva o en estado de postración tienen garantizado su derecho al voto.
