La exsecretaria de Finanzas Jessica Blancas Hidalgo perderá 10 mil metros cuadrados de terreno además de una importante inversión en un inmueble, si el gobernador del Estado Julio Menchaca Salazar decide aplicar la Ley y ordenar un reverso al convenio de donación de predio del que fue beneficiada en 2021, ya que de acuerdo con el personal de Milka, fueron desalojados para darle un uso distinto al inmueble que se dedicaba a dar atención a 48 niños en estado de vulnerabilidad.
La historia detrás de la apropiación del predio a través de palancas e irregularidades
Para apropiarse de un predio comprendido por una hectárea en Campo de Aviación 1, en la zona SEPH, la extitular de Finanzas del gabinete de Omar Fayad, auxiliándose del poder que tenía, ideó un plan en dos etapas que hasta ese momento creyó era perfecto. Grave error.
Y es que como primera parte de su plan, Blancas Hidalgo movió sus influencias para que el entonces gobernador Omar Fayad Meneses, el secretario de Gobierno Simón Vargas Aguilar, y el Oficial Mayor Martiniano Vega Orozco publicaran un decreto para que la fundación que lleva el nombre de su madre y que obedece al título de Delia Hidalgo by Milka se hiciera de un predio de 3 mil metros cuadrados mediante donación en Campo de Aviación 1, en Venta Prieta, solicitud que realizó apenas 5 días después de haber sido constituida la Asociación Civil.
Fue así que la asociación fundada apenas el 15 de julio de 2021 remitió un oficio a nombre de Ana María González Hernández el 20 del mismo mes -5 días después- hacia el gobierno de Hidalgo, apurándose Martiniano Vega a hacer lo conducente para instruir a la Coordinación Jurídica, 3 días después de recibido, la elaboración y publicación del decreto gubernamental.
Así pues, sólo 8 días después de haber sido constituida, la Fundación Delia Hidalgo by Milka ya contaba con la certeza jurídica de un predio que le costó cero pesos, simplemente esperando la publicación que finalmente apareció en el Periódico Oficial del Estado (POEH) el 16 de agosto.
Consumado lo anterior, la Secretaria no se conformó con sólo 3 mil 050.611 metros cuadrados de terreno, pues su sobrino Iván Ariel Gutiérrez Chincolla ingresó una solicitud el 8 de marzo de 2022, dirigida al entonces gobernador, para contar con un predio de al menos 7 mil metros cuadrados.
Nuevamente apareció la mano de Martiniano Vega y éste agilizó le fueran comercializados 7 mil 465.32 metros cuadrados. La característica de este predio es que se encuentra justo atrás del donado a la Fundación Delia Hidalgo by Milka, es decir, que no necesitó de una ruta de acceso alterna derivado de que el propietario sería el mismo: Delia Jessica Blancas.
Allí iniciaría la segunda parte del perverso plan, sin embargo.
Una puñalada en la espalda a su “socia”
Ana María González Hernández lleva al menos 6 años laborando en la atención de niños con problemas de atención, para lo cual constituyó la Asociación Milka. En algún momento comenzó a colaborar con Laura Elizabeth Chincolla Hidalgo, hermana de la Secretaria.
Allí fue donde habría llegado la propuesta de ser “socia” de Blancas Hidalgo en una nueva agrupación, la cual incorporó al nombre de Milka que tenían ideado para la fundación.
Para darle certeza sobre su participación la involucraron con el 50% de participación en el acta constitutiva e incluso le otorgaron la representación legal. González Hernández habría aceptado con tal de brindar una atención digna a los niños con problemas intelectuales.
Lo que no sabía Ana María es que más que una socia, lo que requería Jessica Blancas era una prestanombres.
Fue así que una vez conseguida la donación del predio de 3 mil metros y la autorización para adquirir los otros 7 mil (1.05 has en total), la figura de González Hernández ya no era necesaria ni tampoco los niños con discapacidad intelectual.
El pasado 9 de noviembre se presentaron los trabajadores y los padres de los niños -junto con los infantes- a recibir terapia, siendo ese el momento en que se les notificó que no volverían a tener actividades hasta el 22 de noviembre.
Al preguntar sobre la causa, se le mencionó que ya no sería representante de la Fundación, que sus poderes habían sido removidos -sin su conocimiento- y que al inmueble se le daría otro uso, por lo que quienes quisieran seguir laborando, ahora lo harían bajo el mandato de otra agrupación, en instalaciones distintas -improvisadas- y que para recibir une beca del 100% de los costos de atención debían renunciar los padres de familia al esquema actual.
Cuando González Hernández expresó su inconformidad con la directora administrativa (Chincolla Hidalgo), recibió una llamada de Jessica Blancas donde le fueron conferidas amenazas.
Ante la inconformidad, los padres de familia decidieron cerrar las vías que llevan a la carretera México-Pachuca, solicitando así la intervención del actual gobernador Julio Menchaca.
El plan fallido
Las cosas no salieron bien para Jessica Blancas. Primero porque no contaba con la molestia de los padres de familia, quienes fueron leales a la labor de González Hernández y rechazaron su propuesta, convocando además a los medios de comunicación para enterarlos de la situación. Y después porque la exsecretaria de Finanzas no jugó bien sus cartas y cometió un error garrafal en su falta de paciencia por darle un uso lucrativo al predio.
Explícitamente el decreto puntualiza: “Si el donatario diere al bien inmueble, un uso distinto al presente decreto, sin la previa autorización del Ejecutivo del Estado, o bien, en el plazo de dos años, contado a partir de la Celebración del contrato de Donación respectivo, no se utilizare con el propósito convenido, se revertirá al Estado con sus accesorios y mejoras”.
Es así que como no se cumple con la condición de darle el uso al predio por el que fue donado ni haberse cumplido los dos años del contrato de donación, Julio Menchaca puede revertir la donación previa, lo que además dejará inutilizables los otros 7 mil metros vendidos, pues se encuentran justo atrás de la Fundación y no cuentan con vía de acceso independiente que no sea cruzando el primero. Aunado a ello, la reversión expropiará las instalaciones asentadas en el terreno donado, que pasarán a ser del Estado, sin ninguna responsabilidad de indemnización para sus inversores.
