Las pruebas de laboratorio son más accesibles que nunca. Muchas de ellas no requieren receta o indicación médica. Basta con que una persona se presente en condiciones adecuadas y pague. Pero en situaciones de emergencia sanitaria, en que las pruebas sirven para generar información epidemiológica de calidad, la discrecionalidad de los laboratorios puede suponer gastos innecesarios, además de fallas en los procedimientos avalados por las autoridades de salud pública.
’Hay una gran discusión sobre las pruebas, en general, de los laboratorio clínicos. De haber sido una herramienta para la práctica de la medicina, se han convertido en un instrumento comercial porque se abrió el acceso para que la gente vaya directamente a hacerse pruebas de lo que quiera sin requisitos médicos’, dijo a SinEmbargo el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez.
Para el especialista en microbiología y parasitología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), lo anterior tiene ’implicaciones importantes’ que van desde el costo, hasta la falta de procedimientos homologados entre los sectores público y privado, que pudiera dificultar la obtención de resultados clínicos confiables.
’¿Quién pide esas pruebas? ¿Por qué las pide y qué hará con los resultados? Ese es el tema de fondo en este asunto. Cuando tú pides una prueba de COVID-19, más allá de saber exactamente si tu paciente tiene eso o no, el resultado de la prueba debe de incluir varias acciones de salud pública’.
De acuerdo con el Lineamiento Estandarizado para la Vigilancia Epidemiológica y por Laboratorio de la Enfermedad Respiratoria Viral actualizado a mayo de 2020, el proceso de detección y seguimiento de casos sospechosos inicia con un procedimiento de identificación; es decir, que la persona tenga signos y síntomas relacionados con la enfermedad.
En términos técnicos, una persona que podría portar COVID-19 es aquella que en los últimos siete días presentó dos de tres síntomas principales (tos, fiebre y cefalea) acompañados de al menos uno de los siguientes signos: disnea (dato de gravedad), artralgias, mialgias, odinofagia o ardor faríngeo, rinorrea, conjuntivitis y dolor torácico.
Cuando un paciente está bajo sospecha, las autoridades públicas sugieren ’establecer diagnóstico a través de consulta médica rutinaria’; y una vez hecho el diagnóstico, ’elaborar el estudio epidemiológico de caso sospechoso para Enfermedad Respiratoria Viral’, que incluye la toma de muestra por parte de personal capacitado.
Muchos laboratorios privados cumplen con este proceso de diagnóstico previo, ya sea solicitando receta o indicación médica, o haciendo valoraciones antes de tomar la prueba. Empero, existen casos en que no exigen indicaciones médicas y en que no hay un proceso de valoración.
SinEmbargo llamó a 10 laboratorios que están o dicen estar avalados por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE). Sólo dos de ellos solicitaron llevar receta médica. Del resto, dos mencionaron la realización de una valoración clínica previa, dos más refirieron la aplicación de un cuestionario, uno solicitó la presencia de síntomas, además de tres que sólo pidieron concertar una cita y el pago de la prueba de coronavirus.
“Hay dos maneras para poder solicitar una muestra COVID-19. Una es de manera institucional y otra es de manera particular”, dijo a este medio digital una doctora de la Secretaría de Salud capitalina que solicitó mantener su anonimato.
Para la especialista en gestión de hospitales y salud pública, mientras que las instituciones de gobierno solicitan “forzosamente” la existencia de sintomatología para realizar las pruebas de laboratorio, en el sector privado no siempre sucede así.
Al igual que el doctor Rodríguez Álvarez de la UNAM, la médico explicó que la falta de aplicación de requisitos previos, aunque no es grave y responde a la disponibilidad de recursos, pudiera indicar que no se están tomando en consideración todas las disposiciones legales y/o avaladas por las autoridades sanitarias y que, como consecuencia, no existe garantía de cumplimiento de procedimientos en toda la cadena de detección de casos.
Fallas y riesgos
La especificidad del diagnóstico clínico está determinada por los resultados de laboratorio. Por eso, cuando uno solicita una prueba de COVID-19 en instituciones privadas, lo más importante es revisar que éstas estén avaladas por el InDRE, ya que dicho aval “hace que la muestra sea, para fines médico-legales, confiable según los criterios de calidad de la Dirección General de Epidemiología”, explicaron los doctores consultados.
Los lineamientos de dicha Dirección indican que “la vigilancia epidemiológica de la Enfermedad Respiratoria Viral debe enfocarse principalmente en la detección inmediata de casos importados o autóctonos, con la finalidad de prevenir la propagación del virus en la población mexicana”.
Para lograr éste objetivo “es necesario establecer un sistema altamente sensible que detecte los casos sospechosos de Enfermedad Respiratoria Viral que cumplan con la definición operacional en cualquier unidad de salud (pública o privada), con la finalidad de detonar las acciones de vigilancia epidemiológica y por laboratorio, atención, prevención y control correspondientes, dirigidas a eliminar los riesgos de transmisión del padecimiento”.
Con falta de sintomatología o diagnóstico previo a las pruebas de laboratorio, hay gente que asume gastos que van de 3 a 8 mil pesos en instituciones privadas. Pruebas que consumen tiempo y que en muchos lugares, implica romper con la sana distancia y el aislamiento, ya que algunos de los laboratorios no cuentan con servicio a domicilio u otras formas de tomar muestras sin hacer que la gente vaya a sentarse en salas de espera, sea con cita previa o sin ella.
“Nosotros solamente se realiza la prueba, y hay que llenar un formato otorgando un consentimiento para informar al InDRE en caso de que sea positivo”, dijo una de las operadoras de un laboratorio al que llamó SinEmbargo, cuando fue increpada sobre los requisitos para solicitar una prueba de COVID-19.
Además del gasto y el riesgo de contagio en una sala de espera, la falta de requisitos previos a la prueba de laboratorio implica que no se están cumpliendo los mismos protocolos en los sectores público y privado. Esto supone la posibilidad de fallas de rigor en el cumplimiento de procedimientos avalados por las autoridades de salud pública en tiempos de emergencia sanitaria, y genera dudas con respecto a la cadena de valoración para detectar casos y evitar la propagación de la enfermedad. Efrén Flores | SIN EMBARGO
