Proponen morenistas reforma constitucional local para incluir al Ejecutivo como sujeto de juicio político


Las sanciones podrían ser destitución e inhabilitación, desde uno y hasta 20 años.

Proponen morenistas reforma constitucional local para incluir al Ejecutivo como sujeto de juicio político

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Abril 16, 2019 02:15 hrs.
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COMUNICADO › Emmanuel Ameth Noticias

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COMUNICADO

En virtud de que en la Cuarta Transformación que vive México e Hidalgo todo servidor, sin excepción, debe tener un desempeño ejemplar y responder ante los ciudadanos por su actuar público, las y los diputados de Morena Doralicia Martínez Bautista, Lucero Ambrocio Cruz y Armando Quintanar Trejo presentaron una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 150 de la Constitución Política estatal para incluir al gobernador estatal como sujeto de juicio político.
Además, el proyecto precisa que la sanción que se impondrá mediante juicio político consistirá en destitución del servidor público. También podrá imponerse inhabilitación para el ejercicio de empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza o forma de contratación en el servicio público, desde uno hasta 20 años.

Durante los trabajos de la 44 sesión ordinaria de la LXIV Legislatura, diputados morenistas detallaron en la exposición de motivos que el 18 de septiembre de 2017, el estado de Hidalgo suprimió de forma definitiva el fuero constitucional, por lo cual, en la actualidad, todo servidor público responde por la comisión de delitos del fuero común en términos de la legislación penal vigente, sin gozar de inmunidad procesal que le otorgue privilegios o prerrogativas en materia jurídica.

Añadieron que el artículo 150 de la Constitución local es claro al establecer quiénes son sujetos de juicio político, y es notoria la ausencia en dicho listado del gobernador del estado.
’En un acto de congruencia con el reclamo social y entendiendo que no existe justificación alguna para excluir al gobernador de la posibilidad de ser sujeto de juicio político, ya que todo servidor, sin excepción, debe tener un desempeño ejemplar y responder ante la ciudadanía por su actuar público, es que en esta iniciativa se propone incluir al gobernador del estado como sujeto susceptible de responsabilidad política’, mencionaron.

La estrecha relación entre estado y sociedad es fundamental para que las leyes sean conforme a la necesidad de los ciudadanos y a los supremos intereses colectivos, por lo que en cada sociedad deben existir los mecanismos que impidan que los protagonistas del poder público puedan hacer mal uso de sus funciones.

Los legisladores destacaron que, en la entidad, el sistema de responsabilidades de los servidores públicos está previsto en el Título Décimo de la Constitución, que comprende los artículos del 149 al 154. Dicho sistema implica la responsabilidad política, penal y administrativa, así como la responsabilidad relativa por hechos de corrupción.

La responsabilidad política, explicaron, también conocida como responsabilidad frente al Estado, es aquella que deriva cuando los servidores públicos, en el ejercicio de sus funciones, incurran en actos u omisiones que perjudiquen los intereses públicos fundamentales o a su buen despacho.

’La sociedad exige ahora claridad en las leyes y compromiso de parte de los funcionarios públicos, que le garanticen un manejo transparente de los recursos públicos y un irrestricto respeto al estado de derecho’, apuntaron. ’A cada uno de los congresos estatales corresponde emitir las normas reguladoras para la aplicación de las sanciones de destitución e inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público’, dijeron.

Como referencia, los diputados citaron la Constitución Política de la Ciudad de México, la cual prevé en su artículo 71 que toda persona que ocupa un cargo de elección popular será sujeto de juicio político por violaciones graves a la Constitución local y a las leyes que de ella emanan, así como por el manejo indebido de fondos y recursos públicos de la Ciudad de México.

Subrayaron que en otras entidades federativas, entre ellas, Aguascalientes, Chiapas, Coahuila, Chihuahua, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tlaxcala y Veracruz, el gobernador es sujeto de juicio político, con lo que se garantiza el derecho fundamental a la certeza jurídica, ya que ningún funcionario queda excluido del sistema de responsabilidades previsto.

Enfrentar flagelos sociales como la corrupción e impunidad es uno de los compromisos de la Cuarta Transformación. ’Trabajemos decididamente, desde nuestra alta responsabilidad, para ampliar la cobertura de los servidores públicos sujetos a responsabilidad frente al Estado para prevenir el abuso de poder y promover un Estado de bienestar para todos. Nadie fuera de la ley’, concluyeron los morenistas.

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