Primero decían que militares no sabían construir; ahora, que les robaron la obra


Después de que el el Ejército avanzara en las construcciones que les han adjudicado sin necesidad de subcontratar alguna empresa, CMIC acusa de haberles robado la obra

Primero decían que militares no sabían construir; ahora, que les robaron la obra

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Abril 13, 2021 02:49 hrs.
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Redacción › Emmanuel Ameth Noticias

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La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) indicó que más de 2 mil constructoras del país están en riesgo de desaparecer ante la decisión del gobierno federal de encargar al Ejército proyectos como el aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya, la remodelación de hospitales y la construcción de las sucursales del Banco del Bienestar.

Anteriormente el presidente de CMIC, Francisco Javier Solares, indicó que el Ejército no tenía la capacidad de realizar la construcción de las obras que les han adjudicado, por lo que tendrán que auxiliarse de las empresas privadas.

’Lo que nosotros consideramos es que en primer lugar el Ejército no está diseñado para hacer todas estas actividades y estas responsabilidades, y necesariamente tendremos que participar y colaborar’, afirmó.

Sin embargo en un año el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) lleva un 53% de avance, de acuerdo con Sedena, por lo que ahora la Cámara acusa al gobierno de que les están quitando las construcciones.

’Nosotros estimamos que esto está afectando a muchas empresas, quizá del orden de 2 mil, no es un cálculo preciso, pero la afectación es en general para la industria, de ese orden pudiéramos tener un impacto general para todas las empresas constructoras’, dijo, Francisco Solares Alemán, presidente nacional de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).

Además, BBVA en su Informe Situación Inmobiliaria México, anticipó que durante el año el valor bruto de la producción en obras de comunicaciones y transporte, energética e hidráulicas se mantendrá a la baja por la falta de inversión.

Detalló que tan solo al inicio del 2021, estos tres rubros registraron una caída de 40, 30 y 2 % en su valor bruto de producción, respectivamente.

’La infraestructura se mantendrá rezagada. Estimamos que esta tendencia se mantendrá durante 2021, ya que la fuerte inversión requerida difícilmente llegará ante la poca certidumbre y la inhibición a la participación del sector privado sobre todo en el sector energético’, mencionó BBVA en su reporte.

Eduardo de la Peña, socio de Infraestructura y Proyectos de Capital de Deloitte, agregó que un verdadero plan estratégico de infraestructura y la iniciativa de sumar al sector privado será clave para reactivar a la industria durante la pandemia. ’En México, la participación privada en cuanto a financiamiento de infraestructura es como de un 20 o 25%, cuando en otros países es más o menos el 45’, concluyó.

En 2020 la inversión total en proyectos de infraestructura registrados en todo el país –que incluyen carreteras, puertos, aeropuertos, obras energía e hidrocarburos, ferroviarias y de agua potables–, alcanzó los 49 mil 232 millones de pesos, de los cuales apenas 4% corresponde a la participación de estas pequeñas empresas, de acuerdo con datos de la CMIC.

Comentó que tan sólo en 2020, la CMIC registró el cierre de 9 mil empresas afiliadas a la cámara, luego que al menos unos 2 mil negocios tuvieran que ‘bajar la cortina’ tras quedarse sin liquidez, personal o proyectos a raíz de la emergencia sanitaria.

Ana Laura Burciaga, presidenta de la Asociación Mexicana de la Industria del Concreto Premezclado (AMIC), que representa a más de 50 empresas de concreto y cemento, entre ellas a Cemex, Apasco y Moctezuma, afirmó que la falta de obras significativas de infraestructura eliminó hasta una tercera parte el consumo de concreto.

’Todavía estamos por alrededor de una pérdida de un 30% del consumo de concreto que no hemos recuperado, tenemos números que hace mucho no se veían y un gran impacto es el de la falta de la inversión extranjera en la construcción, en nuevos desarrollos, inversiones y conjuntos industriales’, aseveró.

Agregó que, para la asociación, con una capacidad instalada de hasta 800 plantas en el país, es urgente participar en la construcción de infraestructura que se ha frenado desde el año pasado con las restricciones sanitarias y la poca apertura a nuevos proyectos por parte de la iniciativa privada.

’El gobierno está llevando a cabo grandes obras como el aeropuerto de Santa Lucía, la Refinería, el Tren Maya, pero en los estados se ven pocas obras de gran magnitud, carreteras, ampliaciones de los puertos, desarrollo dentro de las ciudades, nuevas rutas, están totalmente detenidas y eso ha impactado’, añadió.

Una de las razones por las que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha descartado el uso de empresas constructoras para diversos proyectos federales — como la construcción de carreteras a cabeceras municipales— ha sido la corrupción.

’Ni imaginar que con el sistema de antes de contratación de obras se iba a poder terminar un cuartel en tres, cuatro meses y en 25 millones de pesos. Desgraciadamente, durante el periodo neoliberal se corrompieron también las empresas constructoras, al grado que tenían más abogados que ingenieros, porque eran muy buenos para el litigio, no para la construcción, muy buenos para el influyentismo y desde luego muy buenos para robar’, dijo en febrero de este año.

Sus alternativas son recurrir a la autoconstrucción o a la participación de los ingenieros militares. Sin embargo, administraciones anteriores han hecho lo mismo y aún así han habido irregularidades.

Entre 2007 y 2018, durante los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, la Sedena realizó 851 obras encargadas por administración directa. E medio de comunicación El Universal realizó una revisión a 17 de ellas y encontró que se destinaron 891 millones de pesos a contratar empresas proveedoras de bienes y servicios a más de cien empresas que tuvieron inconsistencias.

Ninguna de las empresas estuvo inscrita a un padrón de proveedores, 20 fueron creadas sólo para las obras, nueve se disolvieron después del contrato, siete no cuentan con registro en la Secretaría de Economía y tres más han sido sancionadas por la Secretaría de la Función Pública.Con información de Fernando Navarrete | EL FINACIERO

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