Prepara la 4T denuncias contra los exfuncionarios de Capufe


Ya reunieron la información para dar seguimiento a denuncias contra exfuncionarios de Capufe por desviar recursos públicos

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Diciembre 13, 2019 14:28 hrs.
Política Nacional › México Ciudad de México
Miguel Badillo / CONTRALÍNEA › Emmanuel Ameth Noticias

En la Secretaría de la Función Pública (SFP) procederán contra exfuncionarios de Caminos y Puentes Federales (Capufe) quienes abusaron de sus cargos para desviar recursos públicos y causar cuantiosos daños patrimoniales al erario, mediante la asignación de contratos con múltiples irregularidades, sobrecostos, obras inconclusas y conflictos de interés.

De acuerdo con información interna de la SFP, son varios expedientes por corrupción en donde estarían involucrados varios exfuncionarios de Capufe, entre ellos por supuesto el exdirector general Benito Neme Sastré, quien por cierto era compadre de Enrique Peña Nieto y es hijo del exgobernador priísta de Tabasco, Salvador Neme Castillo, la tierra del presidente Andrés Manuel López Obrador, lo cual le pone más interés al proceso.

En Capufe, al igual que prácticamente todas las otras dependencias del gobierno anterior, se movía una estructura de corrupción muy bien aceitada, en donde sus directivos asignaban contratos sin licitar a amigos y compadres a cambio de comisiones y sobornos; además, desviaban ingresos por el cobro de telepeaje e interoperabilidad, así como saldos de la red propia de todo Capufe.

Por ejemplo, uno de los mayores escándalos de Capufe que la prensa documentó desde el año pasado (Proceso, Jenaro Villamil) refiere, según el expediente en poder de la SFP, que en la auditoría al contrato de outsorcing otorgado a la empresa Servicios Integrados Trujillo Romano, SA de CV, por más de 2 mil millones de pesos en la contratación de 4 mil empleados, hubo un daño patrimonial por 38.5 millones de pesos, al incrementar la cifra de trabajadores que nunca se presentaron a laborar, es decir aviadores o nombres de personas inexistentes.

El expediente oficial explica entre los hallazgos encontrados por la auditoría que los 38.5 millones corresponden a ’concepto de sueldos pagados y no devengados’.

Además, la empresa Servicios Integrados Trujillo Romano presentó documentación apócrifa para que Capufe le asignara el contrato, como es el una carta de Banco Santander en la que supuestamente respalda financieramente al proveedor con 450 millones de pesos; otro contrato apócrifo celebrado supuestamente con la empresa Mex Mode y una carta cumplimiento del mismo; un contrato más falso celebrado con la empresa MHA, SA de CV; varios comprobantes de aplicación de pago de cuotas obrero patronales, aportaciones y amortizaciones; importes de facturas falsas presentadas por el proveedor para acreditar la adquisición de equipo informático requerido para la prestación del servicio, mismos que no coinciden con los registrados en el portal del SAT, y también una relación apócrifa del personal presentado en la propuesta técnica que asegura tener una plantilla para proporcionar el servicio, sin embargo, en el IMSS no aparece la empresa como su patrón.

Por si lo anterior fuera poco, el expediente de Función Pública indica que Capufe no desechó la propuesta técnica a pesar de que el proveedor no cumplió con otros requisitos; también, contrató personal administrativo que no cumple con el objeto del contrato ni el perfil requerido.

Un segundo caso de daño patrimonial descubierto por la SFP a la administración de Capufe en el gobierno de Peña Nieto, asciende a 36 millones de pesos por el sobrecosto en la construcción de la carpeta de concreto hidráulico correspondiente al tramo de la carretera Monterrey-Nuevo Laredo.

Un tercer caso de irregularidades en Capufe corresponde a los ingresos por tepeleaje e interoperabilidad, cuyo objeto es regular el servicio de telepeaje en las vías generales de comunicación, estableciendo mecanismos que permitan a clientes y usuarios llevar a cabo el cruce de las diversas autopistas o puentes de cuota que integran el Sistema Interoperable a través de una tarjeta TAG única.

En un convenio marco entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Capufe y las 11 principales empresas operadoras, suscrito el 7 de agosto de 2014, con vigencia del 11 de agosto de 2014 al 31 de julio de 2018, con un convenio modificatorio al 31 de marzo de 2019, se descubrió en la auditoría que Pinfra Cobro Electrónico de Peaje, SA de CV, es uno de los cuatro operadores a los cuales se les determinó cuentas por cobrar por ingresos de telepeaje, con cifras a abril de 2018, en donde hay un saldo deudor con la Red de Capufe, la Red Fonadin y Golfo Centro, por la cantidad de 21 millones 953 mil 229.12 pesos, correspondientes al pago de vehículos que portaban el TAG del operador Pinfra.

Al cierre del segundo trimestre de 2018, no se aplicaron las penas convencionales y no se generó la recuperación de las cuentas por cobrar.

Un cuarto expediente abierto en la Secretaría de la Función Pública es por prácticas monopólicas en obra pública de la Autopista del Sol. Se trata de irregularidades por la parcialidad en contrataciones para obras de mantenimiento, estabilización y protección de taludes y terraplenes en tramos carreteros a cargo de Capufe, en particular en el tramo Cuernavaca-Acapulco, lo cual también era investigado por la Comisión Federal de Competencia.

En este caso se presume que están involucrados el exdirector de Infraestructura Carretera, Mauricio Sánchez Woodworth Álvarez Morphy, y el exdelegado regional IV Zona Centro Sur, Roberto Ortega Reyes, contra quienes hay otras denuncias.

En la revisión que hace la SFP a la administración de Capufe en el sexenio anterior, hay varios exfuncionarios sujetos a procedimientos, cargos y conductas:

Roberto Ortega Reyes, exdelegado regional IV, quien faltó a la veracidad en sus declaraciones de modificación patrimonial de 2017 y 2018.

Francisco Javier Moreno Fierros, exsubdirector de Estudios, Proyectos y Desarrollo Tecnológico, por faltar a la veracidad en declaraciones de modificación patrimonial de 2014 a 2018; así como incurrir en un conflicto de intereses al no excusarse de intervenir el 10 de julio de 2015 en la adjudicación de un contrato de supervisión y control de obra en la que tenía un interés personal, toda vez que había un vínculo de negocios con un accionista de la empresa adjudicada.

Entre otros sujetos a procedimiento, cargos y malas conductas relacionadas con la celebración de contratación para la prestación de servicios de limpieza, mediante adjudicación directa en favor de la empresa Reisco, están:

Juan Cerda Ochoa, exdelegado regional III Zona Centro Norte.

María Guadalupe Sánchez Gante, exdelegada regional III Zona Centro Norte.

Delfina Fuentes Pérez, exsubdelegada técnica de la Delegación Regional III Zona Centro Norte.

Genaro Jaime González Villanueva, exsubdelegado de Operación de la Delegación Regional III Zona Centro Norte.

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Afila Función Pública sanciones en contra de exfuncionarios de Capufe
COLUMNA D DESTACADA OFICIO DE PAPEL OPINIÓN SEMANAdiciembre 12, 2019 at 6:59 pm • 0
AUTOR: MIGUEL BADILLO * / @BADILLO_CONTRA

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En la Secretaría de la Función Pública (SFP) ya tienen prácticamente todo listo para proceder en contra de exfuncionarios de Caminos y Puentes Federales (Capufe) que abusaron de sus cargos para desviar recursos públicos y causar cuantiosos daños patrimoniales al erario, mediante la asignación de contratos con múltiples irregularidades, sobrecostos, obras inconclusas y conflictos de interés.




En el despacho de la secretaria Irma Eréndira Sandoval hay varios expedientes con la etiqueta de Capufe que ya son procesados administrativamente para sancionar a los responsables, de acuerdo con la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y también se presentarán las denuncias penales correspondientes ante la Fiscalía General de la República.

De acuerdo con información interna de la SFP, son varios expedientes por corrupción en donde estarían involucrados varios exfuncionarios de Capufe, entre ellos por supuesto el exdirector general Benito Neme Sastré, quien por cierto era compadre de Enrique Peña Nieto y es hijo del exgobernador priísta de Tabasco, Salvador Neme Castillo, la tierra del presidente Andrés Manuel López Obrador, lo cual le pone más interés al proceso.

En Capufe, al igual que prácticamente todas las otras dependencias del gobierno anterior, se movía una estructura de corrupción muy bien aceitada, en donde sus directivos asignaban contratos sin licitar a amigos y compadres a cambio de comisiones y sobornos; además, desviaban ingresos por el cobro de telepeaje e interoperabilidad, así como saldos de la red propia de todo Capufe.

Por ejemplo, uno de los mayores escándalos de Capufe que la prensa documentó desde el año pasado (Proceso, Jenaro Villamil) refiere, según el expediente en poder de la SFP, que en la auditoría al contrato de outsorcing otorgado a la empresa Servicios Integrados Trujillo Romano, SA de CV, por más de 2 mil millones de pesos en la contratación de 4 mil empleados, hubo un daño patrimonial por 38.5 millones de pesos, al incrementar la cifra de trabajadores que nunca se presentaron a laborar, es decir aviadores o nombres de personas inexistentes.

El expediente oficial explica entre los hallazgos encontrados por la auditoría que los 38.5 millones corresponden a ’concepto de sueldos pagados y no devengados’.

Además, la empresa Servicios Integrados Trujillo Romano presentó documentación apócrifa para que Capufe le asignara el contrato, como es el una carta de Banco Santander en la que supuestamente respalda financieramente al proveedor con 450 millones de pesos; otro contrato apócrifo celebrado supuestamente con la empresa Mex Mode y una carta cumplimiento del mismo; un contrato más falso celebrado con la empresa MHA, SA de CV; varios comprobantes de aplicación de pago de cuotas obrero patronales, aportaciones y amortizaciones; importes de facturas falsas presentadas por el proveedor para acreditar la adquisición de equipo informático requerido para la prestación del servicio, mismos que no coinciden con los registrados en el portal del SAT, y también una relación apócrifa del personal presentado en la propuesta técnica que asegura tener una plantilla para proporcionar el servicio, sin embargo, en el IMSS no aparece la empresa como su patrón.

Por si lo anterior fuera poco, el expediente de Función Pública indica que Capufe no desechó la propuesta técnica a pesar de que el proveedor no cumplió con otros requisitos; también, contrató personal administrativo que no cumple con el objeto del contrato ni el perfil requerido.

Un segundo caso de daño patrimonial descubierto por la SFP a la administración de Capufe en el gobierno de Peña Nieto, asciende a 36 millones de pesos por el sobrecosto en la construcción de la carpeta de concreto hidráulico correspondiente al tramo de la carretera Monterrey-Nuevo Laredo.

Un tercer caso de irregularidades en Capufe corresponde a los ingresos por tepeleaje e interoperabilidad, cuyo objeto es regular el servicio de telepeaje en las vías generales de comunicación, estableciendo mecanismos que permitan a clientes y usuarios llevar a cabo el cruce de las diversas autopistas o puentes de cuota que integran el Sistema Interoperable a través de una tarjeta TAG única.

En un convenio marco entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Capufe y las 11 principales empresas operadoras, suscrito el 7 de agosto de 2014, con vigencia del 11 de agosto de 2014 al 31 de julio de 2018, con un convenio modificatorio al 31 de marzo de 2019, se descubrió en la auditoría que Pinfra Cobro Electrónico de Peaje, SA de CV, es uno de los cuatro operadores a los cuales se les determinó cuentas por cobrar por ingresos de telepeaje, con cifras a abril de 2018, en donde hay un saldo deudor con la Red de Capufe, la Red Fonadin y Golfo Centro, por la cantidad de 21 millones 953 mil 229.12 pesos, correspondientes al pago de vehículos que portaban el TAG del operador Pinfra.

Al cierre del segundo trimestre de 2018, no se aplicaron las penas convencionales y no se generó la recuperación de las cuentas por cobrar.

Un cuarto expediente abierto en la Secretaría de la Función Pública es por prácticas monopólicas en obra pública de la Autopista del Sol. Se trata de irregularidades por la parcialidad en contrataciones para obras de mantenimiento, estabilización y protección de taludes y terraplenes en tramos carreteros a cargo de Capufe, en particular en el tramo Cuernavaca-Acapulco, lo cual también era investigado por la Comisión Federal de Competencia.

En este caso se presume que están involucrados el exdirector de Infraestructura Carretera, Mauricio Sánchez Woodworth Álvarez Morphy, y el exdelegado regional IV Zona Centro Sur, Roberto Ortega Reyes, contra quienes hay otras denuncias.

En la revisión que hace la SFP a la administración de Capufe en el sexenio anterior, hay varios exfuncionarios sujetos a procedimientos, cargos y conductas:

Roberto Ortega Reyes, exdelegado regional IV, quien faltó a la veracidad en sus declaraciones de modificación patrimonial de 2017 y 2018.

Francisco Javier Moreno Fierros, exsubdirector de Estudios, Proyectos y Desarrollo Tecnológico, por faltar a la veracidad en declaraciones de modificación patrimonial de 2014 a 2018; así como incurrir en un conflicto de intereses al no excusarse de intervenir el 10 de julio de 2015 en la adjudicación de un contrato de supervisión y control de obra en la que tenía un interés personal, toda vez que había un vínculo de negocios con un accionista de la empresa adjudicada.

Entre otros sujetos a procedimiento, cargos y malas conductas relacionadas con la celebración de contratación para la prestación de servicios de limpieza, mediante adjudicación directa en favor de la empresa Reisco, están:

Juan Cerda Ochoa, exdelegado regional III Zona Centro Norte.

María Guadalupe Sánchez Gante, exdelegada regional III Zona Centro Norte.

Delfina Fuentes Pérez, exsubdelegada técnica de la Delegación Regional III Zona Centro Norte.

Genaro Jaime González Villanueva, exsubdelegado de Operación de la Delegación Regional III Zona Centro Norte.

Gustavo Aguilar Rojo, exsubdelegado de Administración de la Delegación Regional III Zona Centro Norte.

Justo Pulido Gallegos, exsubdelegado de Operación en la Delegación Regional III Zona Centro Norte.

Manuel Alejandro Espinosa Macías, exsubdelegado Técnico en la Delegación Regional III Zona Centro Norte.

Jorge Luis Cabral Solís, exsuperintendente de Recursos Materiales, adscrito a la Delegación Regional III Zona Centro Norte.

Zugel de Jesús Lavalle Arres, exadministrador de Plaza de Cobro de la Delegación Regional III Zona Centro Norte.

Otros exfuncionarios sujetos a procedimientos, cargos y conductas son:

Cindy Yoshu Castillo Rentería, exsubdirectora de Recursos Materiales y Servicios Generales, quien supuestamente incurrió en omisión de cumplir con la función de administrar el proceso de contratación del servicio administrado de equipo de cómputo para Capufe al término del convenio 5500008030, con vigencia del 1 al 27 de noviembre de 2017, correspondiente al contrato 4500021249 del 16 de abril de 2014, celebrado con la empresa Ofi Store, SA de CV.

Leonardo Gurría Campos, exsubdirector de Tecnologías de Información, quien incurrió presuntamente en la omisión de cumplir con la función de planear y dirigir el desarrollo, actualización y mantenimiento de la infraestructura de tecnologías de la información y comunicaciones de Capufe, en virtud de que no realizó las gestiones para la nueva contratación del servicio de cómputo.

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