Más allá de las consecuencias mediáticas, la noticia de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) halló irregularidades por más de mil millones de pesos durante la administración de Alejandro Moreno ’Alito’ en Campeche, actual presidente nacional del PRI, sirvió para amordazar al representante partidista y que este en respuesta aceptara fraguar la desaparición del partido.
Simpatizantes del PRI han manifestado que su Consejo Nacional fraguó reformas a estatutos por medio de las cuales se le brinda a la dirigencia del PRI la facultad de designar ’por dedazo’ a los competidores en las diversas contiendas políticas sin la necesidad de consensuar con las fuerzas políticas locales; además, concentrarán en sus manos también los recursos nacionales y estatales.
Si bien las reformas serán impugnadas ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, destacaron como incongruente que una dirigencia que llegó a través de la democratización del partido, ahora se quiera asumir como única autoridad para designar, incluso, a los candidatos presidenciales y a las gubernaturas.
La sesión en la que se aprobaron las ’modificaciones’ de las que no se encontraban enterados, también habrían sido fuera de la Ley, pues no tienen reglamentado realizar este tipo de cambios de manera virtual, saltando también procesos internos que se encuentran definidos para la participación de las bases.
A Alito Moreno también se le ha unido Rubén Moreira para entregar el partido a Andrés Manuel López Obrador (AMLO), como sucedió en la votación de instaurar un periodo extraordinario que permitiera votar iniciativas de Morena.
La comercialización de candidaturas ’débiles’ en el territorio nacional obedecería al canje de la investigación de la ASF sobre la inversión de mil 68 millones de pesos para la remodelación de los puertos en Isla de Carmen y Seybaplaya, misma que se realizó a través de la Administración Portuaria Integral de Campeche (Apicam).
La Auditoría detalló que hasta el día de hoy no se observan las obras, ni el recurso presupuestado, por lo que el recurso deberá ser reintegrado a las arcas federales y para ello o la dirigencia nacional priista pedirá ’moches’ a quienes aspiren a un cargo de elección para su imposición en comicios locales, o bien, canjeará a quienes las encabecen para evitar la acción de la justicia.
