Jueces y magistrados federales buscan alternativas legales contra la inminente reducción de salarios que marca la recién promulgada Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, a la que le ven múltiples fallas.
Según una nota de La Jornada, varios juzgadores en condición de anonimato indicaron que están en la búsqueda de alternativas jurídicas para combatir la disminución salarial, y luchar contra las reformas que se quieren impulsar desde el Congreso para modificar la actual organización del Consejo de Judicatura Federal (CFJ).
Una de las vías legales que vislumbran son los amparos individuales y grupales contra la reducción, pero también consideraron que podrían presentar una controversia constitucional que parta desde alguna institución autónoma o fracción del Poder Legislativo.
En el caso de la controversia constitucional, les tocaría a ellos analizar la legalidad de la manera en que se aprobó la reforma a la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.
Por otro lado, el magistrado federal Carlos Soto, indicó en su cuenta de Twitter algunas de las consideraciones que se deberían tener con la promulgación de esta ley, que fue publicada ayer, 06 de noviembre.
Entre otras cosas, dijo que la ley fue promulgada con antelación, pues si ’se hubiera querido que los ajustes salariales se hicieran conforme al sueldo presidencial según el Presupuesto de Egresos de 2019, la ley debió publicarse el 31 de diciembre de este año para entrar en vigor el primero de enero’.
’Al entrar en vigor la citada ley, estará vigente el sueldo que actualmente recibe el presidente Enrique Peña Nieto (según el Presupuesto de Egresos de 2017). De esta manera, el tope a considerar para salarios judiciales máximos son los que obtiene el actual mandatario de la República, incluyendo todo tipo de bonos, viáticos y demás beneficios, como seguros, etcétera’.
Con esto, no se podrían reducir los sueldazos o se estaría violando el artículo que prohíbe reducir los sueldos de los juzgadores.
Por otro lado, los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se mantendrán ajenos a la discusión pública, ya que de haber controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad, serían ellos los encargados de analizarlas y fallar al respecto.
