Enrique Peña Nieto y Gerardo Ruiz Esparza supieron desde un principio que el Viaducto Bicentenario fue construido sobre una vía de jurisdicción federal, por lo que requería una concesión del Gobierno Federal para su explotación a través del cobro de peaje; sin embargo, tanto a nivel estatal como federal no solicitaron la concesión porque eso habría impedido que OHL la ganara.
Las pruebas recabadas por Gargari forman parte de una investigación en proceso del Gobierno federal y ’serían casi suficientes como para que la Fiscalía [General de la República] pudiera judicializar esta carpeta de investigación’. Esto quiere decir que hay pruebas contundentes para solicitar un proceso penal en contra de Ruiz Esparza y de quienes resulten responsables de los actos de corrupción, explicó el abogado Paulo Díez Gargari.
El 7 de mayo de 2008, el Gobierno mexiquense otorgó a Aleática la concesión para la construcción, explotación, operación, conservación y mantenimiento de la autopista que va del Toreo de Cuatro Caminos en Naucalpan, a Valle Dorado en Tlalnepantla.
’Tanto en la Convocatoria como en las Bases de Licitación se estableció que el Viaducto Bicentenario sería construido sobre el derecho de vía de la autopista México-Querétaro’, que es una vía de uso público y federal que no está sujeta a la posesión definitiva o provisional por parte de terceros como Aleática, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 9 de la Ley de Bienes.
’No obstante lo anterior –dijo Gargari– tanto en las Bases de Licitación como en el Título de Concesión se afirma falsamente que el Viaducto Bicentenario es una infraestructura vial de cuota de jurisdicción estatal’.
A pesar de que Aleática y el Gobierno del Estado de México sabían que no podían operar y/o explotar la vía a través de un tercero y sin una concesión de por medio, ’decidieron cometer el delito previsto en el Artículo 150 de la Ley de Bienes y beneficiarse del mismo’.
En dicho apartado legal se lee que será sancionado con prisión de dos a 12 años y multa de 300 a mil veces el salario mínimo general diario vigente para el Distrito Federal a quien ’use, aproveche o explote un bien que pertenece a la Nación, sin haber obtenido previamente concesión, permiso o autorización, o celebrado contrato con la autoridad competente’.
Asimismo, el Artículo 151 indica que ’las obras e instalaciones que sin concesión, permiso, autorización o contrato se realicen en inmuebles federales, se perderán en beneficio de la Federación. En su caso, la Secretaría ordenará que las obras o instalaciones sean demolidas por cuenta del infractor, sin que proceda indemnización o compensación alguna’.
Como consecuencia, dijo Gargari, lo más importante de este caso sería que el Gobierno federal recuperara el control del tramo vial sin que implique una expropiación, porque Aleática no tiene derechos sobre la vía, además de que las autoridades federales suspendan de manera definitiva o provisional el cobro ilegal de cuotas de peaje, y que se haga justicia castigando a los funcionarios públicos involucrados en los actos de corrupción.
Mediante el oficio 3.-599 de fecha 1 de agosto de 2011, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes federal (SCT) notificó formalmente al entonces titular de la Secretaría de Comunicaciones del Estado de México, Gerardo Ruiz Esparza, que no se tenía constancia de que el Gobierno mexiquense contara con una concesión para explotar el derecho de vía federal ’en los tramos carreteros Naucalpan-Tlalnepantla-Lechería-Ecatepec de la carretera federal México-Querétaro’, que componen al Viaducto Bicentenario, aún cuando en 1973 y 1983 hubo actas de entrega-recepción de diversos tramos carreteros para convenir la conservación y el mantenimiento de la vía por parte de las autoridades estatales.
En ese sentido, el documento señala que a pesar de que el Gobierno estatal tenía autorización para celebrar convenios para la regulación del tránsito, conservación, reconstrucción y ampliación de tramos federales, no tenía permiso para la explotación de las vías federales mediante el cobro de peajes a particulares, mucho menos a través de terceros.
En respuesta al oficio dirigido a Ruiz Esparza con copia al entonces Gobernador Enrique Peña Nieto, Ruiz Esparza informó que ’es un hecho notorio, público y verificable que la vialidad a la que se refiere su ocurso –es decir, el Viaducto Bicentenario– no se encuentra sujeta a explotación alguna, ni a pago de peaje alguno’, se lee en el documento 211A00000/148/2011.
