El exgobernador de Hidalgo José Francisco Olvera Ruíz es el 4to de los últimos exmandatarios hidalguenses en ser investigado por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) luego de los supuestos desvíos cometidos en la Secretaría de Salud durante su gestión y que totalizan más de 335 millones de pesos.
De acuerdo con la información difundida por la ASF, el nombre del exmandatario reluciría también como presunto responsable de los malos manejos que cometieron los exfuncionarios Geraldina García Gordillo y Carlos Alberto García Sánchez, secretaria y subsecretario de Salud en el olverato, respectivamente.
De acuerdo con la información ventilada también por el diario Reforma, la ASF inició un proceso judicial contra Geraldina García y Carlos García Sánchez por un faltante de 335.2 millones de pesos asignados al Seguro Popular y que no fueron gastados ni comprobados en otras partidas como parte del ejercicio 2014.
Luego de agotar requerimientos y recursos, al no poderse comprobar el paradero del dinero transferido por la federación, la ASF continuó con su proceso y ahora ha judicializado el asunto para que las autoridades encargadas de impartir justicia hagan lo conducente para recuperar el monto desaparecido así como para sancionar a los responsables del acto, señalados no sólo los funcionarios directamente responsables de su manejo sino a quienes resulten responsables, apuntando la investigación también hacia Francisco Olvera.
La triada de funcionarios tiene una característica en común en la administración pública: tanto Paco Olvera como Geraldina García fueron presidentes municipales de Pachuca de Soto en tanto Carlos Alberto es hermano del expresidente municipal Eleazar García Sánchez.
De los recursos transferidos en 2014 a la Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH), al menos 335.2 millones de pesos no fueron aplicados conforme su etiqueta de gasto, lo que provocó aclaraciones y demás procedimientos que, al no cumplimentarse ni poder probar qué se realizó con los mismos, derivaron en el proceso que podría llevar a la cárcel a los implicados con el numeral DGRRFEM/D/04/2020/14/316.
Además de la causa anterior, existen al menos otros 266 millones de pesos que permanecen sin comprobar de la administración de Paco Olvera, la cual estuvo marcada por su implicación en fraudes como el de la Estafa Maestra.
Al exgobernador se le suman Miguel Ángel Osorio Chong, Jesús Murillo Karam así como Manuel Ángel Núñez Soto, quienes por diversos actos y en diversas responsabilidades públicas, enfrentas procesos que podrían llevarlos a la cárcel junto a muchos de sus excolaboradores.
En el caso de Osorio Chong es investigado por al menos 9.6 mil millones de pesos usados a discreción aprovechándose de una partida de seguridad nacional, la discrepancia entre sus ingresos y sus bienes reportados, su participación en el caso Ayotzinapa, encabezar una red de corruptelas en las que han sido identificados sus excolaboradores y hasta por beneficiar con diversos contratos a empresas de Genaro García Luna. Hay al menos dos decenas de sus cercanos con órdenes de aprehensión.
Respecto Jesús Murillo Karam existen órdenes de aprehensión contra exfuncionarios que él mismo ingresó a puestos clave y de los cuales se demostró que fueron partícipes de inventar la "verdad histórica" por la matanza de Ayotzinapa. También hay órdenes contra colaboradores suyos por la no justificación de gastos millonarios de la dependencia que encabezó y se investiga también la forma en que familiares suyos obtuvieron contratos millonarios durante el sexenio anterior.
Sobre Manuel Ángel Núñez Soto existen investigaciones sobre los malos manejos que se dieron en la administración del GAIM, los cuales se han vuelto a retomar luego de que la entonces PGR desestimara información de la Policía Federal que le vinculaba con diversos actos fraudulentos y por aprovecharse de su cargo para formar un imperio de desarrollo de viviendas en colusión con otros funcionarios.
