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Otro cercano a Peña es investigado por la 4T


Se hizo público que el otro hombre que podría rendir cuentas a corto plazo es Humberto Castillejos Cervantes quien, aun cuando manejó un bajo perfil, tiene una de las redes políticas y familiares más fuertes del país y fincada en el Estado de México

Otro cercano a Peña es investigado por la 4T

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Agosto 29, 2019 02:36 hrs.
Política Nacional › México Ciudad de México
Daniela Barragán / SIN EMBARGO › Emmanuel Ameth Noticias

Ahora toca el turno de Humberto Castillejos Cervantes. El hombre que fue el Consejero Jurídico de Enrique Peña Nieto de 2012 a 2017, está en la mira de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por la creación de un esquema de extorsión a empresas con cuentas bancarias congeladas en el periodo en el que él formó parte del Gabinete presidencial.

De acuerdo con la información que Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, dio al portal Aristegui Noticias, tres informantes lo alertaron sobre estos presuntos actos operados por Castillejos; así habrían operado cerca de 722 cobros a través de despachos cercanos a Los Pinos.

’El que era el Consejero Jurídico, Humberto Castillejos, operaba todo desde una serie de despachos […], estos eran los despachos que se encargaban de defender a las personas en contra de la UIF’, dijo Nieto al reportero Marcos Martínez Chacón.

Así, Humberto Castillejos se suma a una lista, corta aún, de funcionarios del peñismo que serían investigados, ya sea por la UIF o por la Fiscalía General de la República (FGR): Rosario Robles Berlanga, Gerardo Ruiz Esparza, Emilio Lozoya Austin; José Antonio Meade como implicado en el caso Robles y Juan Collado, que aunque no es funcionario, está ligado al ex Presidente.

Que la UIF investigue a quien ocupó el puesto titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF), durante cinco años, significa que se accederá a la oficina encargada de revisar y validar los decretos, acuerdos y demás instrumentos jurídicos ’que se sometan a consideración del Presidente de la República’, según lo estipulado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

También es el encargado de revisar los proyectos de iniciativas de ley que el Titular del Ejecutivo presenta al Congreso de la Unión, cuidando que estos estén apegados a la Constitución. El mayor ejemplo de las tareas de Castillejos sería la revisión de cada una de las reformas estructurales que se aprobaron y ejecutaron en ese periodo.

Pero detrás de Castillejos Cervantes está también una red de relaciones políticas y familiares, como ocurre con otros integrantes del círculo cercano de Peña Nieto.

Castillejos ocupó el puesto de la consejería jurídica desde el 1 de diciembre de 2012. Entre sus cargos destacan que en 2006, fue coordinador de asesores de Eduardo Medina Mora, cuando éste era Procurador General de la República (PGR).

Luego, en 2008, participó como abogado consultor para la elaboración de la reforma al sistema de Justicia Penal y, de acuerdo con diversos reportes periodísticos, también como defensor privado en un caso de agresión sexual denunciado contra un menor en Oaxaca. En 2011, Castillejos se sumó como coordinador jurídico de la campaña del entonces candidato priísta Eruviel Ávila Villegas y, en 2012, al equipo de transición de Peña Nieto, quien lo nombró Consejero Jurídico desde diciembre de 2012.

En esa oficina, de acuerdo con un reportaje publicado en SinEmbargo, gastó 479.5 millones de pesos en la asesoría y protección legal de Peña Nieto, un presupuesto similar al ejercido en tres años de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Eso costó la nómina de los 108 funcionarios de la CJEF que tuvo a su disposición el político mexiquense para solventar conflictos legales durante su administración. Entre esos asesores, 22 devengaron salarios entre 100 y 211 mil pesos, similares a los de un secretario de Estado o el mismo ex Presidente de la República.

En este periodo, Castillejos, el abogado principal del Ejecutivo, no contó con la cédula profesional de litigante hasta 2015, según una revisión en sus declaraciones patrimoniales ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) y el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Instalada en el Palacio Nacional durante el peñanietismo, la Consejería Jurídica no tuvo la visibilidad de otras dependencias gubernamentales, pero también gastaba y algunas veces sin que ello se justificara en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Por ejemplo, sólo en agosto de 2013, se hicieron seis pedidos de trajes de vestir para dama y caballero a Grupo Vanity y Grupo Lafi por 663 mil 798 pesos. El pedido más grande fue por 165 mil 288 pesos.

El 9 de junio de 2017, renunció sin abundar en las causas. ’El Presidente valora profundamente la lealtad institucional y personal que ha demostrado, así como el desempeño eficaz que el licenciado Castillejos ha tenido a lo largo de su gestión’, destacó la Presidencia en un comunicado.

’Ha sido fundamental en el diseño, construcción, negociación y aprobación de las reformas estructurales. Éstas han dado al país un nuevo marco constitucional […] Como representante jurídico del Gobierno ha defendido eficazmente los intereses de la Federación como lo demuestra el resultado de decenas de juicios en los que ha intervenido’, agregó.

De Castillejos no se supo más, hasta la noticia de las posibles extorsiones dada a conocer el pasado lunes.

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LA FAMILIA DEL CONSEJERO

Dentro de la familia de Castillejos hay otros dos funcionarios que ocuparon puestos clave en la administración pasada: Raúl Cervantes Andrade y Alfredo Castillo Cervantes.

El primero, miembro activo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) desde 1997, Senador de la República desde 2012, fue nombrado el 26 de octubre de 2016 como Procurador General de la República en sustitución de Arely Gómez González, quien fue enviada a la Secretaría de la Función Pública (SFP).

En 2015, su solicitud de licencia al Senado de la República con el tiempo suficiente para poder aspirar a la posición de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) motivó también expresiones de preocupación entre quienes recordaron las denuncias públicas de maltrato físico que hizo su ex esposa, la empresaria juarense Angélica Fuentes Téllez.

Desde 2012, luego del triunfo de Peña Nieto, Cervantes formó parte del Consejo Rector del Pacto por México, acuerdo político signado entre los principales partidos para impulsar el paquete de reformas estructurales que, como la Educativa y la Energética, han sido proyectos clave del actual sexenio. Una vez en el Senado de la República, presidió la Mesa Directiva que condujo la aprobación de las mismas.

Durante su paso por la PGR, tuvo el poder de procesar penalmente a políticos, como los ex Gobernadores César Duarte Jáquez, Javier Duarte de Ochoa y Roberto Borge Angulo, otrora elogiados como el rostro de una “nueva generación” de mandatarios, además de Emilio Lozoya Austin.

El otro primo, Castillo Cervantes, también cuenta con un amplio currículum: ocupó distintos puestos en la PGR, entre el 2003 y el 2007. En 2010, trabajó como Procurador de Justicia del Estado de México (PEGJEM) junto a Peña Nieto, cuando éste era Gobernador.

El siguiente cargo destacado que tuvo fue el de Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, con resultados cuestionables y a pesar de eso, luego fue designado como director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

Para esas alturas sus nombramientos ya eran cuestionados. Durante su administración, la Conade erogó al menos 397 millones de pesos en gastos dispensables durante el sexenio pasado (2013-2018). Dicha cantidad fue 1.8 veces mayor a lo que la dependencia federal invirtió en becas económicas y educativas para deportistas (216.60 millones de pesos) durante el periodo.

UN ÚLTIMO ARREGLO

En un acto jurídico sin precedentes por el desvío de recursos en Chihuahua, la CJEF presentó ante la SCJN una controversia constitucional para evitar las posibles órdenes de aprehensión, arraigo, citatorios, averiguaciones, carpetas de investigación, así como solicitudes de información mediante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).

El argumento: la inconstitucionalidad del artículo 20, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, y el 7 del Código Penal estatal. Bajo esa letra, los gobiernos estatales pueden denunciar delitos del fuero común, pero no del federal. Así, Peña Nieto y los miembros de su gabinete quedaron blindados ante el caso Chihuahua.


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