El juez Faustino Gutiérrez Pérez del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas ordenó dejar sin efecto la orden de aprehensión girada el 4 de octubre del 2022 en contra el exgobernador panista de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca quien era acusado por delincuencia organizada y lavado de dinero.
En el juicio de amparo 2477/2022-2, el juez Faustino Gutiérrez Pérez ordenó dejar sin efecto la orden de aprehensión girada el 4 de octubre del año pasado por Enrique Beltrán, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya, Estado de México, indicando que presenta violaciones al debido proceso contra el exgobernador de Tamaulipas.
’La Justicia de la Unión ampara y protege a (Francisco Javier García Cabeza de Vaca), en el propio expediente 2477/2022-2, en contra de las autoridades y por los actos precisados en los considerandos segundo y cuarto de esta sentencia, por los motivos y para los efectos anotados en los considerandos quinto y sexto de la misma’, determinó el juez.
El 17 de agosto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó la declaración de procedencia que emitió la Cámara de Diputados en contra del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, pero invalidó la orden de aprehensión que emitió en su contra un juez a solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR), al reconocer que el mandatario contaba en ese momento con inmunidad procesal.
La resolución del máximo tribunal dejó sin efecto el proceso penal iniciado por la FGR contra el gobernador panista.
Ante esto, la Fiscalía General de la República (FGR) anunció que apelará la decisión de Faustino Gutiérrez Pérez, juez de Amparo en Tamaulipas, que canceló la orden de aprehensión contra Francisco Javier García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas.
Dijo que la decisión es ’notoriamente alejada del derecho y del más elemental sentido de justicia’, por lo que analizará posibles acciones legales contra el juez Gutiérrez Pérez, quien es ’más que evidente’ que se transformó en ’un agente de la defensa del imputado’.
Remarcó que están acreditadas las conductas que materializan uno de los delitos contemplados en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y la parcialidad del juzgador, quien ni siquiera convocó al agente del Ministerio Público que investigó y judicializó el caso.
