La protección a los exgobernantes que saquearon sus respectivas entidades aún puede quedar impune, pues se identifica al menos a otro ministro que desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, protege los intereses de dichos exfuncionarios para que no pisen la cárcel.
En julio pasado se celebró la boda de la hija de Juan Collado. Al evento, además de muchos otros personajes de la política mexicana, fue notoria la presencia de tres los ministros de la Suprema Corte: Eduardo Medina Mora, Luis María Aguilar y Alfredo Gutierrez Ortiz Mena.
Éste último, podría ser el único blindaje que le queda al priista.
El ministro es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y Maestro en Derecho por la Universidad de Harvard, de la cual recibió, además, el Certificado en Tributación Internacional. La Fundación Fulbright-García Robles le otorgó una beca para sus estudios de posgrado.
En 2012 durante la administración de Enrique Peña Nieto, fue propuesto para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cargo que ocupa desde el 1 de diciembre del mismo año.
Entre otras cosas, votó a favor de liberar a Florence Cassez y el pasado mes de junio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación turnó a una ministra la petición del gobierno del estado de Chihuahua, donde se solicita que tres ministros que asistieron a la boda de la hija del abogado Juan Collado, donde estuvo presente Enrique Peña Nieto, se les declare impedidos en la controversia constitucional que se promovió contra el ex presidente, a quien buscan hacerlo comparecer por supuestamente proteger al ex gobernador César Duarte.
Cabe recordar que sólo días antes de que concluyera la gestión de Enrique Peña Nieto, el ministro Eduardo Medina Mora concedió una suspensión que evitó que la Fiscalía General del Estado de Chihuahua ejerciera cualquier acción contra el ex titular del Ejecutivo Federal, entre ellas, la de detenerlo.
Asimismo, este martes, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó como improcedente el impedimento planteado por el gobierno de Chihuahua para que el ministro pueda resolver la controversia constitucional presentada por el expresidente Enrique Peña Nieto.
La controversia constitucional fue presentada por el entonces titular del Ejecutivo para evitar ser investigado por desvío de recursos, así como su gabinete.
La opinión pública está puesta sobre Gutiérrez Ortiz y los siguientes movimientos que pueda efectuar tras la renuncia de Medina Mora y los procesos de justicia que se impulsan desde la 4T.
