El presidente Joe Biden ha anunciado nuevas regulaciones ejecutivas que facilitarán el camino hacia la legalización para hasta 500,000 inmigrantes indocumentados. La mayoría de estos inmigrantes son mexicanos y están casados con ciudadanos estadounidenses. Para ser elegibles, deben haber vivido en Estados Unidos por al menos diez años y no tener antecedentes penales.
Aunque las regulaciones existentes permiten a los inmigrantes que se casan con ciudadanos estadounidenses solicitar la residencia permanente (una "green card"), muchos indocumentados se ven obligados a salir del país y realizar la solicitud desde un consulado. Hay muchos casos de indocumentados casados con estadounidenses que salen de Estados Unidos con la intención de regresar legalmente pero a quienes no se les permite volver con sus cónyuges e hijos.
Los nuevos procedimientos permitirán que un gran número de cónyuges indocumentados de ciudadanos estadounidenses soliciten la residencia legal, como primer paso hacia la ciudadanía, sin tener que abandonar el país.
El gobierno estadounidense estima que la mayoría de los beneficiarios de este nuevo programa, que no entrará en vigor hasta finales del verano, son personas que han permanecido en Estados Unidos durante un promedio de 23 años y son mexicanos.
’Un setenta por ciento de los estadunidenses apoya este esfuerzo para mantener juntas a las familias. Y la razón es sencilla, abraza el principio estadunidense de que debemos mantener juntas a las familias’, declaró Biden al presentar su iniciativa en una ceremonia en la Casa Blanca donde también anunció nuevas medidas para otorgar permisos de trabajo a adultos indocumentados que llegaron a este país como menores de edad y que ahora han egresado de la universidad en este país.
Parte del contexto del anuncio de estas medidas, reconoció el propio Biden, es la crítica que recibió hace un par de semanas para limitar las solicitudes de asilo en la frontera con México. ’Escuché lo que dijeron, pero toda nación tiene que actuar para asegurar sus fronteras’, explicó. Agregó que ’podemos al mismo tiempo asegurar la frontera y otorgar vías legales para ciudadanos’.
Funcionarios del gobierno de Biden argumentaron que la iniciativa ejecutiva para ayudar a cónyuges de estadunidenses es la medida de protección de indocumentados en este país más grande en 10 años. La medida también incluye la legalización de aproximadamente 50 mil menores de edad indocumentados del esposo/a indocumentada.
El diputado federal por Illinois Jesús Chuy García elogió de inmediato las nuevas medidas. ’El anuncio de hoy del presidente Biden ofrece esperanza y estabilidad para miles de familias de estatus mixto y beneficiarios de DACA, incluidos los de mi distrito. Uno de cada diez niños en Illinois tiene un padre indocumentado’. Agregó que ’es un paso en la dirección correcta, pero no podemos detenernos aquí. Debemos seguir presionando para que se otorguen permisos de trabajo a nuestros inmigrantes que han esperado ayuda durante décadas’.
El senador Chuck Schumer, líder de la mayoría demócrata en la cámara alta, junto con los diputados federales Joaquín Castro y Greg Casar, como una mayoría de organizaciones de defensa y abogacía de los inmigrantes en el país, emitieron comunicados aplaudiendo las medidas anunciadas por la Casa Blanca este martes.
Para algunos, es un paso positivo pero insuficiente. ’Es un aplauso mesurado’, opinó el abogado de migración y analista José Pertierra en Washington. ’Sí va a beneficiar a mucha gente y crea grandes expectativas… pero en esencia es sólo una medida que facilita algo que ya existe’, indicó Pertierra en entrevista con La Jornada. Señaló que aún sigue vigente un programa impulsado por Barack Obama que permite a que los cónyuges de indocumentados solicitar su residencia permanente y legal, aunque con la nueva medida no todos tienen que salir del país para hacer ese trámite. Más aún, no se conocen los detalles legales que condicionarán a quienes pueden solicitar la residencia y cómo cumplir con los requisitos para comprobar estancia y otros documentos para gente que ha sido obligada a vivir de manera clandestina.
De hecho, la mayoría de los 1.3 millones de cónyuges indocumentados de ciudadanos estadunidenses no podrán emplear las nuevas medidas porque o llegaron en los últimos 10 años o tienen algo en su historial criminal. Por otro lado, la organización dirigida por el ex asesor antimigrante del ex presidente Donald Trump, Stephen Miller, anunció de inmediato que buscará anular la nueva medida ante los tribunales -y si procede esa disputa legal tiene el potencial de demorar la implementación de la medida a lo largo del otoño. Por su parte, una vocera de Trump condenó la nueva medida y anunció que será descartada tan pronto llegue su jefe a la Casa Blanca.Con información de LA JORNADA
