La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) de México investigan de forma paralela el gasto de poco más de 44 mil millones de pesos durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, con cargo a una partida especial supuestamente creada para financiar misiones de inteligencia dirigidas a combatir el narcotráfico y que fue operada por el Grupo Hidalgo como sus principales alfiles.
Entre 2013 y 2018, dependencias de seguridad como la Secretaría de Gobernación, encabezada por el exgobernador Miguel Ángel Osorio Chong; el extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), encabezado por Eugenio Ímaz Gispert; y la Procuraduría General de la República, encabezada en un principio por el también exgobernador Jesús Murillo Karam, además de otros órganos donde destaca la participación de Damián Canales Mena, Jorge Márquez Montes y Frida Martínez Zamora, erogaron estos recursos para "misiones y objetivos confidenciales".
El dinero destinado a estos rubros provino de la partida presupuestal 33701, clasificada como "Gastos de Seguridad Pública y Nacional", la cual se convirtió en la principal fuente de ingresos del gabinete de seguridad, entonces encabezado por el secretario de Gobernación Osorio Chong.
La Secretaría a cargo del hoy coordinador de la bancada priista en el Senado fue la principal beneficiada con esos recursos, pues se reporta que recibió hasta 7,000% más dinero de los autorizados inicialmente por el Congreso mexicano.
Por ello, tanto la UIF como la SFP revisan el destino de ese dinero, así como las razones que justificaron gastos por millones de pesos bajo el escudo de confidencialidad definido por la administración de Peña Nieto. También se revisa si estos recursos sirvieron para efectuar pagos irregulares a contratistas privados con la intención de eludir procesos de licitación, informa Milenio.
En 2017, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) consideró que la partida de seguridad nacional era difícil de fiscalizar, por lo cual se prestaba a inconsistencias documentales por la secrecía de los temas que englobaban sus objetivos.
Ese año, tras revisar por única ocasión los recursos erogados para seguridad nacional bajo este concepto, la ASF descubrió que la Secretaría de Gobernación había contratado servicios tecnológicos de manera irregular bajo el argumento de urgencia y secreto, aunque este proceso pudo realizarse con base en una licitación pública.
La partida 33701 empezó a usarse durante el Gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), pero su empleo se disparó en el Gobierno de Peña Nieto. Según El País, en últimos dos años de la presidencia de Calderón el gasto bajo este concepto alcanzó los 5 mil 500 millones de pesos —poco más de 241 millones de dólares—, mientras que durante los últimos dos años de Peña Nieto llegó a 21.500 millones de pesos —alrededor de 943 millones de dólares—.
Entre 2013 y 2018, "Gastos de Seguridad Pública y Nacional" se convirtió en la pieza preferida para dotar de recursos extraordinarios a distintas dependencias de la administración de Peña Nieto.
Entre otros objetivos, la partida se estableció con la intención de financiar con recursos rápidos el pago a informantes y de recompensas, así como otros "gastos imprevistos" en materia de seguridad nacional. Sin embargo, la falta de transparencia en su ejercicio permitió a las dependencias de seguridad ejercer gastos multimillonarios bajo el argumento de combatir a los cárteles de la droga y otras organizaciones criminales.SPUTNIK NEWS
