Durante la conferencia matutina, el gobierno federal exhibió que juzgadores, ministros, jueces así como también la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estarían solapando a grandes contribuyentes, haciendo que su juicio no prospere, con el fin de que no paguen impuestos que en total suman 80 mil millones.
El Procurador Fiscal Federal, Félix Arturo Medina Padilla, reveló un caso que implica al Ministro Luis María Aguilar Morales, así también presentó tres casos donde se aprecia cómo los jueces o magistrados del Poder Judicial "han evitado el avance de los juicios o procesos penales, generando retraso en la impartición de justicia y, por lo tanto, impunidad"
’Este estilo de actuación, selectiva, dirigida y controlada en la Administración de Justicia debe erradicarse de nuestra Nación en beneficio de los mexicanos’, dijo
Según lo informado, los casos mencionados involucran a grandes contribuyentes y han impactado negativamente la capacidad de financiar programas de bienestar y obras de infraestructura con una cifra de alrededor de 80 mil millones de pesos.
Para poner en perspectiva, esta cantidad equivale al presupuesto destinado a Jóvenes Construyendo el Futuro durante tres años y medio o al aumento del 25% del apoyo a todos los beneficiarios de la pensión de adultos mayores. Estos asuntos están relacionados con la liberación de detenidos vinculados con la delincuencia organizada, como se mencionó anteriormente.
’Es decir, si este puñado de personas pagara lo que corresponde, mejorarían los programas sociales y tendríamos más obra pública’, aseguró el funcionario frente a las y los representantes de los medios de comunicación.
Con respecto al primer caso mencionado, el Procurador Fiscal Federal explicó que, en colaboración con la Fiscalía General de la República (FGR), se han concentrado esfuerzos en la investigación y seguimiento de 17 casos relacionados con grandes contribuyentes que tienen deudas pendientes con el pueblo de México, las cuales ascienden a más de 55 mil millones de pesos. Esta acción busca garantizar que dichos contribuyentes cumplan con sus obligaciones y contribuyan de manera justa al desarrollo económico del país.
’En dichos asuntos, los jueces han retardado indebidamente la impartición de justicia, pues en 14 de estos 17 casos no se ha permitido que se realicen las audiencias necesarias para que las investigaciones se transformen en procesos penales, obstaculizando así la recuperación de por lo menos 54 mil millones de pesos de todos los mexicanos. Es decir, en el 82 por ciento de estos casos, integrantes del Poder Judicial Federal han impedido que se abra la puerta al proceso penal, y por lo tanto, impedido que se haga justicia’, acusó el Procurador Fiscal de la Federación.
Además, el Procurador Fiscal Federal proporcionó detalles sobre el esquema detectado en relación al proceso legal. Según explicó, una vez presentadas las denuncias y querellas, el Ministerio Público procede a integrar una carpeta de investigación y solicita al Juez de control que cite a los imputados para llevar a cabo la audiencia inicial.
Según lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales, esta audiencia inicial debería realizarse dentro de los 15 días posteriores a la solicitud del Ministerio Público. Sin embargo, se ha observado que los jueces de control no agendan las fechas ni la hora para la celebración de la audiencia inicial. En algunos casos, incluso se ha llegado a demorar hasta 18 meses después de la solicitud.
Esta situación plantea problemas en el proceso legal, ya que la demora en la realización de la audiencia inicial puede afectar los derechos de los imputados y dificultar el avance del caso. Es importante que los jueces de control cumplan con los plazos establecidos por la ley para garantizar un proceso eficiente y justo.
’Finalmente, cuando se agenda la audiencia y una vez que llega la fecha de su realización, se difiere una y otra vez, lo que ha impedido que se sancione a los responsables y se recupere el dinero público’, denunció.
Sobre el segundo caso, el Procurador destacó que ’cierta empresa del Bajío cometió defraudación fiscal, lo que ocasionó al pueblo de México un perjuicio por casi 300 millones de pesos’.
’Por tales hechos, la Secretaría de Hacienda, en coordinación con la Fiscalía General de la República, han buscado llevar a juicio a los responsables. Sin embargo, dicho fin se vio obstaculizado por el actuar del Juez Eduardo Alberto Osorio Rosado, quien reiteradamente ha emitido resoluciones contrarias a la Ley’, afirmó.
Félix Arturo Medina subrayó que ’este Juez sistemáticamente emite fallos que ignoran los argumentos de la Secretaría de Hacienda, puesto que sostiene que esta Secretaría no está facultada para defender los recursos del pueblo y, por ende, desconoce nuestra calidad de víctima y ofendido en el proceso penal’.
’De igual manera, ha resuelto, ignorando criterios y resoluciones previas de los tribunales de amparo y otros juzgados, incluso en contra de criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación’, lamentó.
En su participación, el Procurador Fiscal Federal también dio a conocer que ’hasta el momento, los abogados hacendarios, han logrado revertir sus determinaciones, pero esto no lo exime de su responsabilidad’.
’Ante ello, trabajaremos para presentar una queja administrativa, incluso una denuncia porque estas conductas podrían constituir delitos en contra de la Administración de Justicia’, anunció.
En el tercer caso, reveló que ’una empresa de gran tamaño, con presencia nacional, fue fiscalizada durante los años 2020, 2011 y 2013, y se encontró que dejó de pagar impuestos por más de 25 mil millones de pesos’.
’Esta empresa, abusando de su gran estructura corporativa, ha operado diversas estrategias legales para impugnar y retrasar la emisión de una sentencia que la obligue al pago de impuestos’, agregó el funcionario federal.Con información de SIN EMBARGO
