Raúl Ramírez Baena / Los Ángeles Press


¿México en bancarrota?

¿México en bancarrota?




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Septiembre 28, 2018 10:37 hrs.
Política Nacional › USA California
Raúl Ramírez Baena / Los Ángeles Press › Emmanuel Ameth Noticias

Según la Real Academia Española, BANCARROTA significa ’ruina económica’ o ’hundimiento o descrédito de un sistema o doctrina’. Otra definición la caracteriza como ’hundimiento económico o falta de recursos de un Estado o Administración’.

Esto viene a colación porque el presidente electo declaró hace unos días que México está en ’bancarrota’. De inmediato, voceros del gobierno de EPN, líderes priístas, analistas económicos neoliberales y dirigentes de las centrales empresariales se apuraron a desmentir la noticia.

México no está en crisis financiera desde la perspectiva de la macroeconomía, porque cumple cabalmente con las recetas neoliberales del FMI, el Banco Mundial, la OCDE y el Departamento del Tesoro en cuanto a sus compromisos de deuda y medidas de ajuste de la economía: control de la inflación, control del tipo de cambio, control de la balanza de pagos (mayor exportación que importación donde las ganancias favorecen más a las empresas trasnacionales y a los rancheros privados, no a los obreros maquiladores, trabajadores de servicios y comercio y jornaleros agrícolas), control de salarios, fomento de la inversión extranjera directa en la industria energética (para lo cual se instrumentó la Reforma Energética), automotriz, telecomunicaciones, servicios bancarios y financieros, infraestructura urbana, carretera, aeroportuaria y marina, servicios públicos, industria embotelladora, agroindustria, industria minera (mayoritariamente canadiense), bienes de consumo e industria electrónica, inversiones con fuertes estímulos fiscales que impactan en las Bolsas de Valores y en la creación de empleos formales e informales de baja calificación.

Los temores del sector financiero por la declaración de AMLO, es porque sus acciones bajen por una mala percepción de calificadoras como Standard & Poors, Moody’s Investors Services o Fitch Ratings, que ajustan categorías a los valores (bonos, acciones, etc.) de acuerdo al grado de riesgo financiero.

Este esquema de control de la economía de una región o país por los ’poderes fácticos’, mantiene contentos a los EUA y a la Unión Europea, al capital financiero internacional, a las trasnacionales, a la oligarquía local y, sobre todo, a los poderes financieros dominados por conglomerados como el Club Bilderberg y Blackrock, y no puede ser modificado por gobernante alguno a riesgo de ser considerado enemigo del progreso y de la democracia.

Según datos de la SHCP, al cierre de 2017, la deuda externa del sector público federal ascendía a 194 mil millones de dólares (3.5 billones de pesos), lo que representó el 46.2% del Producto Interno Bruto (PIB). Sumada, la deuda pública total ascendió a 10.88 billones de pesos, a la que habrá que agregar 10 mil millones de dólares que el gobierno de EPN registró en julio de este año mediante una nueva emisión de deuda ante la Comisión de Valores de los Estados Unidos.

México no está en crisis financiera, dicen, porque el gobierno sí tiene dinero para pagar sus compromisos de deuda, para grandes inversiones público-privadas como el NAICM, las autopistas o la Desaladora de Rosarito en BC; para pagar la abultada nómina y las prebendas a la alta burocracia (y para cubrir la corrupción de los sectores público y empresarial que es el lubricante de la economía neoliberal). Bajo estos razonamientos, tienen razón los voceros del gobierno y los empresarios, México no está en bancarrota.

Contradictoriamente, el gobierno mexicano no tiene dinero para financiar el desarrollo económico y social del país (o sea, la ’bancarrota’); no hay crecimiento del PIB, hay crecimiento del empleo pero de baja remuneración en comparación con la de nuestros ’socios’ del TLCAN, crecimiento del subempleo y la pobreza (a las familias les cuesta cada vez más cubrir la canasta básica como alimentos, transporte, vestido y calzado, gasolina, gas y energía eléctrica); los servicios sociales, que son derechos sociales y culturales (educación, salud, vivienda, agua potable, transporte público, recreación y cultura) progresivamente se van transfiriendo al sector privado ante el gradual abandono gubernamental, como parte del ajuste impuesto por la economía de mercado.

En resumen, la bancarrota es una crisis de ingresos públicos, en buena parte por las recetas neoliberales y porque Pemex ya no financia el desarrollo nacional como antes, por el contrario, ahora requiere de vastos recursos para su salvación.

No estamos en crisis financiera, dicen, pero hay 40 mil desaparecidos, 210 mil muertes violentas desde el sexenio de Felipe Calderón, 300 cadáveres deambulando en dos contenedores en Jalisco porque no hay cupo en la morgue, el país convertido en una gigantesca fosa clandestina (fosilandia). Según el fiscal de Veracruz, se encontraron 343 fosas clandestinas en 44 municipios. Informó que actualmente se investigan 3,600 casos de personas desaparecidas, todos ellos ocurridos durante la administración de Javier Duarte (2010-2016). El colectivo Solecito, conformado por madres de desaparecidos, se ha dedicado a evidenciar el tamaño del problema: han encontrado más de 120 fosas con casi 300 cadáveres y más de 1,000 restos óseos.

El sector financiero y privado exigen hoy el cambio de estafeta de Peña Nieto a AMLO conservando las apariencias y simulando el buen manejo económico y de deuda pública, como lo han hecho los gobiernos del PRI y el PAN, aunque las finanzas no cuadren. La realidad saldrá pronto, cuando el Congreso tenga que discutir la Ley de Ingresos 2019.

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