Andrés Manuel López Obrador anunció la extinción de 308 fideicomisos públicos activos sin estructura orgánica para enfrentar la crisis socioeconómica y de salud generada por el coronavirus.
El Gobierno de México utiliza fideicomisos y fondos de inversión similares –como los mandatos y los contratos análogos– para garantizar que el dinero del erario público sea utilizado en ’áreas prioritarias y estratégicas del desarrollo’ nacional (Artículo 9 LFPRH).
Se trata de mecanismos que permiten etiquetar y comprometer el gasto gubernamental, de modo que sea rastreable y cumpla con objetivos específicos como el impulso a la infraestructura pública, las pensiones de los trabajadores del Estado, la prevención y atención de los desastres naturales o la estabilización financiera, por mencionar algunos ejemplos.
Al cierre de 2019, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) registró la existencia de 308 fideicomisos públicos sin estructura orgánica, mandatos y análogos que están activos, además de 30 ’en proceso de extinción, terminación o baja de clave de registro’.
El pasado 2 de abril, el Presidente AMLO expidió un decreto de extinción de “fideicomisos públicos sin estructura orgánica, mandatos o análogos de carácter federal”, con la finalidad de obtener al menos 250 mil millones de pesos, o el equivalente al uno por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de México, para hacer frente a la emergencia que se vive en el país por la pandemia de COVID-19.
El decreto que ordena la extinción de los instrumentos financieros del Gobierno federal se da en un contexto en que “una de las observaciones recurrentes hacia los fideicomisos ha sido la falta de transparencia y rendición de cuentas”, por lo que, “derivado de lo anterior, se esperaría que la liberación y eventual uso de estos recursos se realicen con las mejores prácticas de eficiencia, transparencia y rendición de cuentas, en beneficio de todos los mexicanos”, refiere un análisis del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).
De los 308 fideicomisos e instrumentos financieros activos, el Poder Ejecutivo podrá finiquitar un máximo de 235 que son responsabilidad de instancias federales y que en conjunto amasan 725 mil 259 millones 985 mil 125.95 pesos. Efrén Flores | SIN EMBARGO
