Los alcaldes no entienden que están para servir a la gente y no para servirse a sí mismos, ocupando muchas veces el recurso que está destinado para el Desarrollo Social, la Obra Pública, así como gastos varios, en otros fines que no siempre son transparentes, por lo que se han hecho acreedores a diversas observaciones por parte de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH).
Los alcaldes más transas
Teniendo en cuenta lo anterior, los alcaldes con mayor monto recuperable por un probable daño a la hacienda pública entre los años 2017 y 2018 fueron Raúl López Ramírez de Atotonilco de Tula, Raúl Camacho Baños de Mineral de la Reforma, María Antonieta de los Ángeles Anaya Ortega de Apan y Francisco Uriel Islas Trejo de San Bartolo Tutotepec, quienes tuvieron observaciones entre los 11.5 y 15.7 millones de pesos.
En el caso de Raúl López Ramírez, el alcalde manifestó que el responsable de la observación por más de 14 millones de pesos en 2018 fue Julio César Ángeles Mendoza, quien le legó la presidencia municipal para hacerse diputado federal; señaló que el asunto es por la falta de comprobantes del cambio de luminarias.
Les siguen como “los más transas” Humberto Pacheco Miralrio de Mixquiahuala de Juárez, Gabino López Hernández de Metztitlán, Alma Dalila López Santiago de San Agustín Tlaxiaca, José Alfonso Delgadillo López de Tepeapulco, Haydee García Acosta de Cuautepec de Hinojosa y Pascual Charrez Pedraza de Ixmiquilpan, con observaciones entre los 5 y 7.5 millones de pesos.
Muy de cerca también están Raúl Badillo Ramírez de Huejutla de Reyes, Eustorgio Hernández Morales de Yahualica, Antonio Espinoza Espinoza de Emiliano Zapata así como Sotero Santiago Santiago de Chapantongo, quienes tuvieron observaciones por presuntos desvíos que van de los 3.4 a los 4.4 millones de pesos.
Existen muchos otros alcaldes más que también destacan por el monto que les ha sido observado aunque no se mencionan todos porque al menos 35 de ellos tuvieron observaciones por más de un millón de pesos, aunque allí encontramos a los de Tulancingo, Tepehuacán, Tula, Tlaxcoapan, Nicolás Flores, entre otros.
Solamente 13 alcaldes tuvieron observaciones por menos de 100 mil pesos para ambos ejercicios analizados.
Aquí la lista completa de los montos observados para cada uno de los alcaldes y sus partidos:
Si bien el máximo órgano auditor de la entidad precisa que las observaciones no necesariamente representan un daño a la hacienda pública en los informes que presenta, lo cierto es que las mismas nacen de un proceso en el cual ya habían requerido información que solventara las presuntas irregularidades detectadas.
Ante la negativa de los ayuntamientos por cumplir el ordenamiento y/o ante el otorgamiento de material que no sustenta la observación realizada, ASEH ventila en su informe anual aquellas observaciones pendientes, para las cuales se brinda otro periodo para que se otorguen los entregables.
Los actuales alcaldes cumplen un periodo que va de 2016 a 2020, sin embargo, el primero de estos ejercicios corresponde en su mayoría al mandatario anterior y posteriormente, hay un desfase de alrededor de 2 años para evaluar el correcto manejo de los recursos. Es por ello que este ranking sólo contempla los informes de los años 2017 y 2018.
En ese tenor, los alcaldes que administraron el dinero de manera más opaca en la entidad, los más transas, tuvieron observaciones para ambos años que van desde los 5 hasta los 15 millones de pesos, que equivalen a “desviar” entre 7 y 21 mil pesos diarios cada uno de los 2 años evaluados.
Señalar que la auditoría no evalúa la totalidad de recursos gastados por los alcaldes, sino que simplemente toma una muestra, por lo que en caso de presentarse daños a la Hacienda Pública, estos podrían ser incluso mayores.
También decir que la Auditoría no investiga a profundidad a los principales accionistas, representantes legales y personas físicas contratados para brindar productos, servicios y obra pública, por lo que aquellos alcaldes que más incurren en la práctica de ganar licitaciones mediante testaferros también quedan exentos de una acción penal, al menos mediante ese esquema.
