Pese haber sido el presidente menos apoyado en el Congreso, al contar con la menor tasa de aprobación de iniciativas enviadas desde 1917, el primer mandatario Andrés Manuel López Obrador.
Con respecto a los tres gobiernos pasados, López Obrador obtuvo una tasa de aprobación de las iniciativas del 63.36%, mientras que Enrique Peña Nieto (2012-2018) tuvo un 79.84%; Felipe Calderón (2006-2012) logró un 79.55%; incluso Vicente Fox, el primer mandatario no priista en 70 años, tuvo una tasa de aprobación de reformas del 74.70%, de acuerdo con el estudio ’La tasa de aprobación de las iniciativas del Ejecutivo Federal 2018-2024: entre el gobierno dividido y la falta de oficio político’.
’La investigación apunta que el resto de las iniciativas del mandatario no fueron aprobadas debido a múltiples causas, destacando la falta de mayorías calificadas, estas últimas necesarias para el avance de las reformas constitucionales’.
Entre 1997 y 2024, la administración en la que el Congreso aprobó un mayor número de decretos fue la de Peña Nieto, con 614 decretos, 28 de ellos de reforma constitucional.
Entre 1917 y 2000 la tasa de aprobación de las iniciativas del Ejecutivo fue superior al 98%, viéndose favorecido el Partido Revolucionario Institucional (PRI) desde la década de los 30 del siglo pasado, indica el cual fue elaborado por el investigador César Alejandro Giles Navarro para el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República.
Mientras que en el gobierno de López Obrador, entre el periodo de 1 de diciembre de 2018 y el 8 de mayo de 2024, apenas 6 de cada 10 reformas propuestas por el primer mandatario fueron avaladas, enviando 101 iniciativas en el Congreso y solamente fueron aprobadas 64 y publicadas en el Diario Oficial de la Federación.
Las 64 iniciativas del Ejecutivo que fueron aprobadas, explica el documento, representaron el 11.8 por ciento del total de decretos aprobados por la LXIV y LXV Legislaturas –de 2018 a 2021 y de 2021 a 2024– que coincidieron con la administración de López Obrador.
Aunque el número de reformas aprobadas fueron pocas, destacaron 5 reformas, la expedición de 10 nuevos ordenamientos (incluyendo leyes de ingresos) y la declaración de tres años para conmemorar a personajes históricos, detalla el análisis.
Las iniciativas no avaladas en el Congreso que fueron enviadas por el Ejecutivo caen en tres categorías diferentes: las iniciativas desechadas, que no fueron sometidas a votación en el pleno de las cámaras y no reunieron los votos necesarios para su aprobación; las iniciativas pendientes en comisiones y sin concretar el proceso legislativo, es decir que no fueron aprobadas por ambas cámaras.
De acuerdo con el estudio, las dos iniciativas desechadas por el Congreso fueron la reforma eléctrica de 2022 y la reforma político-electoral de 2023, las cuales buscaban reformar la Constitución y necesitaban de mayorías calificadas.
’Aunque podrían considerarse casos estadísticamente irrelevantes, la discusión de estas reformas y los eventos que les siguieron generaron un clima de confrontación y polarización que sin duda alguna repercutieron en las condiciones para construir acuerdos entre las fuerzas políticas. Después de la reforma político-electoral, el Congreso no volvió siquiera a discutir ninguna de las iniciativas de reforma constitucional del Presidente López Obrador’, argumenta el estudio.
Además, cinco iniciativas del Ejecutivo fueron aprobadas en una primera instancia por alguna de las cámaras e incluso por ambas, pero no completaron el proceso legislativo. El estudio las detalla: tres iniciativas quedaron pendientes en la cámara revisora: una nueva Ley General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres, la reforma constitucional que proponía limitar las remuneraciones en los órganos autónomos y una reforma que reorganizar el funcionamiento, atribuciones y responsabilidades de magistrados y magistradas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
De las 37 iniciativas del Presidente López Obrador que no fueron aprobadas por el Congreso, 32 quedaron en comisiones pendientes, o en la ’congeladora legislativa’. ’Se trata de instrumentos que fueron rechazados de facto, aunque no fueran formalmente desechados por medio de una votación’, explica el documento.
Además de estas variantes, señala que las iniciativas del presidente López Obrador enfrentan las resistencias no sólo del Poder Legislativo, sino también las invalidaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), lo cual dio ’una confrontación con el Poder Judicial de pronóstico aún incierto’.
