Con los desastres ocurridos primero con el huracán Grace y luego con el desbordamiento del Rio Tula que afectó los municipios de Tula de Allende y a Tlahuelilpan, de nueva cuenta surgió el debate sobre si fue pertinente la desaparición del fideicomiso del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), condición por lo que también se revivió que el ’Fondo’ arrastraba de hecho saldos negativos -tenía más deudas que ingresos presupuestales-, a la vez que fueron decenas de miles de millones de pesos los desviados, todo ello ventilado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
’Al final de su vigencia, el Fonden no traía buenas cuentas. El 20 de octubre de 2020, el entonces secretario de Hacienda, Arturo Herrera, explicó que, para entonces, los recursos que se habían venido reportando a ese fondo no fueron suficientes para cubrir las necesidades que tenía.
Hasta el 30 de agosto de 2020, tenía 4,911 millones de pesos, pero por concepto de los desastres ocurridos anteriormente tenía ya pasivos por 18,043 millones de pesos, de tal forma que, para esa fecha, su posición económica era de al menos 13,123 millones de pesos. Eso quiere decir que para esa fecha no tenía recursos, sino deudas’, publicó El Economista.
Pero los pasivos generados no fueron el talón de Aquiles del fideicomiso, sino el uso que se le dio al mismo por parte de los gobiernos estatales que administraban el recurso para hacer frente a los desastres ocurridos al interior de sus territorios.
Entre los años 2006 y 2018, periodos en los que gobernó Felipe Calderón por el PAN y Peña Nieto por el PRI, la ASF reportó un “hoyo” en los recursos que dependían de distintos fideicomisos, con montos por subsanar por más de 32 mil millones de pesos, de acuerdo con los reportes consultados por el diario Milenio.
El medio informó que por lo menos 21,566 millones de pesos pertenecían a los que debieron ser destinados a daños por emergencias y ocasionados por desastres naturales como huracanes o sismos a través del Fondo de Desastres Naturales (Fonden).
Los desvíos contemplan escuelas que nunca se comprobó que fueran reconstruidas, supuestos apoyos a personas para restaurar sus casas afectadas que posteriormente se comprobó no recibieron el apoyo, apoyos en infraestructura que no se construyó, etc.
La extinción del fideicomiso, no significó la desaparición del apoyo sin embargo, toda vez que ahora existe el Programa para la Atención de Emergencias por Amenazas Naturales, el cual contabiliza a las víctimas sujetas de apoyo mediante censos y donde los gobiernos, como sucedía con Fonden, deben cuantificar los daños para que la Federación les entregue dichos montos, aunque ahora llevarán su supervisión en tiempo real (para que las observaciones no se den incluso antes de las auditorías).Con información de Infobae
Entre las decenas de irregularidades que ha hallado la ASF destacan algunas cuyo millonario monto no es más indignante que el tipo de beneficiarios a los que debió apoyar el Fonden.
Inundaciones en Tabasco
En 2012, después de que sufrieran severos daños en Tabasco por las inundaciones a finales del 2011, Fonden entregó apoyos para atender la emergencia,sin embargo la administración del exgobernador Andrés Granier desvió 215 millones de estos recursos al pago de adeudos y servicios de su Gobierno como telefonía, electricidad y vales de despensa.
Una semana antes de que Granier dejara el Gobierno, los 215 millones fueron transferidos a otras cuentas del Gobierno sin autorización del Comité Técnico que opera el Fideicomiso.
Sismos 2017: Pagos indebidos
El 7 y 19 de septiembre de 2017 sismos ocasionaron daños a la infraestructura naval en Chiapas, Oaxaca, Veracruz y la Ciudad de México, por lo que se recurrió a los recursos del Fonden para atender los daños ocasionados.
Los recursos que se enfocaron para la reconstrucción en viviendas, negocios, escuelas e infraestructura de salud afectados por el terremoto de 2017, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, se distribuyeron de forma poco transparente, sin garantía de que contribuyeran a resarcir los daños ocasionados y en muchos casos las obras de restauración se llevaron a cabo sin supervisión.
En la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, no se pudo comprobar la reparación total de las casas dañadas por algún siniestro entre 2011 y 2012, cuando el monto destinado fue de más de 14 millones de pesos.
La Secretaría de Marina (Semar) usó 307 millones 299 mil para pagar a los contratistas y proveedores por obras de reconstrucción y reparación. Además de detectar deficiencias en el procedimiento de contratación por adjudicación directa, la Auditoría Federal determinó un importe por resarcir de 789 mil pesos, por fallas en el periodo de contratación; se pagó un letrero de 96.17 metros cuadrados por 290 mil pesos, pero se colocaron 40.68 metros cuadrados, por lo que se determinó un volumen excedente por 130 mil pesos; y de un contrato se efectuaron pagos indebidos por 160 mil pesos de trabajos no ejecutados.
Derivado del terremoto del 19 de septiembre, también se asignaron 316 millones 475 mil pesos al Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED) para reconstrucción de escuelas en la Ciudad de México. Pero la Auditoría Superior detectó 9 millones 109 mil pesos sin aclarar en los 16 contratos seleccionados para revisar.
Deficiencias en gasto destinado a inundaciones en Sinaloa
Para atender la reconstrucción y los daños ocasionados por la lluvia severa y las inundaciones de septiembre y octubre de 2018 que afectaron 13 municipios de Sinaloa el Comité Técnico de Desastres, conformado por representantes de la Secretaría de Hacienda y de Gobernación, aprobó 991 millones 697 mil pesos.
La Auditoría Superior fiscalizó 750 millones 511 mil pesos destinados a los sectores hidráulico, pesquero y educativo otorgados a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), así como el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED) y el Instituto Sinaloense de Infraestructura Física Educativa (ISIFE). Detectó ’deficiencias’ en la ejecución de los recursos, así como posibles daños al erario por 306 mil 643 pesos, ya que el ISIFE proporcionó documentación que contiene el sello de pagado con recursos de otros programas sobre educación y existen comprobantes del gasto con fecha previa a la ocurrencia del desastre natural y también con fecha posterior a la entrega de resultados al Comité de Evaluación de Daños.
Además, no solicitó la cancelación de los recursos que no aplicó para la mitigación de daños por 31 millones 980 mil pesos por las lluvias de septiembre, así como 11 millones 048 mil pesos por las de octubre.
Veracruz: viviendas y escuelas sin reconstruir
De mil 883 millones de pesos de recursos asignados en 2015 por el Comité Técnico del Fonden para la atención de desastres naturales ocurridos de 2010 a 2015 en Veracruz, la Auditoría Superior de la Federación revisó 647 millones 385 mil pesos (34.4 por ciento) entregados a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), y a las secretarías de Comunicaciones y Transportes (SCT), y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU).
Pero, hasta el dictamen entregado en noviembre de 2016, la SEDATU no había realizado la reconstrucción de viviendas con recursos autorizados en abril de 2015 por 14 millones 448 mil pesos.
Respecto de los recursos ejercidos por la SEDATU, 2 millones 118 mil pesos se transfirieron a 49 prestadores de servicios para concluir los pagos en un periodo de entre seis y 323 días posteriores a la recepción del recurso. Y de la adquisición de vales de gasolina y materiales de oficina por 457 mil y 63 mil pesos, respectivamente, no se acreditó que se elaborara el dictamen de justificación del procedimiento de contratación, y tampoco se formalizaron los contratos o pedidos correspondientes.
