Como en los buenos tiempos de la Estafa Maestra, donde se simulaba la contratación de servicios con empresas fachada para así justificar el desvío millonario de recursos fue que Martiniano Vega Orozco y Atilano Rodríguez Pérez, entonces Oficial Mayor y Secretario de Educación Pública en Hidalgo, respectivamente, pagaron más de 228 millones de pesos a una empresa ’patito’ para la realización de un supuesto estudio sobre la Salud Social de estudiantes de secundaria, preparatoria y licenciatura.
Y es que en el esquema de las “Lavanderías de contratos” en Hidalgo no sólo fueron creadas empresas al vapor en un mismo domicilio fiscal y hasta con los mismos representantes legales, sino que también se habrían puesto en contacto con empresas que ya operaban contratos de la forma que ellos buscaban, confabulándose para desviar recursos.
Ese fue el caso del Diagnóstico de la Salud Social para estudiantes de la entidad, cuyo excesivo gasto superó incluso el presupuesto anual de importantes instituciones educativas de la región como lo son la Universidad Tecnológica Tula-Tepeji y la Tecnológica de Tulancingo, mismas que en conjunto se les asignó 228 millones 450 mil 019 pesos para ejercer este 2022.
El contrato millonario y sus irregularidades
Fue el pasado 11 de mayo que la Secretaría de Educación Pública de la entidad (SEPH) informó sobre la realización de un estudio, basado en encuestas. El contrato se formalizó el 18 de mayo con el Instituto Hispanoamericano de Estudios Superiores, mismo que se comprometió a realizar el “Diagnóstico de la Salud Social de los planteles de Educación Secundaria y de los planteles de los organismos descentralizados de Educación Media Superior y Educación Superior de Hidalgo”, teniendo un costo 228 millones, 632 mil 641.80 pesos.
El estudio fue exprés y asimismo fueron agilizados los pagos que se hicieron en 3 exhibiciones: 139 millones 550 mil 505 pesos el 6 de junio, 38 millones 500 mil el 28 de julio, y finalmente 50 millones 582 mil 136.80 el 24 de agosto, por lo que fue liquidado 20 días antes de que iniciara la nueva administración.
Además de la aplicación de cuestionarios se elaboró un minisitio para la consulta de estadísticos.
Pero el contrato estuvo plagado de irregularidades.
La primera irregularidad es que el contrato se hizo en lo oscurito. No existió concurso ni convocatoria para recibir las propuestas en un proceso de licitación como marca la Ley; tampoco se encuentra disponible en las plataformas de transparencia.
Por si fuera poco, la página donde puede consultarse el “estudio” no contiene información alguna, es decir, que está prácticamente vacía y ni siquiera funcionan los hipervínculos a las diversas secciones que debería tener.
La segunda irregularidad nace del sobrecosto al que fue contratado el Instituto Hispanoamericano de Estudios Superiores.
Según las cifras oficiales de la SEPH, para el periodo en curso y en modalidad pública había 157 mil 585 alumnos y 8 mil 693 docentes de Secundaria; en Educación Media Superior había 123 mil 125 alumnos y 5 mil 504 docentes mientras que para Educación Superior los alumnos fueron 89 mil 326 y los docentes 6 mil 483.
En total, y suponiendo que fueran censados y no encuestados, eran necesarios al menos 390 mil 716 cuestionarios, lo que deja un costo de 585.16 pesos por cuestionario.
Recordar que para encuestadoras serias el costo por cuestionario va de los 100 a los 350 pesos. Incluso Inegi, siendo la mejor institución en el ramo, para el caso de un Censo contempla un costo inferior a los 200 pesos, siendo el del Instituto Hispanoamericano de Estudios Superiores hasta 3 veces más costoso.
La peor parte es que tampoco hubo justificación técnica para tal despilfarro.
El contrato contempla una vigencia del 28 de mayo al 1 de agosto. Sin embargo, restando los días inhábiles y el propio periodo vacacional, solamente existieron 35 días para aplicarlos, lo que equivale a aplicar 11 mil 163 por día.
Suponiendo aulas promedio de 30 alumnos y una aplicación de 4 por día para cada encuestador (el formato es de 120 preguntas y se contempla un minuto para contestar cada una, es decir, dos horas), supone el trabajo coordinado de al menos 93 encuestadores diarios, en igual número de planteles, más los capturistas, analistas y el personal que realiza la presentación de los hallazgos. En el caso de los Censos, Inegi realiza por lo menos 3 visitas para tratar de que todas las personas contesten el cuestionario, lo que elevaría la problemática técnica.
Toda esa logística se la ahorraron sin embargo. Como se aprecia en el video, fueron los propios maestros quienes aplicaron las encuestas y se propuso un solo día para hacerlo, a saber el 30 de mayo. Si alguien faltó, se usaría también el día 31, con la intención de que los cuestionarios estuvieran concentrados el día 3 de junio en Pachuca y de allí se llevaran a Monterrey para su captura.
Adalberto Salvador Ojeda Delgado, responsable del proyecto (quien se acreditó como Maestro sin contar con dicha cédula), acompañado de Guillermina Alicia Delgado Velázquez (normalista) y de Atilano Rodríguez Pérez, titular de la SEPH, hizo incluso afirmaciones que muestran su desconocimiento del tema.
Sobre la recolección de cuestionarios, afirmó que “acomodaremos nuestras cajitas para llevarnos los instrumentos (encuestas) para ser capturados en Monterrey”. Cabe señalar que para 390 mil encuestas, el peso se estima en alrededor de 5.5 toneladas, más el peso de las cajas y de otros identificadores que separen los cuestionarios por institución.
Sobre el procesamiento de datos, dijo que “le vamos a pedir a la empresa que nos de los valores promedio, de moda… (inferencia estadística básica)”, lo que quiere decir que ellos simplemente diseñaron los cuestionarios, lo profesores los aplicaron, y es otra empresa la que realizará el análisis (pese a que el contrato prohíbe explícitamente subrogar); pese a ello, cobraron más de 228 millones.
Lo anterior sin mencionar que si tuviera nociones de estadística básica, sabría que no sólo es más eficiente sino que es incluso más certera la información obtenida a través de una encuesta que la de un censo con estas características.
La “lavandería”
El Instituto Hispanoamericano de Estudios Superiores tiene un solo contrato con autoridades gubernamentales según Transparencia, mismo que celebró con el Colegio de Bachilleres de Sonora por 412 mil 960 pesos, siendo por un monto 552 veces inferior al que firmó con la SEPH. Quien se apersonó como representante legal fue Guillermina Alicia Delgado Velázquez.
Pero la empresa que celebró un contrato millonario con la SEPH tiene las características de ser una institución “fachada”, una “lavandería de contratos”, pues sus instalaciones no corresponden con una que pueda proveer servicios por más de 200 millones de pesos.
La dirección que proporcionó Guillermina Alicia por ejemplo, se trata de un condominio habitacional, sin rotular, ubicado en Av. 16 de septiembre 730, piso 11, despacho 1101, en la Col. Centro de Guadalajara.
El otro domicilio de la “institución” es el ubicado en Francisco Zarco 2428, Ladrón de Guevara, también en Guadalajara.
Durante la celebración del contrato el Instituto Hispanoamericano de Estudios Superiores manifestó contar con dos registros de autor, sin embargo, los mismos no aparecen ni en el IMPI ni en Indautor.
Panistas de Jalisco, los verdaderos dueños
Guillermina Alicia Delgado Velázquez, quien se apersonó como “socio administrador” del Instituto Hispanoamericano de Estudios Superiores, tiene un perfil que no coincide con el de una empresa que celebra un jugoso contrato por más de 200 millones de pesos, pues como antecedente, entre 2017 y 2018 fue profesora foránea de secundaria que cobraba mensualmente por su plaza un máximo de 569.24 pesos. Tampoco sería uno de los “dueños” Adalberto Salvador Ojeda Delgado, pese a tenerse el antecedente de que el dominio ihes.mx fue registrado por él el 19 de marzo de 2012.
En los dos contratos celebrados por Delgado Velázquez sin embargo, destaca el domicilio fiscal ubicado en Av. 16 de septiembre 730, piso 11, despacho 1101. El problema es que dicho domicilio corresponde a Grupo Arro.
Se descarta además que aunque sea el mismo espacio, haya sido dado en distinto tiempo, pues los contratos del Instituto Hispanoamericano datan del 18 de enero del 2021 y del 18 de mayo del 2022, en tanto Arro.mx fue dada de alta el 24 de agosto de 2021.
Grupo Arro fue fundado por Mario Rodríguez Arroyo, un exfuncionario del ITEI, Icati, IEE y Colegio de Bachilleres, todos en Jalisco. También fue asesor jurídico en el ayuntamiento de Guadalajara. Ha sido apoderado legal y tesorero del Instituto Humanismo Investigación y Desarrollo así como apoderado legal del Grupo 99 Once. Es socio de Estrategia Solidaria Grupo Consultor (Esglegal.mx) desde el 2012.
Otro de los socios de ESG Legal es Miguel Ángel Martínez Espinosa, quien fuera secretario de Educación en Jalisco (2008-2010) y subsecretario de Educación Media Superior con Felipe Calderón (2010-2012). Incluso fue candidato a la gubernatura de Jalisco por el PAN en 2018, quedando en 4to lugar, candidatura a la que habría accedido gracias a su cercanía con Marko Cortés.
Destaca que Martínez Espinosa también fue presidente estatal del PAN en Jalisco entre 2016 y 2019, tiempo en el que contrató a otra de las empresas donde figura su socio y/o prestanombres Rodríguez Arroyo, celebrando 31 contratos por adjudicación directa con un importe de 4 millones 300 mil 940 pesos.
Pese a la turbia contratación donde el recurso fue designado a la empresa de uno de sus socios -por lo que pudo regresar a su mismo bolsillo-, fueron impartidos talleres de ética y de vocación política, sin mencionar que incluso les otorgó un contrato para la reparación de vehículos del PAN en Jalisco.
Los involucrados en el desfalco
Martiniano Vega Orozco, Oficial Mayor
Atilano Rodolfo Rodríguez Pérez, titular de la SEPH
Francisca Ramírez Analco, Subsecretaria de Educación Básica
Juan Benito Ramírez Romero, Subsecretario de Educación Media Superior y Superior
Mariano Hernández Cruz, director general de asuntos jurídicos de la SEPH
Jesús Hernández Nalhe, director general de Administración y Finanzas de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior
Guillermina Alicia Delgado Velázquez, supuesta socia-administradora del Instituto Hispanoamericano de Estudios Superiores
Adalberto Salvador Ojeda Delgado, “líder” del proyecto para la aplicación de cuestionarios del Diagnóstico de la Salud Social
Mario Rodríguez Arroyo, abogado ligado al panismo de Jalisco, socio de ESG Legal y de otras empresas que estaría detrás del estudio millonario realizado en Hidalgo
Miguel Ángel Martínez Espinosa expresidente del PAN Jalisco, exsubsecretario de Calderón y socio de Rodríguez Arroyo. También excandidato a la gubernatura de Jalisco
