Carlos Fernández Vega | LA JORNADA
Un grupo político-empresarial que por cuatro décadas controló y se apropió de los bienes nacionales se niega a que el gobierno federal ponga orden en el sector eléctrico bloqueando todo intento por lograr ese objetivo; moviendo sus piezas, fueron apoyados por dos jueces federales que frenaron la entrada en vigor de las reformas a Ley de la Industria Eléctrica propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador y aprobadas por el Congreso.
Sin embargo el primero de julio por unanimidad, el Segundo Tribunal Colegiado Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones revocó la suspensión definitiva que el juez federal, Juan Pablo Gómez Fierro, otorgó a dos empresas contra las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica, publicadas en marzo de este año.
Los magistrados avalaron el proyecto presentado por el magistrado Urbano Martínez Hernández, quien propuso revocar la medida cautelar concedida a las empresas Hidroeléctrica Cajón de Peña y a Energía Verde Meyer.
Pese a la revocación otorgada, la polémica Ley de la Industria Eléctrica continuará suspendida, porque los jueces Primero de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México, Rodrigo de la Peza, y Segundo de Distrito también Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, Juan Pablo Gómez Fierro, respectivamente, han otorgado a empresas más de 200 suspensiones definitivas contra la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, con efectos generales.
A raíz de la promulgación de la citada ley y el decreto respectivo publicado en el Diario Oficial de la Federación (10/03/21), la maquinaria del grupo voraz –que se niega a dialogar y negociar– comenzó a otorgar cientos de suspensiones provisionales (que se hicieron definitivas) contra la decisión del Ejecutivo y del Legislativo.
Los dueños de las firmas extranjeras y algunas mexicanas están muy molestos por la modificación legal, aun cuando fueron beneficiados con contratos leoninos, dijo entonces López Obrador, y ejemplificó con el caso, vergonzoso y humillante de la trasnacional española Iberdrola.
La intención de los citados cambios a la ley eléctrica, detalló el Presidente, es ’quitar las aristas más filosas (de la reforma energética de Peña Nieto) para que se vayan a robar más lejos; defenderé la política energética de mi gobierno, no como amenaza, sino para recordar, como hizo en su momento el presidente Lázaro Cárdenas, que quien entrega los recursos naturales del país a extranjeros es traidor a la patria’.
De nada sirvió, porque el par de jueces (Julio Pablo Gómez Fierro y Rodrigo de la Peza) otorgaron 362 suspensiones en sólo dos meses cuidando los intereses del grupo político-empresarial. Sin embargo las medidas cautelares de este par comienzan a anularse, pero la batalla sigue.
Como ha detallado el mandatario mexicano, el mercado eléctrico en el país está concentrado en unas cuantas empresas que son Iberdrola y 10 empresas más. No estamos en contra de los empresarios, sino de la corrupción. Se pueden seguir haciendo negocios con legalidad, sin sobornos y con ganancias razonables. Mientras en España tienen un margen de utilidad de 15 por ciento, en México obtienen el 150 por ciento; la Comisión Federal de Electricidad ha pagado alrededor de 300 mil millones de pesos de más por dichos contratos leoninos.
Pues bien, sirva el contexto anterior para entender cabalmente el anuncio que ayer hizo el presidente López Obrador, durante su gira de trabajo por Tabasco: nunca debe volver la política neoliberal, y por eso mismo vamos a presentar una iniciativa de reforma constitucional en materia de energía eléctrica. Al inicio tenía pensado sólo reformar la ley para corregir esta situación, pero llegué a la conclusión (tras la mano negra de los citados jueces) de que necesitamos una reforma constitucional para que se considere prioritario el interés público, la protección civil y la seguridad de los ciudadanos.
López Obrador subrayó: el manejo de la política económica en el periodo neoliberal era poner por delante el interés de las empresas, aun tratándose no sólo del interés público, sino de la seguridad de la gente, de la protección civil, del que no se inunden los pueblos, la planicie de Tabasco, eso no les importaba.
Ahora, en su estado natal ha aumentado más del 200 por ciento la generación de energía en las hidroeléctricas; estaban paradas porque no les daban oportunidad de subir la energía a la red, todo para beneficiar a las empresas privadas y tener subutilizadas las hidroeléctricas que producen energía barata y limpia.
