Mediante pagos de servicios a empresas inexistentes, Kiko Vega y 15 funcionarios cercanos a él desviaron mil 600 mdp, aunado a otras dos investigaciones que sumarían poco más de 19 mdp
Redacción
El fiscal General de Baja California, Guillermo Ruiz Hernández, informó que durante el gobierno de Francisco Vega de Lamadrid desviaron alrededor de mil 600 millones de pesos por lo que los funcionarios están siendo investigados por actos de corrupción.
Existen tres carpetas de investigación, entre ellas la que se refiere al pago de servicios sin soporte documental por los delitos de enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad y peculado, a través de 273 facturas falsas por 1 mil 586 millones de pesos.
Mediante proveedores de Oaxaca, Jalisco, Estado de México, Guanajuato y Puebla cobraron diversas cantidades en tan sólo 24 horas, la mayoría corresponde a estudios realizados para la gestión de Vega de Lamadrid.
Hay más de 15 implicados entre los que se encuentra el exgobernador, los exsecretario de Finanzas Antonio Valladolid y Bladimiro Hernández, así como subsecretarios y directores la Secretaría de Planeación y Finanzas.
De acuerdo al NUC 42285, personal de la FGE viajó a estás entidades para recabar información de estas empresas que resultaron inexistentes o en algunos casos aseguraron que no realizaron ningún estudio para el gobierno bajacaliforniano.
Pero esta no sería la única investigación en proceso contra Kiko Vega, hay otra carpeta donde indagan el empleo de 8 millones de pesos para la construcción de un inmueble en Tijuana, a través de un fideicomiso, donde están involucradas cuatro personas, entre ellas Brenda Roacho de Vega, expresidenta del Sistema DIF.
En mayo se realizó un cateo a una de las casas de la familia Vega Roacjo donde se encontró documentación del manejo ilegal de estos recursos públicos. Está asunto se encuentra listo para judicializarse y está en espera que el Tribunal Superior de Justicia le otorgue turno y juzgado.
La tercer carpeta es por el descuento del 2 por ciento del salario que le hacían a los trabajadores del gobierno del Estado para entregarlos al Partido Acción Nacional y a una asociación civil manejada por el exdirigente panista José Luis Ovando donde hay seis involucrados por los delitos de abuso de autoridad coalición de servidores públicos por un monto de 11 millones 630 mil pesos.
En la primera y tercera carpeta está pendiente un informe de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para cerrar la investigación y estar en posibilidades de presentarlos en tribunales.
El fiscal mencionó que hay más de 3 mil carpetas de investigación que se encuentran suspendidas y en proceso de judicialización que representa un rezago al cierre de operaciones de tribunales del Poder Judicial del Estado. Con información de Antonio Heras | LA JORNADA
