La Secretaría de Gobernación (Segob) invirtió 11 mil 195 millones 105 mil 709.26 pesos entre 2013 y 2018 a través de 1 mil 845 contratos públicos; de los anteriores, el 86.3% fueron otorgados por adjudicación directa y son investigados por distintas autoridades, pues hubo desde conflicto de interés e irregularidades, hasta falta de cumplimiento contractual.
Mainbit, Toka Internacional, Sixsigma Networks México, 3W Educación y Metro Net fueron los proveedores de la Segob con más ingresos registrados en CompraNet durante esos seis años, entre 657 prestadores de bienes y servicios.
Por medio de 30 contratos gubernamentales, 25 de ellos sin concurso de por medio, éstas cinco empresas se embolsaron 6 mil 266 millones 850 mil 371.73 pesos (corrientes) en conjunto, que equivalen al 56 por ciento del gasto contractual de la Segob en el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto.
Los objetos de contrato relacionados con éstas compañías incluyen provisiones necesarias para oficina y para la operación de servicios institucionales, así como bienes y servicios especializados y técnicos, además de vales de despensa.
Sin embargo, se trata de empresas relacionadas con posibles conflictos de interés, irregularidades y/o falta de cumplimiento contractual, como en el caso de la especialista en servicios de cómputo y electrónicos Mainbit, que inclusive fue inhabilitada en 2006 por la Secretaría de la Función Pública (SFP).
De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación (DOF) del 22 de marzo de 2006, la compañía fue inhabilitada por tres meses debido a incumplimientos contractuales y sancionada con una multa por 65 mil 525 pesos de aquella época. Pese al proceso de inhabilitación, Mainbit se amparó y logró que un juzgado local suspendiera la multa de manera temporal, en lo que su situación legal y administrativa era esclarecida, tal y como consta en el juicio de amparo número 314/2006.
Mainbit también estuvo involucrada en un presunto desfalco relacionado con el sistema gubernamental de educación en línea Enciclomedia. En la auditoría financiera y de cumplimiento 10-0-11100-02-0923 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) se lee que “la SEP comprobó la entrega parcial de consumibles por parte de los proveedores Mainbit […] y Ted Tecnología Editorial […] por lo que quedaron pendientes de aclarar o resarcir 558 millones 439 mil 500 pesos”.
Toka Internacional, por su parte, no ha sido señalada de corrupción pese a que su dueño, Hugo Villanueva Cantón, ha sido acusado –sin pruebas de por medio– de incurrir en conflictos de interés y abusos laborales. Toka tampoco ha sido sancionada o investigada por incumplimientos, aunque se vio involucrada en un presunto fraude con tarjetas electrónicas de vales de despensa.
En un oficio fechado al 25 de enero de éste año, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) acusó que los fondos depositados en 2019 en varias tarjetas, a pesar de no haber sido utilizados hasta el cierre de enero pasado, desaparecieron sin justificación alguna.
Aunque Toka no fue responsabilizada por el SNTE, la organización refiere (oficio número 715/01/2020) que las tarjetas de vales de despensa “que aún tenían saldo a favor y compañeros que aún no registraban sus tarjetas en la plataforma, en este momento en la aplicación Toka aparece sin fondos” (sic).
Las presuntas irregularidades también alcanzan a los otros tres grandes proveedores de la Segob en tiempos de Osorio Chong: Sixsigma Networks México, 3W Educación y Metro Net.
Sixsigma, de la empresaria María Asunción Aramburuzabala, estuvo involucrada en inconsistencias administrativas ligadas al contrato SG/CPS/47-1/2016, cuyo objetivo fue la “Operación de los Servicios de Cómputo de la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identificación Personal”.
De acuerdo con la auditoría financiera y de cumplimiento 16-0-04100-02-0018 18-GB de la ASF, Sixsigma incumplió algunas obligaciones contractuales que derivaron en “pagos improcedentes” por 325 mil 500 pesos derivados de la prestación del “servicio de borrado seguro, sin que éste se hubiera recibido”.
Incluso hay registro de supuestas irregularidades cometidas por Sixsigma y la empresa dedicada a la edición y difusión de contenido a través de internet, Metro Net, así como otras dos empresas (SM4RT Security Services y Masnegocio.com) del consorcio formado para el contrato SG/CPS/85/2016-2019, cuya finalidad fue la “Migración, acompañamiento y servicio integral para la continuidad de los servicios de cómputo de la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identificación Personal 2016-2019”.
En la auditoría financiera y de cumplimiento 16-0-04100-02-0018 18-GB, la ASF refiere que “se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de 583 mil 182.40 pesos […] por los pagos improcedentes por los servicios de borrado seguro (por un monto estimado de 189 mil 344.90 pesos) y el programa de concientización (393 mil 837.50 pesos, aproximadamente), relacionados con el contrato SG/CPS/85/2016-2019, ya que a la fecha de la revisión (mayo 2017) éstos no han sido proporcionados por el proveedor”.
Acerca de la compañía 3W Educación, especializada en monitoreos de información, la ASF ha reportado una relación comercial con la Cámara de Senadores que, en muchas ocasiones, implicó la contratación de la empresa aún cuando la Cámara Alta “no llevó a cabo ninguna investigación de mercado para acreditar que la empresa 3W Educación […] representaba las mejores condiciones para la Cámara de Senadores”.
En éste caso, la ASF también detectó incumplimientos de contrato por parte de 3W Educación, que tuvieron lugar gracias a la “falta de supervisión por parte de la Cámara de Senadores”, en apego a lo que consta en las auditorías de cumplimiento financiero 2017-0-01200-15-0002-2018 2-GB y 2018-0-01200-15-0007-DN-2018 DN18007.
A reserva de que algunas de las presuntas irregularidades mencionadas pudieron haber sido resueltas a favor de las empresas referidas en los últimos años, los cinco proveedores ejemplifican los problemas de control presupuestario en la Segob durante el sexenio pasado, que asimismo involucran a más compañías.
CONTRATOS Y GASTO OCIOSO
Faltaban dos días para que Miguel Ángel Osorio Chong se convirtiera en Secretario de Gobernación. El 29 de noviembre de 2012, el político priista oriundo de Hidalgo aseguró que habría “grandes cambios en las acciones y en los programas” de gobierno, a lo que sucedió, el 2 de enero de 2013, la desaparición de la Secretaría de Seguridad Pública y la incorporación de sus responsabilidades y facultades a la Segob.
La llamada “supersecretaría” del sexenio peñanietista se vio fortalecida y su presupuesto alcanzó niveles nunca antes vistos hasta ese momento.
Aunque el dinero fluyó, los grandes cambios anunciados por Miguel Ángel Osorio Chong no detuvieron la serie de inconsistencias que hoy ponen al exsecretario bajo la lupa del Gobierno federal, que lo ha investigado por un presunto daño patrimonial cercano a los 3 mil millones de pesos, derivado de asignaciones “fuera de presupuesto” para campañas de publicidad relacionadas con varias dependencias gubernamentales.
“Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de 2 mil 764 millones 83 mil 717 pesos […] por autorizar a nueve dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, sus Estrategias y Programas Anuales de Comunicación Social y de Promoción y Publicidad, sin que éstos entes públicos contaran con recursos presupuestarios aprobados por la Cámara de Diputados”, se lee en la auditoría forense 2017-0-04100-12-1697-20181697-GB de la ASF.
De acuerdo con la información del portal de compras gubernamentales CompraNet, durante el sexenio pasado el cuarto gasto más importante de la Segob por contrato fue aquél relacionado con actividades de difusión y propaganda. En éste rubro, la dependencia federal invirtió 1 mil 146 millones 200 mil 49.87 pesos, a través de 446 contratos públicos.
Sin embargo, los tres gastos más fuertes del periodo fueron para cubrir servicios especializados y técnicos (4.3 mil mdp), bienes y servicios para oficina y para la provisión de atención institucional (2.8 mil mdp), además de los gastos en vales de despensa (1.7 mil mdp). En total, dichos rubros sumaron una inversión de 8 mil 816 millones 490 mil 813.60 pesos, o bien, el equivalente al 78.8 por ciento del gasto contractual en 2013-2018.
Además están los dispendios registrados en la supersecretaría de Osorio Chong.
El gasto más ocioso sumó 15 millones 830 mil 979.58 pesos corrientes en actividades físicas y de mantenimiento en el Centro Cultural y Deportivo Segob, agendas y calendarios hechos a la medida, banderas, juguetes, medallas conmemorativas de oro, películas en formato DVD, pines institucionales y representaciones teatrales.
Una cantidad de dinero que, convertida a pesos constantes de 2020 (19 millones 123 mil 701.92 pesos) equivale a, por ejemplo, el presupuesto para éste año de los programas de la Segob para la “Atención a refugiados en el país” (20 millones de pesos), “Protección y defensa de los derechos humanos” (20 millones de pesos), “Impulso al Desarrollo Democrático de México” (17 millones 356 mil 149) y/o para la “Conducción de la política del Gobierno Federal en materia religiosa” (19 millones 114 mil 421 pesos), de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020.
Aparte de dichos gastos hubo comilonas. Por ejemplo, en 2014, la Segob le pagó 110 mil 502 pesos al Restaurante Enrique para dar de comer a los asistentes de un evento oficial. Un año después el banquete fue repetido, sólo que en aquella ocasión, la Secretaría pagó 149 mil 132.46 pesos al Restaurante Arroyo para alimentar a funcionarios públicos.
El dispendio y los contratos discrecionales (por adjudicación directa) no fueron los únicos problemas de la Segob en tiempos de Miguel Ángel Osorio Chong. También hubo falta de cumplimiento de la tercera parte de los indicadores que miden el avance de los objetivos del Programa Sectorial de Gobernación (PSG) 2013-2018.
Dicho Programa “establece de manera clara, realista y medible, los objetivos y estrategias que conforman las políticas públicas del Gobierno de la República en materia de gobernabilidad democrática, seguridad y justicia, derechos humanos, población, migración y protección civil” (sic), se lee en el decreto de aprobación del PSG 2013-2018.
De acuerdo con los resultados estadísticos del Sexto Informe de Gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, la administración pasada cumplió el 64.7 por ciento de los 17 indicadores del PSG, siendo la Segob la encargada de dar “seguimiento a la implementación de las acciones y al cumplimiento de los objetivos establecidos en el Programa”, según lo establecido en el Artículo Cuarto del decreto del PSG, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de diciembre de 2013.
En el apartado “El desempeño de Segob 2012-2013” de la siguiente tabla, usted puede consultar el nivel de cumplimiento de los 17 indicadores de los cinco principales objetivos del PSG. Efrén Flores | SIN EMBARGO
