Interjet acumula 550 millones sin pagar al SAT a 2017, pero dice que no paga por NAIM


Interjet fue sancionada, intervenida y embargada por tener supuestos adeudos fiscales superiores a 549 millones de pesos

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Agosto 22, 2019 03:00 hrs.
Empresas Nacional › México Ciudad de México
Efrén Flores / SIN EMBARGO › Emmanuel Ameth Noticias

Interjet fue señalada por no pagarle al Servicio de Administración Tributaria (SAT) 549.3 millones de pesos en adeudos fiscales, en un momento en que la aerolínea estaba en ’quiebra técnica’ por la mala situación económica del país y factores como la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), alegó la empresa en la demanda de juicio de amparo indirecto (registro número 016612/2019) que frenó el embargo de la compañía.

La empresa de Miguel Alemán Magnani –nieto del ex Presidente Miguel Alemán Valdés e hijo de Miguel Alemán Velasco, ex Gobernador de Veracruz– fue intervenida por las autoridades fiscales el 27 de junio de este año, y el 7 de agosto, un mes y 10 días más tarde, el SAT embargó a Interjet. Pero el 12 de agosto de 2019, la aerolínea obtuvo una suspensión definitiva en contra del embargo y de los adeudos fiscales correspondientes a los años 2013, 2014, 2015 y 2017.

Aunque en la actualidad existe un proceso legal para determinar la validez de los adeudos reconocidos por el SAT, la aerolínea aseguró que nunca fue embargada –porque detuvieron el proceso con un juicio de amparo– y que ’desconoce’ la validez y el monto de la deuda que le fue achacada.

En la demanda de amparo, turnada el 10 de junio de 2019 al Juzgado Décimo Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Interjet aseguró haberse encontrado en ’total estado de indefensión’ por las medidas empleadas en su contra, por parte de las autoridades fiscales.

Como parte de la justificación para exigir que ’las cosas’ se mantuvieran en el estado que guardaban ’hasta antes de la notificación del acto [o el adeudo] impugnado’, la compañía manifestó que su situación financiera se complicó ’significativamente’ durante 2013-2019, lo que generó ’importantes niveles’ de ’endeudamiento’ y ’apalancamiento’ de Interjet, ’para continuar compitiendo en un entorno en el que […] el acceso al financiamiento ha sido por demás escaso’.

Además de las “pérdidas acumuladas” de Interjet entre 2013 y 2018, hubo factores que impactaron “negativamente” al sector aeronáutico, mismos que aumentaron la presión sobre sus accionistas y por ende, sus esfuerzos para mantener a la empresa en operación y saldar las deudas de la compañía, dice el documento en poder de SinEmbargo.

Entre dichos factores estuvieron la cancelación del NAIM, las políticas restrictivas en materia de migración del Presidente de Estados Unidos Donald Trump, la caída de los precios internacionales del petróleo y las bajas perspectivas de crecimiento económico para México que, entre otras cuestiones, inhibieron “la inversión y la realización de viajes”.

Por éstas y otras razones, Interjet argumentó que los actos del SAT –incluidos los mandamientos de ejecución por 549.3 millones de pesos en adeudos fiscales– fueron “violatorios de los derechos humanos de la quejosa”, de acuerdo con los artículos 1,5, 8, 13, 14, 16, 25, 27, 28, 31 fracción IV, 39, 40, 41 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

LAS “VIOLACIONES” DEL SAT

La demanda de juicio de amparo indirecto (registro número 016612/2019) de Interjet refiere siete principales motivos de violación a los derechos humanos de la empresa.

El primero está relacionado con “las diversas presiones” ejercidas por la depositaria e interventora del SAT con cargo a la caja, Serafina América González Avalos, quien revisó la información financiera de Interjet y que, asimismo, determinó que la empresa cubriera 30 millones 837 mil 672 pesos para cubrir parte del supuesto adeudo fiscal, sin considerar que dicha cantidad podría haber sido utilizada para “otros fines”, cuando la empresa estaba técnicamente en quiebra.

González, en su calidad de “interventor” fiscal, fue designada para inspeccionar y valorar los fondos y bienes de Interjet con las “mismas facultades que tiene el administrador de la empresa”.

Con el argumento de que la interventora no conocía las necesidades de Interjet, la aerolínea argumentó que el libre nombramiento y remoción de interventores, que actúan “a su libre albedrío” y “por capricho”, genera riesgos para el capital de la empresa e incertidumbre jurídica sobre las decisiones que afectan a la compañía.

Otras de las violaciones estuvieron relacionadas con el pago provisional para cubrir los adeudos y la determinación de embargo por parte de las autoridades fiscales.

Para resarcir la deuda, el SAT impuso retirar el 10 por ciento de los ingresos diarios de Interjet. Debido a que la dependencia federal determinó el monto máximo establecido en el Código Fiscal de la Federación sin justificar las razones, la empresa de Alemán Magnani aseveró que se trató de un acto “arbitrario” que no consideró las necesidades de Interjet para mantenerse competitiva.

Asimismo, la compañía rechazó el embargo de sus bienes y cuentas bancarias, ya que además de no estar bien fundada, el acto privativo no precisaba “las medidas que se van a tomar para el cobro de los créditos fiscales y sus accesorios legales”, dejando a la compañía “en un estado de incertidumbre jurídica” por no saber “el procedimiento conforme al cual los responsables determinaron las sumas que arrojan los mandamientos de ejecución reclamados”.

Interjet también aseguró que las autoridades violaron su garantía de audiencia, ya que no les notificaron con suficiente antelación sobre los hechos, por lo que “simplemente [el SAT] se limitó a señalar el monto adeudado y proceder al embargo de la negociación”.

No obstante, las resoluciones de adeudo de la dependencia federal, según los registros del SAT, datan de junio de 2018, además de que los procesos de privación fueron advertidos meses antes del ejercicio de medidas de restitución de créditos fiscales.

La compañía consideró que sus derechos humanos asimismo fueron violentados, ya que las autoridades le solicitaron información confidencial sin que aclararan la causa de la petición; porque el embargo lesionó su imagen comercial y su prestigio ante el público consumidor; y debido a que las autoridades se negaron a aceptar, como garantía de interés fiscal, el predio denominado “San Lorenzo o Puerto Balandro”, ubicado en La Paz, Baja California Sur, con un valor de 999 millones 193 mil 170 pesos.

COMPRAS PESE A LA QUIEBRA

El 17 de julio, 10 días antes de la primera intervención del SAT, Grupo Alemán –propietaria de Interjet– anunció la adquisición de las acciones de Grupo Televisa en Radiópolis, con lo que se hizo del 50 por ciento de participación en la radiodifusora.

Lo anterior sucedió en un contexto en que una de las más importantes marcas (Interjet) de Grupo Alemán atravesaba por una quiebra técnica financiera, impulsada por las pérdidas acumuladas que registró entre 2013 y 2018, además del difícil entorno económico a nivel nacional e internacional que afectaron su balance económico.

La transacción del grupo fue realizada a través del Corporativo Coral, una empresa de la familia Alemán en alianza con el grupo multimedios Gato Grande Productions.

Con dicha compra, valuada en casi 1.3 mil millones de pesos, Miguel Alemán Magnani se convirtió en socio del consorcio internacional de medios Grupo Prisa, con presencia en 22 naciones.

“La venta de la participación accionaria de Televisa en Radiopolis es parte de los planes previamente anunciados por la compañía para deshacerse de ciertas operaciones no estratégicas a efectos de concentrar sus recursos en sus activos de contenido y distribución”, destacó Grupo Alemán por medio de un comunicado de prensa.

De esa forma, Alemán Magnani se volvió propietario de las 17 estaciones de radio, entre las que se cuentan La Ke Buena 92.9 FM, Ke Buena 940 AM, W Radio, W Deportes y Los 40 Principales, así como seis emisoras en la Ciudad de México y una cadena de alcance nacional, entre otros.

Dos semanas después de la compra de las acciones de Televisa en Radiópolis, se supo que Interjet, además de una crisis económica, atravesaba por una crisis en sus operaciones por el retraso y la cancelación de vuelos, ocurridos entre el 29 y el 31 de julio de este año, que de acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) afectó a 21 mil 245 pasajeros.

“En total, fueron 155 vuelos y 21 mil 245 consumidores”, indicó en un comunicado la Profeco. Representantes de la Procuraduría y la Dirección General de Aeronáutica Civil de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como personal de la aerolínea se reunieron y acordaron compensar al 100 por ciento de las y los pasajeros afectados. Además, Interjet se comprometió a contratar a 63 pilotos y los sobrecargos que resulten necesarios “para garantizar la operación de sus vuelos”, indicó la dependencia federal.


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