El monto recaudado por concepto de multas a automovilistas por supuesto mal uso de los parquímetros se ha multiplicado, toda vez que lo cobrado durante el primer semestre de 2018 supera los montos anuales obtenidos durante los ejercicios 2016 y 2017, reveló la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Pachuca mediante la solicitud de transparencia foliada con el número 00488218.
Así, durante 2016 la recaudación anual ascendió a 1 millón 423 mil 429 en tanto que para 2017 las multas dieron al ayuntamiento capitalino un beneficio que alcanzó 1 millón 390 mil 518 pesos; esto es, que aunque el número de dispositivos y cajones de cobro por estacionamiento se ha incrementado, de manera natural los ciudadanos cometen en menor medida descuidos y faltas por medio de las cuales sean sujetos a una sanción.
Sin embargo, para 2018 los números por concepto de multas se dispararon. La razón, confiada a este reportero por un trabajador de la empresa, es porque se incrementaron los trabajadores de la empresa cuya función es la de “cazar” automovilistas.
La estafa solapada –o promocionada- por Yoli Tellería
El modus es sencillo pero efectivo. En lugar de custodiar calles completas, ahora se encargan de máximo dos cuadras para las cuales constantemente supervisan que los automóviles que acabar de estacionarse paguen de inmediato su parquímetro, por lo que si no cuentan con cambio en ese mismo momento o bien, ingresan a un comercio para tal efecto, proceden a poner el inmovilizador, mismo que llevan cargando en el hombro, pese a que este solamente puede ser puesto por un agente municipal, los cuales están en constante contacto para “auxiliar” a los trabajadores en llevar a cabo dicha actividad.
Dijo que aunque no les ha sido confirmado, se han percatado de que existen parquímetros cuyo mal funcionamiento “rota” durante el día, esto es, que en ciertas secciones cuando el automovilista se dispone a realizar su pago, el aparato se encuentra fuera de servicio. En esos casos le dan 5 minutos de tolerancia para realizar el mismo en un dispositivo cercano, monitoreando su aplicación telefónica; si el registro no se da proceden a colocar el inmovilizador y a llamar al oficial u oficiales asignados para esa zona.
Ambas partes colaboran mediante rondines para observar si alguien se ha estacionado invadiendo otro carril, para también multar automovilistas.
Relata que es igualmente efectivo monitorear a los automovilistas que depositan pagos menores a los 40 minutos, puesto que cuaquier retraso en sus actividades les da la posibilidad de ir a colocar el inmovilizador, para lo cual reciben una alerta de aquellos cuyo tiempo va a terminar para que ubiquen la unidad y en cuanto el contador llegue a cero, inmediatamente proceder, pues dicen que a algunos se les acaba el tiempo y depositan un par mde minutos después de acabado su primer folio. También reciben alertas para quienes exceden su tiempo máximo en un mismo lugar, pues aunque paguen otro boleto asegura que deben cambiarse de espacio.
Al personal de Moviparq que trabaja en la calle le han asignado un esquema de ingresos mediante el cual la mayor parte de los mismos son incentivos por multar, incluso de forma tabulada (pagos diferenciados que dependen del número de sanciones) por lo que son “obligados” a buscar la forma cómo infraccionar al automovilista. Cada “visor” tiene asignado un agente municipal, de tal suerte que aunque desconoce la forma exacta en la que reciben su incentivo, asegura que la motivación de los policías también es económica y por ello están dedicados a infraccionar más que a realizar otras funciones.
El negocio de los parquímetros, ahora de Yoli Tellería
Moviparq no es la única que se ha enriquecido a costa de kos automovilistas hidalguenses. Pese a contar con diversos mecanismos y jurisprudencias para echar atrás el contrato celebrado por la pasado administración, además de ser una de sus promesas de campaña, Yoli Tellería renegoció el contrato anterior obteniendo pingües beneficios a cambio de una mayor vigencia.
Y es que si bien en un principio apenas el 15% de los ingresos obtenidos eran destinados al ayuntamiento, escalando en una proporción de 5% cada año, para cuando se anunció que ahora era 40% lo que correspondería al ayuntamiento, el tabulador ya marcaba 35%, además de no corresponder en nada los ingresos reales con los reportados según la misma proyección de la empresa que por ello fijó una multa de casi 200 millones de pesos si se rescindía el contrato que ahora la presente administración avaló.
El de Moviparq es sigue siendo uno de los peores contratos de parquímetros del país pese a la renegociación de Tellería Beltrán e incluso, como revelan versiones periodísticas de la forma de operar de los dueños de dicha empresa, a la actual alcaldesa le correspondería una comisión del 10% del total recaudado.
