Ante la negativa por segunda ocasión de un Juez de Distrito a la solicitud de orden de aprehensión a contra los 31 científicos y académicos del Conacyt que fueron acusados de delitos como operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, la Fiscalía General de la República (FGR) anunció que volverá a solicitar una orden de aprehensión.
’Se volverá a solicitar la orden de aprehensión, explicando con toda claridad lo que se considera un hecho delictivo patrimonial imputable a dichas personas, así como las pruebas que lo acreditan’, ’La FGR intentará esta instancia y todos los recursos procedentes que tenga esta institución para la defensa de los intereses de la Federación’, informó la FGR esta noche.
La FGR argumentó que los investigadores del Conacyt investigados violaron la Ley de Ciencia y Tecnología y por la Ley Orgánica del propio Conacyt.
’El Juez de Distrito señala en su negativa que la empresa privada que crearon, autorizaron y fondearon servidores públicos del CONACYT, para después incorporarse a ella; y en la que ellos mismos utilizaron recursos federales destinados a la investigación científica para favorecer a dicha empresa privada en su compra de muebles, vehículos, inmuebles, salarios y servicios directos, no es un hecho delictivo, en razón de que el Foro de Consulta señalado en el estatuto del CONACYT, lo autoriza’, explicó la Fiscalía liderada por Alejandro Gertz Manero.
La dependencia criticó que se filtrara en los medios la solicitud que hizo para la detención de diversos exfuncionarios de Conacyt y consideró que el Juez que negó las órdenes de aprehensión debe aclarar cuál fue su posición jurídica en este caso.
La FGR argumentó que el Conacyt no puede convertirse en una empresa privada, que obtenga sus fondos, sus beneficios, recursos y salarios del presupuesto público destinado a la investigación científica.
El Juez de Distrito señala en su negativa que la empresa privada que crearon, autorizaron y fondearon servidores públicos del CONACYT, para después incorporarse a ella; y en la que ellos mismos utilizaron recursos federales destinados a la investigación científica para favorecer a dicha empresa privada en su compra de muebles, vehículos, inmuebles, salarios y servicios directos, no es un hecho delictivo, en razón de que el Foro de Consulta señalado en el estatuto del CONACYT, lo autoriza.
Para la FGR, ese criterio es inaceptable, pues un estatuto interno emitido ad-hoc por los propios funcionarios del Conacyt no puede ir en contra de lo señalado por la Ley de Ciencia y Tecnología y por la Ley Orgánica del propio Conacyt, que son obligatorias para ellos.
Según la fiscalía encabezada por Alejandro Gertz Manero, las regulaciones superiores no permiten que la institución de investigadores pueda convertirse en una empresa privada, cuyos recursos sean obtenidos de fondos públicos.Con información de SIN EMBARGO
